Los únicos 8 ayuntamientos de Tarragona que han hecho los deberes contra el amianto

La cuenta atrás para eliminar el amianto sigue en marcha, pero Tarragona aún no despega. A estas alturas, cuando la ley ya no deja margen de duda, más de la mitad de los ayuntamientos de la provincia siguen sin enviar el censo obligatorio sobre la presencia de este material cancerígeno.

La radiografía es clara: de los 184 municipios, solo 51 (27,7%) han cumplido, total o parcialmente, con la obligación de informar sobre el amianto en su territorio. Entre los que sí han dado el paso, la mayoría –27 municipios– se han limitado a los elementos públicos, mientras que solo 24 han incluido también los privados, que suponen la parte más extensa y compleja del problema. Y apenas ocho municipios disponen de un calendario de retirada aprobado: Ascó, Cambrils, Gandesa, Horta de Sant Joan, Els Pallaresos, Tarragona y Vila-seca.

"Estamos en torno a un 30% de municipios que han remitido su censo, la mayoría centrados solo en edificios públicos", explica el responsable del Programa per a l’Erradicació de l’Amiant de la Generalitat, Francesc Bonnin. "Hay ayuntamientos que han podido validar la información del cartográfico, pero otros no han avanzado por falta de medios", añade.

Lentitud y legislación en el aire

La ley obliga a todos los consistorios a elaborar un censo detallado de edificios e instalaciones con amianto y a definir un plan de eliminación progresiva. Pero casi tres años después, buena parte de los municipios tarraconenses siguen en punto muerto.

Desde la Generalitat se intenta empujar. "Hace poco organizamos un curso en la Escola d’Administració Pública para técnicos municipales, priorizando a los ayuntamientos que aún no habían iniciado el censo, con el objetivo de capacitarlos", detalla la Generalitat. En algunos casos, los responsables locales son arquitectos recién incorporados que heredan el tema sin experiencia ni recursos.

El Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant, aprobado en 2023, marca la hoja de ruta catalana. Pero su desarrollo legal definitivo –la futura ley del amianto– todavía está en trámite. "El anterior Govern aprobó el proyecto de ley justo antes de las elecciones. El actual lo ha remitido al Parlament sin tocar una coma, precisamente para no retrasarlo", explica Bonnin. La previsión es que se apruebe entre finales de este año y principios del próximo.

El mapa irá completándose

Mientras, el programa sigue adelante con proyectos como el mapa de cubiertas con fibrocemento, ya completado para todo el territorio. "Próximamente, cruzaremos los datos con instalaciones agropecuarias para tener una radiografía más completa", apuntan desde el Govern. Las cifras actuales dibujan un escenario que dice que en toda Catalunya hay alrededor de un millón de toneladas de amianto localizado.

En cuanto a los plazos europeos –2028 para edificios públicos y 2032 para el resto–, Bonnin matiza: "Son recomendaciones de la Unión Europea, no de obligado cumplimiento. La única obligación real es tener el censo y un calendario de retirada". Aun así, insiste en que la prioridad será retirar primero los elementos más peligrosos, especialmente los próximos a escuelas o zonas habitadas.

Sanciones, residuos y apoyo

La futura ley catalana incluirá nuevos instrumentos para que los ayuntamientos puedan actuar cuando un particular tenga una cubierta de uralita deteriorada y no la retire. También se prevé aumentar las sanciones por retiradas inseguras y ampliar la red de puntos verdes habilitados para recibir residuos domésticos con amianto, aún escasa en el Camp y las Terres de l’Ebre.

En cuanto a la eliminación de residuos, fuentes departamentales descartan un colapso: "El depósito de Castellolí tiene margen para bastantes años; no hay riesgo inmediato de saturación". Además, la Generalitat trabaja con la Universitat Politècnica de Catalunya en métodos para inertizar el amianto y reducir la dependencia de los vertederos.

El programa también sigue de cerca el fondo estatal de compensación a las víctimas, operativo para quienes cuentan con sentencia judicial. "Falta definir el procedimiento para los casos sin sentencia y unificar criterios médicos y administrativos entre comunidades", señalan desde la Generalitat.

El balance, pues, es mixto: hay avances técnicos y voluntad política, pero el ritmo local no acompaña. "Los ayuntamientos necesitan apoyo y herramientas para cumplir con su obligación", resume Bonnin. El reloj legal –y ambiental– sigue corriendo.