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El Govern de la Generalitat tiene previsto aprobar el nuevo Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge de Catalunya a lo largo de este 2023, el cual marca unos objetivos ambiciosos en cuanto a la creación de viviendas destinadas a políticas sociales.
El documento establece que en 2037 deberá alcanzarse la ratio del 15% del total del parque de viviendas principales de la ciudad. Y, en este sentido, se fijan unas ratios por quinquenios que en el caso de Tarragona tienen en cuenta que «forma parte de las áreas de demanda residencial fuerte y acreditada tipo 1», por lo que el ritmo es más intenso.
Según el documento, la situación de partida a fecha de 1 de julio de 2022 marca que la cifra de viviendas principales en la ciudad es de 57.015, de las cuales 5.281 se destinan a políticas sociales. Esto representa que la ratio de partida es del 9,3%. Ya en el tercer quinquenio deberá asumirse este porcentaje del 15%, mientras se deja el periodo hasta 2042 –cuando culminará el plan– para «llevar a cabo las acciones necesarias para el mantenimiento del objetivo de solidaridad urbana».
Teniendo en cuenta las proyecciones de crecimiento, significa que cuando el plan llegue a su escenario final Tarragona tendrá 67.046 viviendas principales y deberán haberse habilitado 5.448 nuevas viviendas para políticas sociales.
Este dato tiene en cuenta que deberá compensarse no tan solo los crecimientos sino también el parque de viviendas protegidas que en los próximos años irá caducando, como las promociones que se hicieron en Sant Pere i Sant Pau o Sant Salvador a partir de los años setenta y que ahora están en manos de particulares.
Jordi Diez, gerente de Smhausa, apunta que «teniendo en cuenta la evolución de la construcción de viviendas de protección oficial en los últimos años, es un cambio de paradigma bestial».
Pese a ello, ¿alcanza actualmente Tarragona esta ratio del 9,3% que se fija como escenario de partida? La presidenta de Smhausa y concejala de Habitatge, Eva Miguel Gascón, considera que «en la definición de lo que son viviendas destinadas a políticas sociales son muy generosos, y pueden incluirse conceptos que a lo mejor no estamos todos de acuerdo». Y es que uno de los elementos que se ha detectado es que aquí también se incluyen los alquileres de rentas antiguas, que van cayendo paulatinamente.
Smhausa tiene claras sus cifras. Entre los que son propiedad de la empresa pública municipal (136), más los de la bolsa de mediación (94) y los que gestiona a través de convenios como el de Habitat 3 (15), el total de viviendas que ahora mismo dispone el Servei Municipal de l’Habitatge es de 245. El dato podría incrementarse con otros 38 pisos en los próximos meses, teniendo en cuenta las operaciones pendientes de cerrar en los próximos meses.
¿Y la Generalitat? Según los datos proporcionados por la Agència de l’Habitatge de Catalunya a Smhausa, en total serían unos 1.334. Aquí se incluye tanto los pisos que forman parte del parque público de la administración catalana, como los cedidos por particulares o entidades financieras y los que gestionan entidades del tercer sector, como Caritas, entre otros. Pese a ello, el Ayuntamiento ha detectado que esta estadística también incluye los que ha comprado recientemente Smhausa mediante la formula de tanteo y retracto, ya que contaron con una subvención autonómica, además de los que forman parte de la bolsa de mediación municipal.
«Aquí se están mezclando muchas cosas y no nos parece justo que incluyan los pisos de la bolsa de mediación como suyos o que los hemos comprado por tanteo también estén aquí porque es el parque público de la ciudad», afirma Miguel Gascón.
Teniendo en cuenta todos estos elementos, el total de viviendas destinadas a políticas sociales en Tarragona sería de unas 1.464. «Hemos intentado limpiar todo lo que nos dice el plan especial con la realidad y lo que vemos es que los datos chocan, ya que si quitamos a los privados ahora mismo estaríamos hablando de una ratio del 2,57% del total, no del 9,3% como nos dicen», añade.
Más pisos turísticos que sociales
La concejala cupaire aporta un dato. «El último estudio del Patronat Municipal de Turisme nos dice que Tarragona tenía en 2021 unos 1.891 pisos turísticos, algo está fallando y a lo mejor pueden empezar a entenderse muchas cosas»
Miguel Gascón es muy crítica con la política de vivienda de la administración autonómica. En primer lugar por el hecho de que «sea tan complicado tener datos claros entre administraciones». También señala a Incasòl por no invertir en vivienda social en los solares que tiene vacíos en la ciudad o que «desde que se aprobó la ley de tanteo y retracto en 2015 la Generalitat tan solo ha comprado 187 pisos en la ciudad, lo que significa un promedio de 23 anuales.
Como Ayuntamiento estamos haciendo el mismo esfuerzo presupuestario, teniendo en cuenta que tienen más fuentes de financiación y tienen la competencia». Asimismo, critica el estado de mantenimiento de algunas de las promociones, como los bloques de Campclar.
El Ayuntamiento de Tarragona ha presentado alegaciones sobre el plan, ya que considera que no está clara la financiación para conseguir los objetivos marcados. En paralelo, pone en valor que a nivel municipal se están haciendo los deberes con la promoción de 160 viviendas protegidas que quieren impulsarse en el plan parcial 10 o la previsión de construir 92 pisos delante del CAP Llevant, ahora mismo en fase de redacción de proyecto.
