Vecinos de los bloques de VPO en Vila-seca piden soluciones para seguir en sus pisos

Hace más de diez años que muchos de ellos entraron a vivir en sus pisos. Una promoción de alquiler de protección oficial que se erigió en el barrio Miramar y que está gestionada por parte de InmoCaixa. Sin embargo, en 2021 la entidad dejó de renovarles los contratos con el objetivo de comenzar a desprenderse de activos inmobiliarios. Desde entonces, muchos de los inquilinos a los que se les cumple el contrato han ido marchándose. Hace un par de meses, a los que continúan les enviaron una oferta de compraventa para sus viviendas como única alternativa para cuando terminen sus contratos.

«Al pasar diez años, alegan que los pisos han perdido la calificación de protección oficial y han encontrado vía libre para venderlos», explican algunos de los vecinos que siguen viviendo en estos bloques. En algunos casos, sus contratos ya han vencido, pero continúan pagando religiosamente el alquiler con la esperanza de que la situación actual revierta. Denuncian, además, que los precios a los que les ofertan las viviendas «son totalmente desorbitados. Nos piden más de 200.000 euros cuando justo al lado hay una promoción nueva, con muchos mejores acabados, donde los están vendiendo por 190.000». Y es que los defectos de obra y los problemas de mantenimiento a lo largo de todos estos años han sido otro quebradero de cabeza para los inquilinos.

Veinte pisos vacíos

En 2011 se inauguró esta promoción, que consta de tres bloques situados entre la Via Màxima y el paseo Ciutat de Melbourne. En total, 56 viviendas de dos y tres habitaciones y entre 64 y 86 metros cuadrados de superficie. De todas ellas, una veintena ya están sin habitar y tapiadas con puertas antiocupas, algunas desde hace más de dos años. En 15 días, otros tres vecinos que terminan contrato abandonarán sus pisos y se sumarán a esta lista. Desde hace tiempo, InmoCaixa ha puesto a la venta algunos de estos pisos a través de inmobiliarias, aunque por el momento todos continúan cerrados a cal y canto.

Los vecinos, que cuentan con la colaboración del colectivo local L’Espiga de Foc, denuncian que la entidad mantenga todos estos pisos vacíos, «con todas las dificultades que hay en Vila-seca para encontrar una vivienda» y exigen a las administraciones públicas que muevan ficha. «En su día hicieron una gran fiesta para anunciar que entrábamos a vivir, pero ahora no hacen nada para que se cumpla con la legalidad sobre viviendas de protección oficial», lamentan.

En este sentido, los vecinos con los que ha hablado el Diari, aseguran sentirse desamparados por parte de las administraciones, tanto la Agència Catalana de l’Habitatge como el Ayuntamiento de Vila-seca, después de casi dos años luchando por su situación. «Todos miran para otro lado y se lavan las manos», expresan, al tiempo que reclaman «que se implique nuestro alcalde y que haga presión para que InmoCaixa ceda y continúe con los alquileres sociales». Afirman, además, que en los últimos ocho meses han pedido hasta en tres ocasiones reunirse con Pere Segura, pero no lo han conseguido.

Interlocución «sin éxito»

Por su parte, desde el consistorio vilasecano aseguran ser conocedores de la situación que viven estos vecinos y manifiestan que han hecho llegar a la entidad «la situación de vulnerabilidad de las familias afectadas para que pueda tenerse en cuenta a la hora de mantener su régimen de alquiler social». Así, tanto la concejal de Acció Social como la de Habitatge ya han mantenido reuniones con algunos vecinos, «para poder conocer las situaciones de cada uno de ellos así como las posibles alternativas a cada situación», señalan desde el Ayuntamiento.

Asimismo, fuentes municipales explican que la concejalía de Acció Social hace tiempo que está en conversaciones con interlocutores de InmoCaixa, aunque reconocen que «sin demasiado éxito». En este sentido, detallan que el último contacto se produjo hace 15 días, aproximadamente, y fue cuando «se hizo traslado de la demanda del Ayuntamiento para que se asegure el mantenimiento del alquiler social a las familias con más dificultades económicas».

El Ayuntamiento encarga un informe jurídico externo

El Ayuntamiento de Vila-seca asegura que está haciendo gestiones para que InmoCaixa mantenga la condición de protección social de estas viviendas. En este sentido, apelan a un artículo del decreto del Pla per al Dret de l’Habitatge donde se dicta que «se tiene que mantener el régimen de alquiler para aquellas personas que por motivos económicos no puedan optar a la compra de la vivienda», hasta 30 años después de la calificación de la vivienda, lo que daría vigencia a estos arrendamientos hasta 2031. Ahora, el consistorio ha encargado un informe externo que esclarezca esta información dadas, dicen «las dificultades que pueden suponer la interpretación del decreto y el régimen jurídico».