Tribunales
Lo detienen por traficante en Salou y no lo expulsan de España porque los delitos han prescrito
A pesar de estar involucrado en un sofisticado contrabando de mercancías ilegales, un ciudadano argelino arrestado en Tarragona el pasado mes de febrero no será extraditado a su país, ya que las infracciones que cometió han superado los plazos legales establecidos en España
La detención se produjo en febrero de este 2025 en Salou
El caso de un ciudadano argelino detenido en Salou el pasado mes de febrero, y que estaba a punto de ser extraditado a su país por un presunto delito de contrabando de mercancías ilícitas, ha dado un giro inesperado por un fallo de la Audiencia Nacional que ha desbaratado el proceso de extradición.
La Sala de lo Penal, tras examinar los detalles del caso, ha denegado la solicitud de entrega a Argelia, argumentando que el tiempo transcurrido desde los hechos en cuestión ha provocado la prescripción de los delitos.
El detenido estaba presuntamente vinculado a una compleja operación de contrabando de mercancías que implicaba el tráfico ilegal de artículos como unas 3.000 cámaras de vigilancia y un total de 56.500 productos fumígenos.
La red, según las autoridades argelinas, utilizaba el puerto de Argel como punto de entrada para la mercancía proveniente de Barcelona. La investigación revela que la operación se desarrolló con la complicidad de varios funcionarios de aduanas y otros agentes del puerto argelino.
Las autoridades de Argelia solicitaron la extradición del acusado tras la detención del hombre en Tarragona en el contexto de una orden internacional emitida por la Interpol. Sin embargo, el paso del tiempo y los complicados plazos legales han jugado en contra de las autoridades que buscaban la extradición.
El tribunal español, en su fallo, subraya que la clave de la decisión ha sido la prescripción de los delitos. De acuerdo con la legislación española, los delitos de contrabando prescriben a los cinco años, lo que significa que, al haberse producido los hechos en 2015, el plazo de prescripción comenzó a contar a partir de ese momento.
A pesar de que el acusado fue detenido en 2025, el último acto procesal relevante que interrumpiera dicho plazo ocurrió en 2015, por lo que los magistrados consideraron que el tiempo para tramitar la extradición había expirado.
El caso tiene una relevancia especial no solo por la magnitud de los delitos implicados, sino también por las complicaciones jurídicas que surgen cuando intervienen acuerdos internacionales de extradición. España y Argelia tienen un convenio bilateral en virtud del cual se facilita la entrega de delincuentes que hayan cometido delitos en ambos países.
Sin embargo, el principio de prescripción se convierte en un obstáculo en situaciones como esta, cuando el tiempo transcurre y los procedimientos se demoran.