Cinco kilos de marisco ‘premium’ incautados y un restaurante en el punto de mira en Tarragona

La Guardia Civil de Tarragona ha intervenido en Les Cases d’Alcanar un total de 150 ejemplares de dátil de mar (Lithophaga lithophaga) y 200 caixetes de mar (Pinna nobilis), con un peso conjunto de 5 kilos, en el marco de una operación contra la extracción y comercialización ilegal de especies marinas protegidas. Dos personas están siendo investigadas por supuestos delitos contra la fauna y contra la salud pública.

Los hechos comenzaron cuando efectivos del Seprona realizaban un servicio rutinario de inspección y observaron a un hombre que accedía a un vehículo con varias bolsas de plástico. Los agentes, ante la sospecha de que pudiera tratarse de marisco obtenido de forma irregular, le solicitaron que mostrara su contenido. Efectivamente, las bolsas albergaban dátiles de mar y caixetes, especies cuya extracción y comercialización está prohibida.

La investigación llevó a un restaurante

Sin papeles ni trazabilidad, los ejemplares fueron decomisados y los agentes continuaron las pesquisas para averiguar el posible destino final del marisco. Las investigaciones condujeron hasta un restaurante en Les Casas d'Alcanar, donde localizaron más caixetes de mar que, igualmente, carecían de documentación sobre su procedencia.

Ambas especies están protegidas tanto por la legislación europea como por la española, debido al grave impacto ambiental de su captura. En el caso de los dátiles de mar, su extracción implica romper roca caliza del litoral, lo que destruye hábitats marinos y conlleva multas elevadas o incluso responsabilidad penal. Por su parte, las caixetes de mar se encuentran en peligro crítico de extinción, lo que ha llevado a prohibir totalmente su pesca.

Además, la tenencia, comercio o transporte de especies protegidas sin autorización constituye una infracción grave de la normativa de conservación de la fauna silvestre. La Guardia Civil ha recordado que el alto valor culinario de estas especies no justifica el daño ambiental que su explotación provoca ni los riesgos sanitarios que puede suponer su consumo sin controles. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.