Los pescadores no pueden sacar de la Confraria ni un solo ejemplar de pescado sin antes haberlo registrado en la subasta. Ya hace años que llevarse la part de pelut a casa para poder compartirlo con la familia es misión imposible. Si un policía pilla al pescador con un puñado de sardina o de gamba a la salida del trabajo, la sanción puede ascender a 60.000 euros. Además, el marinero se arriesga a que le retiren la licencia o a que no le paguen la veda del año siguiente.
Históricamente, los armadores de las embarcaciones pagaban una parte del sueldo de sus marineros con lo que se conoce como part de pelut. Se trata del puñado de pescado que cada pescador se llevaba a casa para el autoconsumo. Es una tradición que en los últimos años se ha visto truncada, debido a las estrictas normativas impuestas desde las administraciones.
«Da igual si el objetivo es vender el pescado de forma ilegal o llevártelo a casa y freírlo para cenar. Si la policía te engancha con una bolsa de pescado sin etiquetar, independientemente de la finalidad, te multan y punto», dice Juan, un pescador del Serrallo.
Según lo que dice la normativa, todo el pescado que llega a puerto debe registrarse, como si fuera para vender. Para hacerlo, el pescador debe hacer una larga cola, pesar el pescado en una balanza y añadir el código de la embarcación y el de la especie. La etiqueta que sale debe engancharse a la bolsa o al cubo. «La verdad es que es muy pesado hacer esta gestión después de estar trabajando desde las cinco de la mañana», dice Andreu Domènech, patrón de una embarcación de El Serrallo. Para la policía, cualquier pescado fuera del circuito habitual es ilegal.
Muchos pescadores siguen la máxima de hecha la ley, hecha la trampa. El colectivo intenta hacer de más y de menos. La opinión generalizada es que esta normativa es injusta. «¿Cómo se entiende que el pescador recreativo, que pesca por ocio y que vive de otro trabajo, pueda llevarse el calamar o el atún a casa para cocinar y, en cambio, nosotros, los pescadores profesionales que vivimos de ello, y que hemos pasado toda la noche en alta mar, no lo podamos hacer con esta tranquilidad? Que alguien me lo explique», se pregunta, indignado, Domènech. Es una contradicción, opinan los pescadores.
«El panadero se puede llevar una barra de pan a casa, y el payés una lechuga del huerto. Pero nosotros, los pescadores, no», dice Juan, otro pescador. Ramon Budesca, armador de una embarcación, explica que «los que mandan y hacen las leyes dicen que la tierra es de los payeses, pero que el mar es de todo el mundo. No tiene lógica».
La realidad es que algunos pescadores hacen caso omiso a la injusta normativa y se llevan de escondidas el puñado de pescado a casa. Eso sí, siempre cruzando los dedos para que no haya el inspector de turno o el policía vigilando en la puerta de la Confraria o a la salida del barrio.
Sin ir más lejos, hace justo un año, la Guardia Civil organizó un operativo policial en los dos puentes que limitan El Serrallo. La policía acabó decomisando un total de 50 kilos de pescado que estaban fuera del mercado legal.
Las multas pueden ir desde 60 a 60.000 euros y, una sanción de estas características, puede suponer la retirada de licencia para poder pescar o no cobrar las vedas biológicas.
El Diari entrevistó a un pescador –quien prefiere no dar su nombre– que hace pocos días fue interceptado por los Mossos a las puertas de la Confraria de Pescadors de Tarragona. «Llevaba dos merluzas de medio kilo cada una. El policía me preguntó por la etiqueta. Le dije que no la tenía y que el pescado era para un familiar que estaba enfermo. Me dijo que devolviera las piezas y que a la próxima me multaría», explica.