Encontrar piso de alquiler en Tarragona es una quimera. La oferta disponible es muy inferior a la demanda y el mercado vive con preocupación una situación que se ha acentuado en los últimos meses. «Llevo quince años en el sector y no había visto nunca esta escasez. En los últimos dos o tres meses, hemos tenido uno o dos pisos de alquiler, cuando lo habitual eran diez o doce», asegura el gerente de Finques Imperial, Sergi Mensa.
Las inmobiliarias detectaron que la situación empezó a cambiar a partir de la entrada en vigor de la ley que fijaba los índices de precios. «Era muy necesario actuar, porque los precios estaban subiendo de forma muy pronunciada, pero hizo que muchos propietarios decidieran venderse los pisos, porque es un buen momento para ello, y ahora hay un parque más pequeño», añade. En lugar de incentivar este mercado, el sector ha constatado que los alquileres se han estancado por la falta de stock. «No tenemos lista de espera, pero todos los días nos viene gente y no tenemos pisos y esto no tan solo nos pasa en nuestra oficina, sino que es generalizado», continua explicando Mensa.
El 20 de septiembre del año pasado, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicó una resolución en la que se declaraba la ciudad de Tarragona como una área de vivienda tensa durante cinco años. Esta declaración llegaba después de aprobarse su solicitud en el plenario del mes de junio, tras constatarse que Tarragona es una ciudad en riesgo de no disponer de la dotación suficiente de vivienda de alquiler a un precio asequible que permita el acceso a toda la población. Pese a ello, en el último año los precios han seguido incrementado. Así lo recoge el informe anual que hace el portal inmobiliario Fotocasa, según el cual este mes de febrero el precio medio de un alquiler en la ciudad se situa en 717 euros, 125 euros más que el mismo periodo de 2021, lo que significa un aumento del 21%.
«La situación está complicada, el mes pasado lo alquilamos prácticamente todo y al final tan solo quedan los chalets de 1.500 euros y los caros», indica Sandra Molinero, del departamento de alquileres de Finques Mèdol. Tradicionalmente enero es un mes con una actividad intensa, ya que en diciembre el mercado se estanca. Este año no ha sido diferente. Molinero explica que empezó el año con 25 anuncios de pisos disponibles, «tan solo me quedan ocho».
La franja entre 500 y 700 euros es la más buscada y la que tiene una salida más rápida. Por zonas, en L’Arrabassada y los Músics se encuentran las viviendas más caras, con precios que fácilmente pueden llegar a los 1.000 euros mensuales. En cambio, el centro y Sant Pere i Sant Pau son las zonas más solicitadas. «Los que sale por entre 600 y 750 euros, con dos o tres habitaciones y parking vuelan», dice Molinero.
Una situación que llega al punto que las agencias hacen una primera criba y después el propietario hace un proceso de selección para decidir quién se ajusta a los requisitos que se ha fijado. Y aquí, es donde pueden llegar a producirse situaciones que por motivos raciales excluyen a algunos de los demandantes, según reconocen algunos profesionales.
Mucha rotación
Tarragona siempre ha sido una ciudad con un mercado dinámico, una demanda elevada y una importante rotación. La industria química, la universidad y el hospital hacen que haya una volumen de profesionales y jóvenes con necesidades habitacionales por un determinado periodo de tiempo. A muchos de estos inquilinos, se les ha complicado la vida.
Hector Guasch, vicepresidente del Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliaria (API) de la demarcación de Tarragona, asegura que la situación «es complicada y de difícil solución». Técnicamente está previsto que el 35% del salario de una persona es la cantidad máxima que debería destinarse a pagarse un alquiler o hipoteca. «Si una persona gana mil euros limpios, debería acceder a pisos de 350 euros y no los hay», indica.
Guasch defiende que la creación de vivienda con alquileres sociales es una de las soluciones para contribuir a regular este mercado. Pese a ello, «no es una cosa que se haga de un día para otro, sino que tiene que hacerse con una previsión de diez a veinte años, y no se ha hecho porque la inversión que requiere no es proporcional a los votos y ahora estamos pagando las consecuencias».
El pasado 18 de enero el Consejo de Ministros aprobó el Bono Joven de Alquiler, dirigido a jóvenes de 18 a 35 años, con un contrato de trabajo que no les genere más de 24.318,84 euros anuales y con una cuantía máxima del alquiler de 600 euros. Esta ayuda, de 250 euros mensuales, aún no puede solicitarse, a pesar de que será de carácter retroactivo desde el 1 de enero. Ahora, el Gobierno tiene que firmar los convenios con las comunidades autónomas para la gestión de las ayudas. En este marco también acabará de establecer si en el caso de Catalunya se amplia este límite hasta los 900 euros, de acuerdo con lo que permite la regulación estatal. Una medida que se incluyó pensando en aquellas regiones en las que los precios son más elevados, como Catalunya y Madrid, y que la consellera Violant Cervera ya anunció que desde el Govern de la Generalitat se solicita.
El 30% de los pisos
Hace unos días Fotocasa publicó un informe en el que se analizaba el impacto de esta medida en las ciudades más tensionadas. Este se hizo en base a las cifras de diciembre del año pasado, cuando el precio mensual de un piso de unos ochenta metros cuadrados en la ciudad de Tarragona era de 689 euros. Según los datos del portal inmobiliario, solo el 31% de la oferta de viviendas en alquiler de la ciudad de Tarragona cumple con el límite de renta de los 600 euros. La situación es similar a otras capitales de provincia de tamaño medio como Santander, Granada, Logroño y A Coruña.
Víctor V. L., de 29 años, vive con su pareja en un piso por el que paga 475 euros. Cuando se anunció el paquete de ayudas se planteó solicitarlo. «No es un incentivo para vivir de alquiler, pero si me puedo beneficiar está bien», indica ¿Tendrá impacto entre los jóvenes? «Entre los indecisos puede ser que les ayude, pero dependerá mucho de las condiciones laborales», afirma.
Para el vicepresidente de los API de la demarcación de Tarragona, esta medida «no solucionará nada». Guasch lamenta que «es un apaño simultáneo, porque falta vivienda social».
