El Govern aportará cerca de 23 millones de euros más hasta 2029 para financiar la justicia gratuita

La Generalitat y el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) han formalizado este martes un acuerdo que prevé una aportación adicional de 5,7 millones de euros anuales durante cuatro años (2026-2029) —hasta alcanzar un total de 22,8 millones de euros— para reforzar de forma estructural el servicio de asistencia jurídica gratuita en Catalunya. Paralelamente, ambas partes han firmado el nuevo convenio del turno de oficio para 2026, que contará con una dotación global de 74,2 millones de euros.

El nuevo convenio contempla un incremento del 2,5% en todos los módulos de compensación, la creación de nuevos módulos retributivos y el refuerzo del servicio en varios partidos judiciales, entre ellos Figueres, Santa Coloma de Farners, Cervera, Balaguer y la Seu d’Urgell. El objetivo es mejorar la atención a la ciudadanía y reconocer mejor la carga real de trabajo de los profesionales del turno de oficio.

El acuerdo garantiza legalmente la financiación mediante la aprobación previa de un acuerdo de gasto plurianual del Govern, con la finalidad de recuperar progresivamente el 31% del poder adquisitivo perdido desde 2011 en las compensaciones económicas de la abogacía del turno de oficio. En el caso concreto de 2026, la aportación adicional de 5,7 millones de euros se canalizará mediante una addenda al convenio con el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).

Refuerzo territorial y nuevos servicios

El convenio de 2026 introduce medidas específicas adaptadas a la realidad de cada partido judicial. Entre las principales novedades figura la creación de un nuevo turno de guardia de extranjería en Figueres, con dos abogados diarios, y el refuerzo del turno penal en Santa Coloma de Farners. También se mejora la atención a las víctimas de violencia machista en Cervera y Balaguer y se adapta el sistema de guardias de detenidos en la Seu d’Urgell para ajustarlo a la actividad real del territorio.

Asimismo, el acuerdo incorpora nuevos módulos de compensación para actuaciones que hasta ahora no estaban reconocidas de forma específica, como la asistencia a la comparecencia judicial sobre prisión provisional, la doble condición de acusación y defensa en un mismo procedimiento, la reconvención en el ámbito civil y mercantil o la conciliación previa obligatoria en el ámbito laboral.

Digitalización, calidad del servicio y uso del catalán

El convenio refuerza también los mecanismos de calidad del servicio, impulsa la tramitación electrónica integral de los expedientes y mejora la coordinación entre administraciones y colegios profesionales. Además, se prevén sistemas de evaluación y encuestas a los usuarios para reducir tiempos de espera y mejorar la orientación jurídica.

En paralelo, el Govern destinará 700.000 euros en 2026 a fomentar el uso del catalán en la justicia gratuita, con programas específicos dirigidos a la abogacía del turno de oficio y a la procuraduría, mediante incentivos económicos por la presentación de escritos judiciales en catalán.

Durante el acto de firma, celebrado en el Palau de la Generalitat, el presidente Salvador Illa ha defendido que garantizar una “buena justicia” es esencial para un “buen estado del bienestar” y ha reivindicado la necesidad de asegurar “justicia para todos”. Por su parte, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha destacado que el acuerdo mejora las condiciones de igualdad en el acceso a la justicia, mientras que el presidente del CICAC, Roger Montoliu, ha subrayado el compromiso “firme y político” del pacto alcanzado.