Vecinos de dos bloques de Tarragona, a punto de perder un millón en ayudas europeas

El bloque Dalia, ubicado en La Floresta, es uno de esos edificios de protección oficial de obra vista que abundan en la zona. Construido entre 1968 y 1969, hoy todos sus balcones están recubiertos con una malla verde porque las cornisas se caían a pedazos y la Guàrdia Urbana instó a colocar una protección. La mayoría de las ventanas son originales, lo que, junto al grosor de las paredes, hace que durante el invierno apriete el frío y en verano asfixie el calor.

Este bloque, junto a otro de las mismas dimensiones que está solo unos pasos más allá, el Castaño (aquí, en La Floresta, todo lleva nombre de flores y plantas), ha soñado durante casi tres años con una restauración que mejore las condiciones de vida de los vecinos. Han visto la posibilidad muy cerca porque, después de una secuencia interminable de trámites y papeleo, la Agencia Catalana de l’Habitatge les anunció en junio de 2023 que serían beneficiarios de un poco más de un millón de euros en ayudas del programa de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP).

El programa está impulsado con los fondos europeos Next Generation, y estas ayudas forman parte de la bolsa de 8.179.512 euros con la que contaba la ciudad de Tarragona. Las seis zonas residenciales consideradas como prioritarias fueron el Eixample, Barris Marítims, Torreforta/Campclar, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador y Bonavista.

140 euros al mes

Toni Peco, secretario de la junta del bloque Castaño y uno de los principales promotores de la idea entre los vecinos, explica que el presupuesto de los trabajos es de unos 800.000 euros por bloque, de los cuales 513.000 se cubre con las subvenciones. El problema son los casi 300.000 euros restantes, la parte que corresponde pagar a los vecinos.

Para poder hacer frente, cada piso (hay 24 por bloque) debería abonar unos 90 euros al mes durante 10 años. Esto, sumado a los 50 euros mensuales del recibo habitual de la comunidad, se traduce en unos 140 euros al mes que casi nadie puede asumir.

Juan, que lleva unos 30 años viviendo en el bloque Castaño, comienza a sacar cuentas, piso por piso, hasta explicar que, de las 24 viviendas, en 13 quienes viven son viudas o jubilados como él. «Es complicado, mucha gente no puede afrontar esa cantidad de dinero. Son personas con una pensión pequeña, algunas al final de la vida, que ni siquiera lo vamos a ver terminado», lamenta.

Peco explica que han hecho todos los ajustes posibles para realizar solo las obras indispensables y, al mismo tiempo, seguir cumpliendo los requisitos para mantener la ayuda. También han explorado todas las opciones posibles de financiación hasta dar con una caja de ahorros que les ofrecía las condiciones más ventajosas. No obstante, sin algún tipo de ayuda, «perderemos ese millón de euros; los Next Generation están muy bien, pero solos no podemos».

Con el tiempo en contra

El tiempo se agota, porque las obras deberían estar terminadas a mediados del año que viene, y a la constructora que haría los trabajos le preocupa no poder cumplir los plazos si no se comienza en breve.

Cuando se les pregunta si, al principio del proceso, los vecinos no se dieron cuenta de que no podrían asumir su parte, Peco reconoce que «pensamos que habría más ayudas». De hecho, su esperanza es que el Ayuntamiento de Tarragona les ayude de alguna manera. En este punto, recuerdan el caso del Ayuntamiento de Reus, que ha optado a las mismas ayudas para el barrio Fortuny y asumen parte de los gastos.

Consultadas al respecto, fuentes municipales de Tarragona señalan que «se está trabajando desde el Ayuntamiento para tratar de encontrar una solución a la problemática».

José Martín Carrasco, responsable de urbanismo de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), explica que desde que se supo de la existencia de estas ayudas, su posición ha sido priorizar las zonas con mayor vulnerabilidad. Ya advertían, no obstante, que no bastaría con la llegada del programa ERRP a los barrios si no se contaba con otras ayudas. Su propuesta era que fuera el Ayuntamiento quien decidiera cuáles eran las comunidades más vulnerables y se hiciera responsable subsidiario. «Si a usted le resulta difícil llegar a fin de mes, ¿qué va a priorizar: la comida