Tribunales
El Tribunal Supremo condena a 16 detenidos en una operación en la que se decomisó un narcosubmarino
El dispositivo, iniciado en Tarragona, permitió rastrear la droga, procedente de Colombia, desde su entrada camuflada en sustrato de coco hasta su proceso para la venta
Durante la operación se incautó lo que se denominó un narcosubmarino.
La Audiencia Nacional condenó el año pasado a 18 de los detenidos en una operación policial antidrogas y absolvió a otros cuatro. En enero de este año, el Tribunal Supremo ha absuelto a dos de los condenados. La operación se inició en 2019 en Tarragona al tenerse sospechas de que grupo de personas se dedicaba al tráfico de estupefacientes. Las sospechas se ampliaron cuando se tuvieron noticias de que el grupo podría recibir próximamente una cantidad importante de sustancias químicas para la elaboración y fabricación de cocaína y su posterior distribución.
La denominada Operación Ferro erminó con la detención de 52 personas, de las que 30 ingresaron en prisión. Durante la operación se incautó un ‘narcosubmarino’, el primer buque semisumergible construido por las mafias del narcotráfico en el continente europeo, y que fue hallado en la ciudad de Málaga. En España se intervinieron 400 kilos de cocaína y otros 2.900 en Colombia.
En septiembre de 2019, la Policía Nacional inició una investigación sobre un grupo de personas que se sospechaba que se dedicaban al tráfico de estupefacientes.
Unas sospechas basadas esencialmente a partir de tener noticias de que se podría recibir en un tiempo breve una cantidad importante de sustancias químicas (precursores), que tendrían como finalidad la elaboración y fabricación de cocaína y su posterior distribución.
Una ferretería de Tarragona
El dia 21 de mayo de 2020, una ferretería de Tarragona recibió un cargamento de sustancias químicas, parte de las cuales se introdujeron en una furgoneta hasta una nave de la calle Lliçà de Munt. Allí estaba preparado un laboratorio para la extracción de la cocaína.
El 9 de junio hubo una reunión en un bar de Campclar para organizar y diseñar la operación de tráfico de estupefacientes. El 1 de julio hubo otra reunión en Totana (Murcia) entre varios condenados para introducir la cocaína camuflada en sustrato de coco desde Colombia por mar, vía Rotterdam o Bélgica, con destino Londres.
El 16 de julio se volvió a descargar sustrato de coco en la nave de Lliçà de Munt. En la misma, entre el 17 y el 19 del mismo mes se descargaron materiales químicos. El día 22 llegaron sacos de sustrato de coco en otra nave de Manresa. Una vez separada la cocaína, esta fue llevada a una nave de Sant Vicenç de Castellet.
Varios inmuebles
La organización criminal disponía de varios inmuebles para la recepción, almacenamiento de sustancias precursoras y de corte con las que se extraía la sustancia estupefaciente, así como para almacenar sustrato de coco impregnado de cocaína y guardar dicha droga.
En la nave de Sant Vicenç de Castellet fueron halladas 54 tabletas de color marrón, que resultó ser cocaína de gran pureza (70,2%) y cuyo precio en el mercado habría sido 1,93 millones de euros.
También 2.115 sacos de sustrato de fibra de coco de 20 kilos –impregnados de cocaína– , dos garrafas de gasolina –habitual disolvente de la cocaína en el proceso de extracción de la misma–, tres coladores, 11 cuencos, 4 jarras, etc.
En la nave de Lliçà de Munt había decenas de garrafas de acetato etilo, acetona, acido clorhídrico, ácido sulfúrico, sosa cáustica, entre otros productos químicos. En una nave anexa fueron halladas 1.154 plantas de marihuana, valoradas en 262.033 euros.
En la nave de Totana fue hallada una narcolancha, tasada en 400.000 euros. En otra nave del mismo municipio se incautaron seis toneladas de productos químicos.
La sentencia de casación
La Audiencia Nacional condenó a 18 personas (absolvió a cuatro personas). A todas ellas se les imputó un delito de tráfico de drogas, con penas que oscilaban entre 13 y 3 años de prisión así como multas que van de los 14 millones a los 300.000 euros.
A seis de ellos también se les condenó por un delito de contrabando (entre uno y dos años de cárcel y multa de 400.000 euros). Y cuatro también por blanqueo de capitales (tres años y medio de prisión y multa entre 190.000 y 30.000 euros).
Quince de los acusados presentaron recursos de apelación ante la misma Audiencia Nacional, que los rechazó. Ocho de ellos presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ha absuelto a dos de ellos del delito contra la salud pública.