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El pleno del Ayuntamiento de Torredembarra anularà hoy uno de los alquileres que investiga la Fiscalía Anticorrupción en la instrucción de un delito contra la administración pública que afecta gran parte del antiguo equipo de gobierno, según consta en el orden del día del pleno municipal. En el pleno se debatirá iniciar un procedimiento de revisión de oficio de dos acuerdos tomados por la junta de gobierno local, uno en el año 2011 para alquilar un local con derecho a compra en la calle Garraf número 13 a la empresa Bambú Torredembarra SL.
El otro acuerdo, tomado en 2013, era una revisión de este contrato y el precio pasó de 6.000 euros mensuales a 4.000, ha explicado el concejal socialista Jordi Solé. El local está vacío y sin uso desde que lo arrendó el consistorio, entonces gobernado por el anterior alcalde Daniel Masagué (CiU), con el apoyo del PP y de los independientes del GIT.
El juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell investiga, bajo secreto de sumario, un delito contra la administración pública y en la pieza separada número 1, que no es secreta, intervienen el fiscal anticorrupción de Madrid y el de Barcelona.
En la votación de hoy tendrán que abstenerse todos los concejales imputados en esta pieza, los denunciantes e incluso el secretario municipal. Así, tendrán derecho a voto los ediles del grupo socialista -excepto el alcalde, Enric Granjel, en calidad de denunciante y dos concejales de CiU. También tendrán derecho a voto las dos concejales del PP, uno de ERC y, por parte de la oposición, los dos ediles de Alternativa Baix Gaià y los dos de Agrupación Democrática de Torredembarra.
El secretario municipal tampoco podrá intervenir, puesto que había advertido al gobierno de Masagué que los alquileres no habían respetado ninguna tramitación administrativa y finalmente, denunció estos contratos a la Oficina Antifrau.
Mantienen un alquiler
El ayuntamiento no pretende anular el otro contrato de alquiler, subscrito con la empresa Vicsan -ahora con la Sareb tras la quiebra de aquella empresa- puesto que se han invertido 600.000 euros para adecuarlo como sede de la Policía Local.
Hay que recordar que el local se arrendó también con derecho a compra en el 2011, pero la comisaría se estrenó el mes de junio pasado y poco tiempo después, aparecieron goteras.
Además de la denuncia del secretario, el grupo municipal del PSC y la regidora Montse Gassull, en aquel periodo representante de ERC y ahora en el grupo de los no adscritos, denuciaron a la Fiscalía los dos contratos de alquiler, la concesión del suministro del y el contrato con una consultora externa.
La investigación dio un vuelco después de la denuncia ante la Guardia Civil de Gassull y de un extrebajador de Masagué, que desembocó en un exhaustivo registro del ayuntamiento, del domicilio del alcalde y de varias empresas el 26 de junio pasado.
