Los involucrados en el caso de la tarjeta de la EMT ya han declarado ante el juez después de que, el pasado mes de mayo, un miembro del Consejo de Administración de la EMT, Sonia Orts (Ciutadans), compareciera ante la Fiscalía acusando al exgerente de la empresa de haber hecho un uso indebido de la tarjeta durante su cargo.
El último en declarar ha sido el exgerente de la Empresa Municipal de Transports, Mario Cortés, el único que ha comparecido en condición de investigado. La cita fue el pasado jueves. Begoña Floria, presidenta de la EMT, y Sonia Orts, declararon el pasado 17 de octubre, en condición de testigos.
Actualmente, el procedimiento se encuentra en la fase de instrucción y el abogado de Mario Cortés, Francisco Zapater, asegura que pedirá que se archive el caso, «porque los hechos no son un delito». Antes de llevar a cabo la petición, la defensa de Cortés requerirá la declaración de dos personas relacionadas con la empresa.
Según el abogado de Cortés, la tarjeta de crédito de la EMT cumplía dos funciones. La primera era cubrir los gastos de representación del exgerente Mario Cortés y, la segunda, como método de pago de la empresa municipal.
«Por ejemplo, si alguien iba a representar a la EMT en algún congreso, la noche de hotel también se pagaba con esta tarjeta», explica Zapater, quien añade que «siempre eran gastos relacionados con la empresa».
Por otro lado, la defensa del exgerente asegura que «todos los gastos realizados tienen un justificante documental y estaban contabilizados por la empresa».
Para Zapater, «Cortés es inocente. Solamente hizo gestiones y no se echó ni un euro al bolsillo. Los gastos eran, directamente o indirectamente, para beneficio de la EMT».
El abogado de Cortés asegura que su cliente no lo ha pasado bien con esta situación, ya que «paralelamente al proceso judicial, ha habido un proceso mediático. Y esto no es agradable».
Las otras partes
Por otro lado, la presidenta de la EMT, Begoña Floria, y la denunciante, Sonia Orts, que es miembro del Consejo de Administración de la EMT, comparecieron ante el juez el pasado 17 de octubre en condición de testigos.
En el caso de Floria, como representante de la empresa, es decir, como perjudicada. «Entregamos los informes que encargamos a un auditor externo, del que se deriva, a priori, de que no hay ningún gasto injustificado», asegura Floria, quien pide «dejar de generar desconfianza sobre las empresas públicas».
Por su parte, Sonia Orts asegura que «la información que nos facilitó la empresa no es suficiente», y añade que «volvería a comparecer ante Fiscalía, porque sigo sin ver claro el caso. No nos hemos quedado tranquilos». Orts asegura que su objetivo es «intentar que no vuelva a pasar una cosa así en ninguna otra empresa pública y que el Ayuntamiento dé explicaciones».
