Una década de sospechas y 136.000 euros desaparecidos: así estalló la investigación a un administrador de Tarragona

El caso del presunto desvío de fondos en la urbanización Mas d’En Gerembí, en El Catllar, ha dado un paso decisivo. El presidente de la comunidad de propietarios, Koldo Olalla, confirma que ya ha acudido al juzgado para ratificar la denuncia presentada contra el antiguo administrador de la finca, investigado por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental.

“El lunes fui a ratificar la demanda y para el 5 y 6 de noviembre está prevista la toma de declaraciones al investigado y a los testigos”, explica Olalla. “Creo que somos cinco o seis vecinos los que compareceremos ante el juez”, añade.

Una década de sombras y desconfianza

La querella, que, tal y como avanzó EFE, ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, fue avanzada por el Diari y se centra en la gestión económica del acusado, quien administró la comunidad entre 2008 y 2022. Según la denuncia, su etapa estuvo marcada, presuntamente, por una década de opacidad: falta de rendición de cuentas, ausencia de juntas vecinales y movimientos bancarios sin justificación documental.

El juzgado ha ordenado ya una batería de diligencias. La Policía Nacional elaborará un informe patrimonial integral sobre el investigado; CaixaBank deberá entregar todos los movimientos de la cuenta comunitaria de esos años, y un perito contable independiente analizará el destino del dinero.

De acuerdo con la querella, los vecinos sostienen que el administrador habría desviado cerca de 136.000 euros y dejado tras de sí más de 25.000 euros en deudas, entre ellas los pagos pendientes del canon del agua a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA). “Él emitía los recibos con las liquidaciones, pero luego no lo declaraba a la ACA”, denuncian los vecinos. 

Aquellas cuotas, según explican, nunca llegaron al organismo autonómico, lo que generó una deuda. De hecho, Olalla afirma que el administrador pagó unos 9.600 euros a cuenta de la deuda de la urbanización con la ACA.

¿Cómo empezó todo?

Hay que remontarse hasta el 2013. En noviembre, se realizó la última asamblea con el antiguo presidente, quien falleció en el 2015. La siguiente junta de vecinos se llevó a cabo años después, el 28 de julio de 2017. 

En aquella reunión, se eligieron nuevos mandatarios, "pero el administrador no hizo caso a la presidenta entrante, no le dio ni poderes ni firma en la cuenta de la comunidad", sigue.

El siguiente capítulo de la historia, supuestamente, sucedió en febrero de 2020. Tal como explican los vecinos, se pidió que se convocara una nueva junta, pero llegó el confinamiento. "Ni nos contestó", explica.

A partir de ahí, la comunidad realizó dos solicitudes más y, el 15 de octubre de 2022, con el 25% de las cuotas de participación, se formó una nueva junta con Olalla como presidente. 

En el acta, se expuso que "la exvicepresidenta (dimitida) explica su hartazgo por la actitud del secretario administrador, que, en los últimos años, nunca ha presentado el estado de las cuentas, ni los balances, ni movimientos bancarios, a pesar de que se le han reclamado".

El inicio de las investigaciones

Con la nueva junta y ante las sospechas de sus integrantes, se dieron por iniciados los trámites para indagar en las cuentas comunitarias. Tras las primeras pesquisas, los vecinos decidieron solicitar al banco los movimientos desde 2013.

Indican que el descubierto superaba los 100.000 euros: "Se entiende que una parte de ese dinero son sus honorarios, pero no presentó las facturas ni nos entregó la documentación", apunta Olalla. 

También explica que hallaron transferencias a nombre del propio administrador, retiradas de efectivo y pagos con conceptos en clave como 'HON' o 'ABC'. En algunos casos, incluso detectaron traspasos entre distintas comunidades, lo que incrementó las sospechas de un manejo irregular del dinero común.

"Extrajo unos mil euros de la cuenta la semana antes del 15 de octubre y, el 20, los servicios jurídicos le bloquearon el acceso", señala Olalla, quien envió un correo al administrador en el cual le comunicaba su cese. Además, también se le pidió que entregara la documentación que poseía.

La comunidad también solicitó al banco el documento que autorizaba al administrador a operar el dinero. Apareció una hoja fechada el 18 de diciembre de 2019: un acta supuestamente falsa de una junta que nunca se celebró. En ella, figuraban como asistentes incluso vecinos fallecidos y se otorgaban poderes exclusivos al administrador para manejar las cuentas bancarias.

Esa presunta falsificación —hoy en el centro de la investigación judicial— habría servido, según la denuncia y presuntamente, para mantener su control sobre los fondos comunitarios.

De la vía administrativa a los tribunales

Antes de llegar a la justicia ordinaria, la comunidad elevó el caso al Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona (COAFT). El organismo abrió un expediente disciplinario y acabó inhabilitando al administrador durante un año por dejación de funciones.

El expediente no abordaba los posibles delitos penales, pero sí recogía indicios de mala praxis: no presentación de balances, ocultación de requerimientos de pago, cambios de comercializadora eléctrica sin informar y falta de entrega de documentación en plazo.