La Audiencia de Tarragona ha empezado a juzgar a cuatro hombres acusados de un delito contra la salud pública y por otro de organización criminal.
Los investigados se dedicaban presuntamente a cultivar y vender marihuana en una finca que habían alquilado en el término municipal de Valls en 2022.
Por estos hechos, la fiscal pide 10 años y 6 meses de prisión para dos de ellos y 7 años y 6 meses para el resto. Los abogados de las defensas han pedido la nulidad del procedimiento porque, entre varias razones, destacan que el registro se hizo sin orden judicial.
En la vista de este lunes han declarado los agentes que intervinieron en el operativo, donde se desmantelaron más de 4.000 plantas. Los acusados declararán a finales de octubre.
Los agentes de la Policía Nacional han explicado que la investigación arrancó en agosto de 2022 a raíz de una denuncia anónima que indicaba que había una plantación de cannabis ilegal en una finca agrícola del término municipal de Valls.
En sus declaraciones, los policías han detallado que durante la vigilancia hecha a la parcela comprobaron que los cuatro acusados hacían tareas mantenimiento y cultivo de las plantas y que uno de ellos les daba las órdenes.
También han indicado que había dos plantaciones diferenciadas, una de ellas en mejor estado que la otra y que desmantelaron plantas que tenían entre 60 centímetros y 1,20 metros de altura.
Un total de 4.476 plantas
Según el escrito acusatorio del ministerio público, se intervinieron 4.476 plantas, las cuales tenían un peso limpio de 150,841 kilogramos, así como 780 gramos de cogollos de marihuana. A su vez, el escrito indica que la droga intervenida tendría un valor de 289.445 euros en el mercado ilícito y de 4.625,40 euros, respectivamente. Además, los agentes han asegurado que en la finca había un almacén o barraca hecha con toldos y plásticos, con una cocina en el exterior.
Las defensas han pedido la nulidad del procedimiento porque afirman que los agentes cometieron «un delito para certificar la comisión de otro delito», puesto que accedieron a la parcela, que consideren el domicilio de los acusados, sin autorización judicial.
Así mismo, han aseverado que hubo «coacción ambiental» porque se les detuvo sin que hubiera un intérprete que les explicara sus derechos. Los investigados son de origen extranjero y no hablan castellano. El tribunal ha desestimado esta última cuestión alegando que se les facilitó un intérprete a lo largo de la instrucción, en la cual los procesados optaron por no declarar.
Los letrados defensores también han incidido en el hecho que la plantación era de cáñamo y para usos terapéuticos. En este sentido, han remarcado que los agentes no investigaron previamente que la finca tenía una autorización para plantar cáñamo.
Con todo, en las declaraciones, los policías han reiterado que no tuvieron dudas que se trataba de una plantación de marihuana. La policía encargada de analizar la droga ha asegurado que no pueden saber si se trata de cáñamo hasta que reciban las muestras del laboratorio: «los dictámenes que han llegado a mi unidad han superado el tetrahidrocannabinol, de aquello llaman cáñamo», ha certificado.
En la primera sesión del juicio, también ha declarado la propietaria de la finca y un hombre que dejó el vehículo utilizado por uno de los investigados durante los hechos. La vista se retomará el 19 de octubre con las declaraciones de los acusados y de los peritos.
Penas de entre 10 y 7 años de prisión
El ministerio fiscal pide para cada uno de los acusados una pena de cuatro años y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública, así como una multa de 882.211,20 euros. En cuanto al delito de organización criminal, solicita una pena de prisión de seis años para dos de los procesados, puesto que, dice, ambos ejercían funciones de dirección, y para los otros dos les pide una pena de tres años a raíz de su participación activa en los hechos.
