Batalla judicial
Las demandas millonarias contra Netflix de las dos internas mediáticas de la cárcel de Tarragona
Mari Ángeles Molina, Angie, reclama un millón de euros a la plataforma si quiere emitir la serie que habla del crimen por la que está encarcelada en Mas d'Enric. Rosa Peral, por su parte, pide 30 millones por vulnerar los derechos al honor, la imagen y la intimidad tanto suyos como de su hija en El cuerpo en llamas.
A la izquierda, Rosa Peral, condenada por el Crimen de la Guàrdia Urbana de Barcelona. A la derecha, Mari Àngeles Molina, condenada por el 'Crimen perfecto'
Mari Ángeles Molina, más conocida como Angie, ha formalizado una demanda contra Netflix para impedir definitivamente la emisión de Angie: Crimen y mentira, una docuserie de dos capítulos basada en el crimen por el que fue condenada a 18 años de prisión. Angie está cumpliendo la condena en el módulo de mujeres de la cárcel de Tarragona, el Centro Penitenciario de Mas d'Enric (El Catllar).
La producción, que debía estrenarse el pasado 1 de mayo, fue suspendida de forma cautelar por orden de un juzgado de primera instancia de Tarragona, tras la petición de la propia interna.
La interna alega que la serie vulnera su derecho al honor y a la intimidad, al incluir imágenes personales anteriores al crimen —como su luna de miel con su primer marido— sin su consentimiento. En su demanda, Molina advierte de que, si finalmente la serie se emite, exigirá una indemnización de un millón de euros a la plataforma.
'El Cuerpo en llamas'
La plataforma televisiva sí emitió una serie de ficción dedicada al Crimen de la Guàrdia Urbana de Barcelona, donde una de las condenadas, Rosa Peral, también comparte módulo con Angie en la cárcel tarraconense.
En el caso de la serie de Netflix que habla del crimen de Rosa Peral, sí se estrenó y tuvo su gran impacto mediático, con la participación de los actores Quim Gutiérrez y Úrsula Corberó.
Peral no puso trabas a la serie, pero sí que una vez emitida ha reclamado a la plataforma. En su caso, la interna reclama casi 30 millones de euros a Netflix y Arcadia. Peral considera que le han vulnerado los derechos de honor a ella y a suy hija y ha calculado la indemnización en función de las horas de emisión.
Volviendo al caso de Angie, la docuserie reconstruye uno de los crímenes más mediáticos de la España reciente: el asesinato de Ana María Páez, cometido en febrero de 2008 en un apartamento turístico de Barcelona. Molina, antigua compañera de trabajo de la víctima, suplantó su identidad con una peluca y un DNI falsificado para firmar préstamos y seguros de vida por valor de casi un millón de euros. Una vez cumplido su plan, asfixió a Páez con una bolsa de plástico y simuló un crimen sexual: pagó a dos hombres para que eyacularan en un recipiente e introdujo el semen en el cuerpo sin vida de su víctima, con el fin de despistar a los investigadores. Fue condenada en 2013 por homicidio con agravante de lucro.
Otro presunto intento de asesinato
El caso volvió a la actualidad este año, cuando los Mossos d’Esquadra detuvieron a Molina durante un permiso penitenciario, acusada de planear un nuevo asesinato desde prisión. Según fuentes próximas a la investigación, habría intentado contratar a dos sicarios. El caso se encuentra bajo secreto de sumario.
La asociación Laxshmi, dedicada a la lucha contra el crimen y dirigida por el criminólogo Félix Ríos, ha solicitado personarse como acusación popular en esta nueva causa.
Esta organización también fue clave en la reapertura de otro episodio del pasado de Angie: la misteriosa muerte de su primer marido, el empresario Juan Antonio Álvarez Litben, fallecido en Canarias en 1996. Molina fue investigada entonces, aunque el caso se archivó por falta de pruebas. La docuserie incluye referencias a esta muerte y muestra imágenes de la pareja, que la interna considera parte de su "esfera íntima".
La Justicia decidirá
La suspensión cautelar de la emisión, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Tarragona, sigue en vigor. El tribunal debe resolver ahora si autoriza finalmente la difusión del documental o si da la razón a Molina, que solicita la prohibición total de la emisión y la retirada de cualquier imagen relacionada con su vida privada previa al crimen.
La polémica ha reabierto el debate sobre los límites del derecho a la información y a la libertad de expresión frente al derecho a la intimidad, especialmente cuando los protagonistas son personas condenadas por delitos de gran impacto mediático.
Netflix, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas sobre la demanda, aunque fuentes del sector indican que la plataforma mantiene la serie en espera de la resolución judicial definitiva.