Luces y sombras del traslado de la antigua Laboral entre Bonavista y Campclar
Ayuntamiento y Generalitat firmarán de forma «inminente» el convenio para encarrilar una operación que se ve como una «oportunidad» para transformar los barrios de Ponent

Cerca de 3.000 alumnos estudian en las dependencias del Complex Educatiu.
Uno de los grandes proyectos que plantea el futuro POUM, que ahora se está debatiendo, es el traslado de la antigua Universitat Laboral a un nuevo espacio, entre los barrios de Bonavista y Campclar. Generalitat y Ayuntamiento de Tarragona caminan alineados y se muestran dispuestos a abrir un melón, con luces y sombras, que ahora tiene que concretarse para poner en marcha una hoja de ruta en la que se está trabajando.
La operación no es fácil. Los dos institutos de formación profesional del Complex Educatiu suman casi 3.000 alumnos y cerca de 300 docentes. La cifra está lejos de los casi 45.000 estudiantes que en su día tuvo la antigua Universitat Laboral. No obstante, en las 69 hectáreas totales que suma el complejo, comparten espacio servicios como una residencia de estudiantes, con capacidad por 400 personas, la Escola d’Educació Especial SOLC, los Serveis Educatius del Tarragonès, el Centre de Recursos Pedegògics, los equipos de Assessorament Psicopedagògic, el Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditus (CREDA), los Equips d’Assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (ELIC) o los servicios de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), además del Camp d’Aprenentatge de la Ciutat.
A su favor destaca que, por primera vez, el Ayuntamiento y la Generalitat se han comprometido de forma pública a abordar el proyecto. Hace unos días, la consellera de Educació, Esther Niubó, afirmó en el Parlament de Catalunya que el cambio de ubicación «es una necesidad», entre otros motivos, por una cuestión de «seguridad», ya que el complejo educativo se encuentra en medio de la industria química. También porque una parte se encuentra en zona inundable. «Es un proyecto clave, estratégico y relevante», no solo para Tarragona sino «para el conjunto del país», que tendrá «impacto en la calidad educativa y en la ciudad», en el aspecto urbanístico apuntó Niubó.
Este compromiso público reforzaba uno de los acuerdos de la comisión bilateral del 7 de abril, entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Tarragona. Ambas administraciones firmaron un protocolo para seguir trabajando. «Es una de las cosas que siempre nos había pedido Exolum (la antigua CLH) para seguir negociando y dando nuevos paso», explica el concejal de Territori, Nacho García Latorre.
El proceso se enmarca en la estrategia, con varias piezas en el tablero de juego, de forma que el cambio de ubicación de la Laboral allanaría el camino para que la antigua CLH pueda irse a las actuales dependencias del Complex Educatiu en un futuro.
Con el protocolo firmado, ambas administraciones se han emplazado a establecer un convenio, a partir del cual se crearán los grupos de trabajo, de carácter técnico, que concretará cómo se hace una operación que se ha cifrado en unos 100 millones de euros.
Un plan de usos
Según el Ayuntamiento de Tarragona, en esta fase inicial «ellos tienen que definir un plan de usos, en el que nos dirán qué quieren trasladar allí, porque está claro que los institutos de formación profesional irán sí o sí, pero tiene que verse si el resto de servicios seguirán todos juntos o no», indica García Latorre. El Departament d’Educació ya pasó un primer listado de los servicios existentes, con el espacio que ocupan. A partir de ahí, tendrá que concretarse si todos estos espacios también se irán de igual forma a la zona entre Bonavista y Campclar.
Por el momento, no se ha concretado el espacio que el nuevo complejo ocupará. «Nosotros ofrecimos un espacio de licencia directa, sin desarrollo urbanístico, que es la mancha que aparece en el POUM, y les dijimos que si quieren más espacio, tendríamos que ver cómo lo hacemos, porque aquello está sin urbanizar», argumenta el cuarto teniente de alcalde.
Esto implica que tendrá que acondicionarse con suministro eléctrico, alcantarillado y agua, por lo que habría que redactar un polígono de actuación o un plan de mejora urbana para que se concrete.
El Ayuntamiento defiende que la Generalitat dispondrá de «todo el espacio que necesite». No obstante, ahora tiene que definirse cómo quiere hacerse y si será por fases. A partir de ahí, acabará de concretarse cómo será este sector de crecimiento, que afectará a las 48 hectáreas entre el mercadillo de Bonavista y la Rambla de Campclar, junto a la Avinguda Tarradellas, que ahora prácticamente es una zona yerma y abandonada.
Ver la viabilidad económica
En función de las necesidades de espacio, los técnicos de la Plaça de la Font acabarán de definir cómo se configura el sector. Una de las opciones que está encima de la mesa es que se complemente el espacio con una parte residencial, lo que debe contribuir a que su desarrollo sea «viable».
La opción se plantea teniendo en cuenta que quiere incluirse el soterramiento de la línea eléctrica que afecta a los terrenos y, según los primeros estudios, la inversión necesaria se ha cifrado en unos siete millones de euros.
García Latorre explica la opción que se plantean es que sean los propietarios de los terrenos quienes asuman los costes en forma de cargas urbanísticas del sector, como se ha hecho con otros planes como el PP10. Antes, los estudios de viabilidad económica del POUM deberán avalarlo.
En Comú Podem critica que la operación responde a los intereses de las grandes empresas del Port de Tarragona, a quien acusan de querer liberar los terrenos del actual complejo educativo sin asumir el coste social y económico. «Unas instituciones que avalan el greenwashing portuario y no cuestionan un modelo que genera muchas externalidades negativas y es incapaz de redistribuir la riqueza generada», denunciaba hace unos días el portavoz de la formación Jordi Collado. En cambio, desde ERC siempre se ha puesto el acento en que este movimiento se haga de forma «ambiciosa» y que las nuevas dependencias ocupen las 48 hectáreas disponibles.
Todos estos cabos sueltos acabarán de definir una operación que según el Ayuntamiento, «entendemos que será rápida, teniendo en cuenta el concepto de rápido de la administración», indica García Latorre. El gobierno municipal considera que «la Laboral no puede seguir como hasta ahora. O se invierte mucho dinero en la restauración y se queda allí o se empieza a plantear algún tipo de traslado».
Independientemente de cómo se concrete la posible marcha de Exolum, esta segunda carpeta está avanzado. Y lo hace cuando todavía no se ha hablado sobre el uso de las actuales instalaciones educativas, teniendo en cuenta que estas están catalogadas. «Podrían ser centro de trabajo o lo que sea. No creo que Exolum se los quede, sino que será el Port de Tarragona quien dispondrá de estos», indica García Latorre.
Una apuesta de país
El Ayuntamiento ve como la operación puede ser «un revulsivo para la transformación social» del entorno entre Bonavista y Campclar, que contará con la proximidad de las instalaciones del Anillo Mediterráneo y en un futuro también con el tranvía. Asimismo, se plantea que este cambio de emplazamiento es «una gran oportunidad» para la Laboral, para situarse como uno de los grandes centros de referencia de la formación profesional del país.
Esta semana el tema volverá al Parlament, de la mano de ERC, que propone una moción en la que se defiende que este sea un proyecto «integral», que ocupe las 48 hectáreas de superficie disponible y que el proyecto incluya las medidas de urbanización para el soterramiento de las líneas de alta tensión, así como su conexión con la red de movilidad sostenible para garantizar la cohesión social y territorial.
La Laboral todavía tiene muchos capítulos por delante antes de que se concrete su futuro.