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Los restos de Tarraco condicionan el futuro de Tarragona

El barrio del Col·legi Sant Pau está frenado por la presencia de restos arqueológicos. Se suma al plan de la Avinguda d’Andorra

18 enero 2025 18:05 | Actualizado a 19 enero 2025 07:00
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La presencia de restos arqueológicos tiene frenado el desarrollo del nuevo barrio del Col·legi Sant Pau, en la entrada de la A-7, entre el Passeig Torroja y el Camí del Cementiri. El 12 de enero de 2023, la Associació de Propietaris presentó el primer borrador de un proyecto que iniciaba su tramitación administrativa y que doce meses más tarde está pendiente de los últimos informes arqueológicos para ver si tiene que replantearse.

El sector, que ocupa una superficie de diez hectáreas de terreno, está afectado por la presencia de restos romanos, así como un acueducto del siglo XVIII. Esto «condiciona» y «complica» la edificación de las 334 viviendas prevista, teniendo en cuenta que su disposición ya se había planteado de forma que no afectara a la visual de la muralla, en una zona que es puerta de entrada a la ciudad.

El presidente de la Associació de Propietaris, Carlos Segarra, explica que en los redactores del proyecto han estado «cuatro años consensuando» con los técnicos municipales cómo tenía que planificarse el sector para evitar contratiempos. Pese a ello, al final no han podido evitar entrar en una situación de suspense que genera «desánimo» entre los propietarios en el momento de abordar cualquier nueva inversión.

La situación del Pla de Millora Urbana 14 –que es como se conoce urbanísticamente este sector– no es exclusiva. También el Pla Parcial 1, que afecta a la Avinguda d’Andorra está frenado en estos momentos por la presencia de restos arqueológicos.

Más de veinte años

El pasado 8 de octubre, la Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Patrimoni municipal decidió «no continuar con la tramitación del proyecto de reparcelación del PP1» y se archivaba el expediente administrativo. La decisión se adoptó después que los informes pusieron de manifiesto la presencia de restos romanos de «alto valor» sobre los que se asentaba uno de los viales. Estaba prevista la construcción de 333 viviendas.

La situación es distinta. En el primero de los casos, se trata de un plan relativamente nuevo que se diseñó basándose en unas prospecciones arqueológicas y unos indicios que, en el caso del plan que afecta a la N-240 no existían. Asimismo, en este último caso estamos hablando de un planteamiento muy antiguo, que empezó a caminar hace más de veinte años, de forma que las excavaciones arqueológicos se dejaban para cuando tenían que empezar las obras.

Los restos arqueológicos frenan la construcción de 667 viviendas en la ciudad

«Ahora no se aprueba ningún planeamiento derivado hasta que no estén acabados los trabajos arqueológicos», apuntan fuentes municipales, las cuales se muestran tajantes cuando aseguran que «el patrimonio condiciona el urbanismo de la ciudad».

Falta de vivienda

El desarrollo de ambos sectores suma la construcción de 667 viviendas, en un contexto en el que no puede obviarse el debate sobre el crecimiento de la ciudad y la necesidad de construir nuevos ámbitos residenciales que cubran la demanda de vivienda. Asimismo, ambos planes coinciden en que son sectores de tamaño medio, muy próximos al núcleo urbano de la ciudad y que responden al interés de compactar.

Desde el Ayuntamiento de Tarragona, el responsable de Territori, Nacho García Latorre, defiende que, pese a la presencia de estos antiguos vestigios «nos vamos adaptando bastante bien, ya que cada vez tenemos menos sorpresas, teniendo en cuenta que la ciudad romana prácticamente está toda urbanizada».

Todo el subsuelo de Tarragona está catalogado como zona arqueológica y tiene la máxima protección que le otorga la declaración como Bé Cultural d’Interès Nacional. Esto supone que cualquier intervención, ya sea en La Móra, Bonavista o el centro, tiene que hacerse bajo control arqueológico. Esto se complica todavía más cuando estamos hablando de una simple actuación en la Part Alta, como puede ser la substitución de un baño. En este caso, la Comissió de Patrimoni de la Generalitat tiene la última palabra.

$!Los terrenos en los que tiene que construirse en el nuevo barrio de la Avinguda d’Andorra. Foto: Pere Ferré

Cambiar esta delimitación, redimensionando los límites de forma que puedan ‘liberarse’ determinadas zonas y que existan cartas de riesgo que permitan tener un conocimiento más profundo es un debate que está encima de la mesa. La decisión parte de una declaración de los años sesenta. Desde el Ayuntamiento de Tarragona se asegura que «hemos hablado con la Generalitat para cambiarlo y no se han cerrado». Así lo explica el concejal de Urbansimo, que también tiene las competencias en Patrimoni, por lo que conoce muy bien lo que comporta el peso de Tarraco para el futuro de la ciudad.

La Comissió de Patrimoni es la que tiene la última palabra en estos casos. «Son los que escogen los colores de la ciudad del futuro», indican varias fuentes consultadas. Los técnicos de este departamento deciden si unos restos tienen que protegerse, cómo tienen que preservarse o si tienen que museizarse. El debate está en sí la interpretación que se hace en algunos casos es demasiado rígida o no.

«Demasiado garantista»

Al respecto, Nacho García Latorre defiende que «obligar a preservar unos restos sin museizarlos ni aportar una financiación para que sea viable es una decisión que cuesta de entender». Este argumenta que «no estamos hablando de destruir, pero sí que en algunos casos podría valorarse su traslado y la negativa absoluta, lo que no se entiende. A veces, la administración competente, que es la Generalitat, creo que es demasiado garantista», concluye el responsable municipal.

Los plazos pueden alargarse hasta dos años, ya que los restos patrimoniales complican la tramitación

Esto tiene competencias directas sobre el desarrollo de la ciudad. «Supone un condicionante muy importante que hay que prever y cruzar los dedos», afirma el presidente del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en Tarragona, Jordi Romera. Este explica que cualquier contratiempo de estas características comporta dificultades, en el momento de cumplir unos plazos de ejecución razonables, e incrementa los gastos. «Las tramitaciones de planes habitualmente ya son muy lentas en todas partes, porque la administración es muy garantista, pero si estamos hablando de una zona con una sensibilidad arqueológica, incluso puede suponer uno o dos años adicionales».

Establecer una línea

Jordi Romera cree que «el derecho a mantener la memoria es fundamental». «No nos podemos permitir el lujo de perder un yacimiento», afirma. No obstante, también es de la opinión que «hay que establecer una línea», ya que «no todo tiene el mismo valor».

Finalmente, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en Tarragona considera que deberían establecerse «mecanismos de compensación para que los promotores no estén sujetos a esta especie de lotería que, constituye una sangría, y que nos resta oportunidades».

Los arquitectos defienden que deberían establecerse «compensaciones» por lo que comportan estos restos

El cambio en la normativa vino después de casos en los que se llevaron a cabo proyectos urbanizativos en los que el tratamiento que se hizo del patrimonio se ha puesto en cuestión. Es el caso de la Font del Lleons y la construcción del Parc Central. Dos proyectos que supusieron un punto de inflexión y que hacen que aquel patrimonio del que los tarraconenses nos sentimos tan orgullosos –y que este 2025 celebra el 25 aniversario de su inclusión en la lista Patrimonio de la Humanidad– a veces también puede ser una piedra en el zapato.

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