Más de 450 millonarios invierten en Tarragona y logran la residencia por la 'golden visa'

El aumento de compradores extranjeros en la provincia de Tarragona se produce en paralelo a la fase final de las llamadas golden visa, los permisos de residencia vinculados a inversiones de elevado importe. Un mecanismo que, aunque está en retirada, ha contribuido durante más de una década a canalizar capital internacional hacia el mercado inmobiliario, especialmente en zonas costeras.

En la provincia hay actualmente 459 personas con una golden visa activa. Desde la puesta en marcha del programa en 2014 se han concedido un total de 834 permisos, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La mayoría de estas autorizaciones están asociadas a la adquisición de vivienda, un factor que ha reforzado el peso del comprador extranjero en determinados segmentos del mercado.

Este contexto coincide con un escenario de fuerte tensión sobre el acceso a la vivienda, marcado por el encarecimiento de los precios y la escasez de oferta disponible. En este marco, la Generalitat estudia aplicar limitaciones a determinadas operaciones inmobiliarias en zonas consideradas tensionadas, una propuesta que ha reabierto el debate sobre el papel de la inversión extranjera.

El director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Héctor Simón, analiza estas medidas con cautela. "Más allá de la dificultad de definir qué es exactamente una compra especulativa, la medida supone una limitación a la libre circulación de capitales", advierte. Y recuerda que cualquier restricción debe estar "justificada con datos objetivos, ser proporcionada y no discriminatoria".

Simón subraya que, hasta ahora, no existe una evidencia empírica sólida que vincule de forma directa la compra de vivienda por parte de extranjeros o inversores con el incremento generalizado de los precios: "El informe que valida esta medida no aporta datos suficientes que demuestren una relación causal clara", señala.

Además, alerta de posibles efectos secundarios no deseados: "Eliminar a parte de los compradores no garantiza que los precios bajen ni que las familias con menos recursos puedan acceder a esas viviendas; seguirán teniendo las mismas dificultades", apunta. A su juicio, una reducción abrupta de la demanda podría afectar también a la rehabilitación del parque existente y a la promoción de nueva vivienda, agravando el desequilibrio entre oferta y demanda.