Lluís Badia declara en el juicio contra los Pujol Ferrusola: "No había manera de presionarme"

Lluís Badia Chancho, exdiputado y exsenador de CiU y expresidente del Port de Tarragona, ha sido el último testigo en declarar este martes en la Audiencia Nacional en el juicio que se sigue contra los Pujol Ferrusola. Preguntado por unas inversiones conjuntas con Jordi Pujol Ferrusola en Croacia, México y el puerto de Rosario (Argentina). En Croacia invirtió en una empresa que quería aprovechar la futura entrada en la Unión Europea del país balcánico y después desinvirtió y le devolvieron el dinero. En México ha negado que invirtiera en casinos y juegos.

Sobre Argentina ha dicho que el puerto tarraconense quería estar presente en el puerto de Rosario porque ambas instalaciones eran exportadores de grano. En cambio, ha negado cualquier tipo de presión para conceder una licencia de explotación de una terminal gasista en Tarragona a ciertos empresarios. Ha recordado que él, como presidente, no tenía capacidad de decisión, sino que era el director y en el consejo de administración había representantes del Estado que eran quienes decidían. Además, ha añadido, “no había manera” de presionarle a él.

Le obligaron a aceptar a Pujol Ferrusola

El empresario Lorenzo Carlos Méndez ha asegurado este martes en la Audiencia Nacional que la constructora Isolux le obligó a hacer constar una empresa de Jordi Pujol Ferrusola como intermediaria en una operación inmobiliaria en Madrid, lo que permitió al primogénito del expresidente de la Generalitat cobrar una importante comisión.

Méndez es uno de los testigos del juicio contra los Pujol que han sido más claros a la hora de apuntalar las sospechas de la fiscalía sobre posibles comisiones irregulares a cambio de obra pública. El empresario ha dicho que si no se mencionaba la intermediación de Pujol Ferrusola, la operación “no saldría adelante”.

Lorenzo Carlos Méndez ha explicado que era socio de una empresa que tenía unos terrenos en Madrid. Isolux quería comprarlos para construir su sede, pero la constructora catalana les obligó a incluir en el contrato de compraventa que una empresa de Pujol, Imisa, había intervenido en la negociación como intermediaria, aunque ha asegurado que no la conocía de nada. “Fue una imposición de ellos; si no, no se cerraba la operación”, ha dicho. La comisión por la intermediación fue de unos 600.000 euros y la pagó Isolux.

La administradora de la empresa no ha sido tan categórica, pero en unos manuscritos que aportó a la UDEF explicaba una situación similar. No obstante, las defensas han puesto en duda que la letra fuera suya y han recordado que más adelante se realizará una prueba pericial para determinarlo.

También han declarado varios empresarios que invirtieron en México, Argentina y Gabón, y que han asegurado que Pujol intervino de una manera u otra. Otros no recordaban muchos detalles.