Un bufete de abogados, base de una red de falsificación de documentos

En total se han detenido a quince personas, incluido un notario, que habrían defraudado diez millones de euros

19 mayo 2017 23:17 | Actualizado a 22 mayo 2017 21:33
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La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de multitud de delitos a partir de falsificaciones documentales y cuya base de operaciones estaba en un bufete de abogados de Reus.

En total se han detenido 15 personas, de las que tres formaban parte de un equipo especializado en falsificar cartas de identidad portuguesas, certificados de residentes de la Unión Europea y tarjetas NIE de extranjeros residentes. Los detenidos operaban en diferentes localidades de Catalunya. El resto de arrestados son presuntos autores de diversos delitos. Entre ellos se encuentra un notario que habría autorizado la mayoría de las escrituras públicas realizadas con la identidad falsa investigada. En total se estima que la organización habría defraudado unos 10 millones de euros.

La trama utilizaba cartas de identidad portuguesas y otros documentos falsos para la comisión de diversos delitos, entre los que se encuentran alzamientos de bienes, fraudes a organismos públicos, y estafas a entidades privadas, mediante la adquisición o administración de empresas utilizando un testaferro con identidad falsa, en escrituras públicas ante notario.

En la primera fase de la operación, que fue la que culminó con la detención de 12 de las quince personas arrestadas finalmente, los agentes de la policía realizaron también dos registros domiciliarios en las localidades de Lleida y Tarragona en los que se intervinieron varias tarjetas de residencia falsas, un certificado de registro de la unión falso, números de varias cuentas bancarias, un ordenador portátil, varias tarjetas de memoria y varios pendrives. También se desmanteló el laboratorio donde confeccionaban las falsificaciones.

 

Desde el 2013

La investigación, llevada a cabo por agentes pertenecientes a la UCRIF de las Comisarías Provinciales de Tarragona y Málaga, comenzó en agosto de 2013 después de interceptar una carta de identidad portuguesa y un certificado de registro de ciudadano de la unión que resultaron ser falsos. A partir de ahí se inició una investigación que llevó a los agentes a identificar al portador de la documentación falsa y detectar seis empresas con el mismo administrador y procedimiento de creación similar al investigado en primer lugar.

La forma de actuar de esta trama se basaba en una empresa con problemas de liquidez, normalmente de la rama de la construcción o inmobiliarias, con beneficios en el inicio de su actividad. Cuando los ingresos se veían reducidos por diversos motivos, solucionaban sus problemas evadiendo los impuestos y cotizaciones y aumentando las deudas con sus proveedores.

Una vez en este punto decidían vender la empresa, y para ello utilizaban a un brasileño con identidad falsa portuguesa, que se convertía en testaferro de las sociedades.

Transferidas las mercantiles al testaferro, éste autorizaba a los verdaderos administradores mediante poderes de gestión o de pleitos para que continuaran administrando la empresa y pudieran gestionar la venta de los bienes muebles o inmuebles. En junio de 2014 se inició la segunda fase de la operación que ha concluido con la desarticulación total del entramado.

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