Estela Martín Urbano (Tarragona 1975) es decana de los abogados desde diciembre de 2020 y, desde el inicio de su mandato, ha reclamado la necesidad de que en la ciudad los juzgados cuenten con una única sede frente a las ocho que hay ahora repartidas por la toda Tarragona.
¿Cómo valora que por fin de anuncie un proyecto para construir el Fòrum Judicial?
Lo valoramos muy positivamente. Estamos muy contentos y a la vez deseosos de ver cómo se lleva a la práctica porque no hay que olvidar que el proyecto es el del 2006 que aún estaba en un cajón y nadie lo había ejecutado. Otras veces se han prometido fechas que no se han llegado a cumplir. Ahora tenemos confianza de que la consellera cumplirá porque es una necesidad muy grande.
¿Qué le parece la ubicación? Había dicho que apostaba por la Tabacalera.
Optábamos por la Tabacalera porque nos parecía una opción bien ubicada, bien comunicada y el edificio ya estaba construido. Además era un sitio emblemático que estaba sin uso... Pero nosotros lo que queremos es una ciudad de la justicia y contar con un edificio nuevo tendrá nuevas ventajas, además una financiación de los fondos Next Generation que ayudará a que tire adelante con más garantías.
¿Qué problemas plantea para los abogados que haya ocho sedes judiciales?
Nos complica mucho el trabajo. Puede ser que tengas dos juicios el mismo día y uno sea en la Avenida Roma 23 y otro en un juzgado de lo penal en Sant Antoni Maria Claret. Estamos hablando de casi un kilómetro de distancia... Además es un problema para los compañeros que tienen problemas de movilidad... Por otro lado, para la administración se multiplican los gastos fijos porque tiene que pagar seguridad en cada edificio, facturas de la luz, servicios de limpieza...
¿Cómo afecta a la ciudadanía?
Siempre encuentras a alguien con un papel en la mano que tiene que ir a un juzgado y no sabe dónde es. Además, el registro Civil también se encuentra en otro sitio; les estamos mareando. Lo que necesitamos es un edificio único donde todas las gestiones que se tengan que hacer con la administración de justicia estén unificadas... Y luego ha habido la afectación a los estudiantes de derecho.
¿En qué sentido?
En Reus, cuando había restricciones por la pandemia, los alumnos podían hacer prácticas porque el edifico era más grande. Aquí no han podido por los aforos.
A raíz de la pandemia ¿han cambiado los asuntos por los que los tarraconenses recurren a un abogado?
Hemos notado más temas de desalojo por falta de pago; pese a que con la moratoria los desahucios están paralizados hasta finales de febrero. También se ha incrementado notablemente el tema de reclamación de salarios y de despidos. Este año pasado, a pesar de la pandemia, hemos tenido números muy parecidos o incluso superiores en algunos asuntos a 2019... Además notamos que aumentan las consultas porque las administraciones públicas siguen sin atender a los ciudadanos de forma presencial. Muchas veces los abogados tenemos que suplir esa falta de información. No se dan cuenta de que hay un gran sector de la población a quien este sistema no le funciona. Es terrible.
¿Cómo esta el trabajo del turno de oficio?
Ha vuelto a volúmenes del 2019. El 2020 no lo contamos porque fue una anomalía; en el confinamiento los asuntos bajaron un 80%. Estamos dando formación para que los abogados estén al día en los casos de más actualidad como segunda oportunidad, desahucios, moratoria, o reforma laboral.
Hace pocos días fue el día de la mediación y se volvió a hablar de sus beneficios ¿Se avanza a buen ritmo?
No, me gustaría ser optimista sobre le tema pero sería engañarnos. La mediación funciona y funciona muy bien. Tenemos una tasa de casos que acaban en acuerdo superior al 80%. Pero aun la mediación es una gran desconocida... Entendemos además que con el colapso que hay en los juzgados la mediación es una manera adecuada de resolver los conflictos.
¿Cómo ha afectado la pandemia a los abogados?
Tuvimos que abrir un fondo de ayuda a los compañeros que lo estaban pasando francamente mal. La mayoría somos autónomos y estoy segura de que muchos compañeros no se han repuesto de la bajada de ingresos de 2020. A esto hay que sumar que si los clientes tienen menos ingresos tienen menos posibilidades de iniciar pleitos. Y nos encontramos con una ley de justicia gratuita que no acompaña.
¿A qué res refiere?
A que tiene unos índices que en lugar de fijarse en el salario mínimo lo hacen en el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que hace que una persona que cobre poquísimo se quede fuera del servicio de justicia gratuita. Esto es grave porque afecta al derecho a la tutela judicial efectiva. El ciudadano debería poder ejercer sus derechos independientemente de su renta.
