PSC, C´s y PP no apoyan la petición para anular el juicio a Companys

El Ayuntamiento de Tarragona aprobó ayer una moción en la que la corporación local insta al Gobierno Central a anular la sentencia del juicio sumarísimo que acabó con el fusilamiento del expresident de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys el 15 de octubre de 1940. En plena conmemoración por el 75º aniversario de la trágica muerte del que fuera máximo representante de la administración catalana entre 1934 y 1940, ayer el PSC sorprendió a propios y extraños y no votó a favor de un texto que, pese a ello, tiró hacia adelante gracias al apoyo de ERC, CiU, CUP e ICV. Por su parte, los socialistas se abstuvieron junto a Ciutadans, mientras que el PP se opuso a la iniciativa.

En la moción aprobada ayer, el Consistorio solicita al ejecutivo estatal que «realice todas las actuaciones oportunas para que el honor del president Companys sea reparado». La moción pide un cambio de la Ley de la Memoria Histórica para que considere como «inexistentes y nulas de pleno derecho las sentencias dictadas por los tribunales declarados ilegímitmos en la legislación». El documento insta al Gobierno Central a «habilitar el proceso administrativo necesario para que el Consejo de Ministros tramite el correspondiente certificado de nulidad».

En el texto aprobado por parte de las formaciones independentistas –junto a Iniciativa– se reclama a Madrid que «devuelva toda la información sobre Lluís Companys que fue requisada por parte de la Gestapo en París en 1940 y que actualmente se encuentra confiscada en el archivo de Ávila». Finalmente, también se reclama «a todos los gobiernos que participaron en la captura y asesinato de Companys que participen en un acto de desagravio» hacia la figura del expresident.

‘Coherencia, ya fue anulado’

La portavoz del PSC, Begoña Floria, remarcó que su formación «mantiene la coherencia» sobre este caso y que, por ello, su partido se abstuvo en la votación «porque este juicio ya se declaró nulo en la Ley de la Memoria Histórica» que fue aprobada por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Pese a no apoyar la moción y calificarla como de «política de escaparate», la edil remarcó que «hemos facilitado que se aprobara».

Pese a estas palabras, lo cierto es que, textualmente, dicha ley no especifica la anulación del juicio sumarísimo. En concreto, el texto asegura, en su artículo 3.1, que «se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones». Asimismo, «por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa». Finalmente, la Ley de Memoria Histórica remarca que «igualmente, se declaran ilegítimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución».