Gasta el dinero de su empresa en Tarragona en lujos y no lo extraditan por riesgo de "tratos inhumanos"

La Audiencia Nacional ha cerrado la puerta a la extradición de un vecino de Reus reclamado por El Salvador, que lo acusa de haber cometido un delito de administración fraudulenta en una empresa farmacéutica veterinaria. La resolución concluye que enviarlo al país centroamericano pondría en peligro su integridad física y sus derechos fundamentales.

Todo comenzó dos años antes. El 15 de mayo de 2023, el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de Madrid abrió un procedimiento de extradición después de recibir una solicitud formal de las autoridades salvadoreñas. Ese mismo día, el hombre fue detenido en Capafonts "sobre las 12:15 horas, por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comisaría Provincial de Tarragona", en virtud de una Notificación Roja de la Interpol.

En los documentos enviados a España, la justicia salvadoreña le atribuía, junto con otras personas, el uso irregular de dinero de la compañía donde trabajaba. Concretamente, según consta en la resolución, se le acusa de "utilizar fondos de la sociedad para pagar gastos personales, artículos de lujo, reembolsos de compras realizadas con tarjetas de crédito personales y la emisión de cheques a nombre de empleados", por un importe de 275.285,11 dólares. También se le atribuye haber "manipulado los estados financieros" de la empresa.

El delito de administración fraudulenta, regulado en el artículo 218 del Código Penal salvadoreño, está castigado con penas de entre cinco y ocho años de prisión. Sin embargo, cuando el caso llegó a los tribunales españoles, el Ministerio Fiscal se opuso a la entrega. En su informe, alertó del "riesgo cierto de vulneración de los derechos humanos del reclamado en el supuesto de acordarse su entrega a El Salvador".

La defensa del reusense se sumó a ese argumento y reclamó la protección de su nacionalidad española y su derecho a un proceso con garantías. Finalmente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón a ambas partes.

En su auto, los magistrados señalan que "existe prueba sobre la concreta y real exposición del reclamado a tratos inhumanos o degradantes en el supuesto de que se accediese a su entrega". Y añaden una conclusión tajante: "No puede garantizarse que la situación que se encontrará el reclamado una vez extraditado sea de pleno respeto a los derechos humanos, ni puede garantizarse su integridad física y vital".

El tribunal basa su decisión en el contexto actual del país centroamericano. La resolución recuerda que "la República de El Salvador se encuentra actualmente bajo el estado de excepción [...] que suspende, por 30 días, los derechos y garantías establecidos en la Constitución". Y subraya que dicha situación "ha sido sucesivamente prorrogada hasta en 40 ocasiones [...] no existiendo constancia alguna de que no se vayan a producir nuevas y sucesivas prórrogas".

Los jueces citan informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Amnistía Internacional para respaldar su decisión. Según recoge la sentencia, la CIDH "instó al Estado de El Salvador a asegurar que las acciones de prevención y sanción a los crímenes y la delincuencia se implementen dentro de los límites y procedimientos que garanticen la seguridad pública y el respeto a los derechos y la dignidad humana".

Por su parte, Amnistía Internacional ha denunciado que "las autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática". La Audiencia Nacional, por su parte, concluye que no hay garantías suficientes de que el ciudadano reusense tenga un juicio justo ni de que pueda ser protegido en el sistema penitenciario salvadoreño, al que considera en una situación crítica.

Los magistrados añaden que "en las cárceles de dicho país se producen continuas y graves situaciones de vulneración de derechos humanos, que no pueden ser controladas por el Gobierno". Por todo ello, el tribunal determina que debe procederse a la denegación de la extradición.

El fallo también recuerda que no es la primera vez que España rechaza una petición similar: "Existen precedentes de no concesión de la entrega a la República de El Salvador", señala la resolución, mencionando casos anteriores de 2022 y 2024 en los que se adoptó la misma decisión por motivos humanitarios. Con lo cual, el vecino de Reus, en libertad tras su detención, no será enviado a El Salvador, y su caso queda archivado en la Audiencia Nacional.