¿Más es menos tras 50 días?

El nuevo gobierno municipal del Ayuntamiento de Tarragona –formado por ERC, Junts per Tarragona, CUP y el concejal no adscrito Hermán Pinedo– cumple cincuenta días con la incógnita de temer si ser más en las juntas de gobierno significa ahora ser menos en el Saló de Plens. El gabinete de la Plaça de la Font ha pasado de contar con nueve representantes en el ejecutivo (ERC-ECP) y tener a los cinco «aliados externos» que sumaban Junts per Tarragona y la CUP a disponer desde el pasado 15 de junio con 13 ediles en el equipo de dirección... pero sin ningún otro socio estable que le permita llegar con solidez al número mágico del pleno municipal: el 14, que se traduce en la ansiada mayoría absoluta.

Esta situación, por ejemplo, ya ha comportado el frenazo de los Consells de Districte y ha generado dudas en la fusión entre Aparcaments Municipals y la EMT. Además, a nadie escapa que en el horizonte no muy lejano aparece ya el punto de inflexión que supondrá la aprobación, o no, de los presupuestos para 2022. Sin lugar a dudas, este será el momento clave del mandato, a menos de un año y medio para las Elecciones Municipales de mayo de 2023.

Los presupuestos de 2022

El portavoz de ERC, Xavier Puig, quita hierro a la situación y defiende que, desde hace medio centenar de días, el gobierno local «es más fuerte y cohesionado». «Se nota que tenemos más manos y que aplicamos dinámicas interdepartamentales, con una muy buena relación», destaca el edil de la formación independentista, quien denuncia la política de «bloqueo y parálisis» que, considera, está llevando a cabo el PSC. «Bloquear por bloquear no es bueno, y la que lo paga es la ciudad», denuncia. Asimismo, Puig lamenta la marcha de Carla Aguilar (ECP). «La puerta siempre estará abierta para su regreso, no hay fecha límite porque no queríamos que se fuera», afirma.

Precisamente, Carla Aguilar asegura que «vivimos una situación que no deseábamos, pero para pactar dos deben querer, y nosotros ya anunciamos nuestra marcha», apunta la edil de la formación progresista. Asimismo, Aguilar cree que la ampliación del gobierno «ha sido un cambio convulso, que no ha generado ninguna ilusión», y pone de relieve que negociará las cuentas de 2022. «Haremos propuestas que nos llegan desde la calle. El reto del gobierno es la estabilidad, y este será un buen momento para que lo demuestren», afirma la portavoz de En Comú Podem, quien critica que el gobierno de Ricomà cuente con «un edil tránsfuga», en lo que es una clara referencia al concejal de Patrimoni, el no adscrito Hermán Pinedo.

Sobre la polémica con En Comú Podem, Pinedo indica que «su marcha era innecesaria, más cuando hemos fortalecido el programa que hasta ahora veníamos llevando a cabo. Es una pena que las injerencias de Barcelona nos hayan hecho abandonar nuestro propio proyecto. A nivel personal, y aunque se me haya expulsado, me sigo sintiendo parte del proyecto de ECP», afirma el edil, quien destaca que «se ha continuado con la apuesta por las políticas de izquierdas y de cambio».

Por su parte, Eva Miguel (CUP) indica que «cogemos el relevo de un trabajo conjunto en Habitatge y Medi Ambient», pero también dispara contra los Comuns y afirma que «nos hemos encontrado áreas con falta de rumbo y con la necesidad de trazar líneas estratégicas claras, como es el caso de Serveis Socials»... que hasta junio fue gestionada por Carla Aguilar.