Tarragona, Reus y Tortosa estrenan el nuevo modelo judicial que transforma la justicia en Catalunya

La reforma más profunda del sistema judicial en las últimas cuatro décadas se completa este 31 de diciembre en Catalunya con la entrada en vigor del nuevo modelo organizativo en los últimos 14 partidos judiciales, entre ellos los tres de la demarcación de Tarragona: Tarragona, Reus y Tortosa. Con esta tercera fase culmina el despliegue de la Ley orgánica 1/2025, de eficiencia del servicio público de justicia.

La incorporación de estos partidos judiciales supone un hito clave, ya que esta fase concentra el 71,8% de toda la actividad judicial de Catalunya. En el caso de la demarcación tarraconense, los partidos de Tarragona, Reus y Tortosa se encuentran entre los de mayor volumen y complejidad, y pasan a funcionar con el nuevo sistema de tribunales de instancia y servicios comunes.

El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica destaca que con esta fase se completa el calendario previsto por la Ley y se sientan las bases para que el nuevo modelo empiece a desplegar todo su potencial. El conseller Ramon Espadaler ha subrayado que “Catalunya cumple lo que había comprometido en los términos que marca la Ley” y que el proceso se ha llevado a cabo “de manera consensuada” con el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), los operadores jurídicos y las organizaciones sindicales.

La reforma se ha desarrollado en tres etapas a lo largo de 2025. En la primera, el 1 de julio, se incorporaron 33 partidos judiciales; en la segunda, el 1 de octubre, Badalona y l’Hospitalet de Llobregat; y en esta tercera fase se completa la planta judicial catalana con los 49 partidos existentes, incluidos los de Tarragona, Reus y Tortosa.

El nuevo modelo sustituye los juzgados tradicionales por tribunales de instancia, apoyados por servicios comunes generales, de tramitación y de ejecución. El objetivo es mejorar la distribución de la carga de trabajo, aumentar la especialización de los equipos y avanzar hacia una justicia más eficiente, con una reducción progresiva de los tiempos de respuesta.

Más de 5.000 funcionarios

En esta tercera fase, el cambio organizativo afecta a 5.430 funcionarios de apoyo y ha supuesto la creación de 150 nuevas plazas. La inversión prevista asciende a unos 6,5 millones de euros, que incluyen tanto las nuevas dotaciones como los ajustes retributivos derivados de la reorganización de puestos de trabajo.

Desde el Departament se remarca que la implantación del nuevo sistema se ha realizado sin detener la actividad judicial. De hecho, en los partidos judiciales que se incorporaron en las fases anteriores, los niveles de productividad ya igualan o superan los existentes antes de la reforma, tras un breve periodo inicial de adaptación.

La transformación también alcanza a la justicia de proximidad. Los antiguos juzgados de paz evolucionan hacia oficinas de justicia en los municipios, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía al servicio público de justicia desde cualquier punto del territorio. En paralelo, el Govern ha puesto en marcha el Plan de justicia de paz y de proximidad, que refuerza equipamientos, formación y herramientas tecnológicas.

Con la entrada en vigor del nuevo modelo en Tarragona, Reus y Tortosa, la demarcación tarraconense se sitúa plenamente dentro de la nueva arquitectura judicial catalana, en un proceso que el Govern califica de histórico y estructural y cuyos efectos, según Espadaler, “ya empiezan a notarse internamente, aunque el ciudadano los percibirá de forma progresiva”.