«No tengo nóminas pero sí ingresos», avisa un anuncio de un internauta que busca un piso de alquiler en Reus. Otro caso, en el Baix Penedès, un matrimonio de 55 años que va detrás de una habitación para hospedarse: «Tengo trabajo pero las agencias no aceptan mi nómina, ya que tiene que ser muy alta para alquilar». Estas dos peticiones ilustran la jungla en la que se ha convertido el mercado inmobiliario no solo en Madrid o Barcelona, sino también en ciudades de tamaño pequeño y mediano como Tarragona o Reus.
La nómina, un contrato de trabajo, la vida laboral o la declaración de la renta se han convertido en pruebas imprescindibles y más que habituales para que el inquilino pueda convencer al propietario y entre a vivir. Es una manera de demostrar la solvencia del usuario en tiempos de proliferación de impagos. «Me he topado con nóminas falsificadas», reconoce Esteve Martí, ya jubilado, pero hasta hace poco administrador de fincas en Tarragona.
Varias inmobiliarias denuncian la proliferación de nóminas falseadas que se presentan como una especie de aval para poder alquilar, en una situación que tiene dos caras opuestas: por un lado, la pillería y hasta el delito de mostrar documentación manipulada en la negociación para exhibir un nivel económico que no se tiene y, por el otro, el endurecimiento de las condiciones por parte del propietario, cada vez más receloso ante la morosidad y la lacra de las ocupaciones. «Todo depende del piso. Si tienes un buen producto, con salida, te aseguras más y pides más avales o bienes adicionales. El precio no es la única manera de exigir», cuenta Martí. Las falsificaciones van dirigidas a aparentar ingresos que no se tienen, a veces porque los trabajos son en negro y están en la economía sumergida.
«Ahora los dueños exigen más, porque hay poca oferta de alquiler en ciudades como Tarragona y una fuerte demanda, sobre todo cuando hablamos de vivienda en el centro», reconoce un experto inmobiliario. «Se han endurecido los requisitos. Yo me he encontrado con casos de currículum y nóminas falsas», explica Joan Boronat, responsable de una agencia inmobiliaria tarraconense. Él también es testigo de los elevados requerimientos. En algunos casos, se pide hasta tres y cuatro meses de fianza como adelanto, en lugar de uno o, máximo, dos, como sería habitual. «Antes se hacía más y era habitual reclamar tres o cuatro meses, pero ahora ya no está permitido, aunque la gente nos lo sigue pidiendo. La ley ha cambiado y no permite más de dos meses, pero hay propietarios que lo continúan pidiendo y agencias que aceptan», narra Joan Boronat.
Las malas experiencias
Este agente inmobiliario expone algunas de las razones que han llevado a esta situación: «Todo radica en las malas experiencias que han tenido algunos propietarios que se topan con inquilinos que no pagan o que dejan la vivienda en muy mal estado. Hay dueños que prefieren tener el piso cerrado a alquilarlo, porque ello conlleva riesgo». Y de ahí que el propietario de piso tenga mucho donde elegir y, con las inmobiliarias en mitad de proceso, pueda seleccionar. «Tienen la libertad de elegir, de vetar a niños, por ejemplo», añade Boronat.
Fabián Huguet, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, cree que «los casos de nóminas falsas son puntuales» pero es muy crítico con la «ausencia de regulaciones y la falta de seguridad jurídica, que perjudica no solo al propietario sino también al inquilino».
Huguet ve preciso «conseguir el equilibrio entre los dos derechos, el de acceso a la vivienda y el de propiedad privada, de forma que ninguno esté por encima del otro». El máximo representante de los administradores de fincas considera que se ha llegado a una situación en la que «los arrendadores exigen más porque hay una parte que no tienen cubierta por ley, pero a la vez hay que regular para que sus prácticas no sean abusivas. No se trata solo de defender al dueño».
Para Huguet, esas carencias son las que hacen que el mercado no tenga salida. «Es bueno que haya una regulación de precios, pero también que se proteja al dueño de los ocupas, por ejemplo», cuenta.
Diego Reyes, presidente de la asociación de promotores del Tarragonès, cree que la nueva ley ha reducido el abuso a la hora de pedir más depósitos, pero considera que cláusulas de este tipo se implementan a modo de precaución: «El propietario endurece las condiciones porque la gente no es cumplidora, la ley no protege y es más laxa con el inquilino. La protección al impago es tan grande que la gente lo que intenta es protegerse». Son, en último término, condiciones añadidas que regulan un mercado como el tarraconense –desde las principales ciudades hasta la Costa Daurada– tan maltratado en los últimos años por las ocupaciones.
En algunos casos la necesidad de documentar un nivel de ingresos es tan grande que causa cierto malestar y sorpresa en los arrendatarios. «Nos hemos encontrado con nóminas falsas. Para evitar eso desde hace tiempo pedimos la vida laboral. La gente se mosquea, pero es una manera de asegurarte», comenta Reyes, que considera que «desde el año pasado está muy controlado» el límite de fianzas o depósitos que se pueden pedir.
Todo depende del tipo de vivienda. En Cambrils, para entrar en un ático, se pide un contrato de trabajo fijo, las tres últimas nóminas y dos meses de fianza. En una finca en Roquetes, se pide tres meses.
