La Generalitat frena la asamblea electoral en la FCF solicitada por el Nàstic de Tarragona

La Generalitat de Catalunya ha cerrado la puerta a la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria con fines electorales anticipados en la Federació Catalana de Futbol (FCF). Así lo recoge la resolución remitida a las partes por el Conseller d’Esports, Berni Álvarez, un documento de 23 páginas que concluye de manera clara que «la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria con finalidades electorales anticipadas no es jurídicamente admisible».

El informe respalda de forma explícita los criterios que la FCF ya había sostenido públicamente y que había comunicado a los clubes: la petición se sitúa fuera del marco normativo aplicable. La resolución recuerda, además, que el único mecanismo habilitado estatutariamente para el cese anticipado de los órganos de gobierno es la moción de censura, descartando así cualquier otra vía alternativa.

Ratificación de cargos, sí; elecciones, no

Pese a rechazar la asamblea con finalidad electoral, la Conselleria d’Esports sí insta a la Federació Catalana de Futbol a convocar una Asamblea General Extraordinaria con un único punto en el orden del día: la ratificación de tres cargos previstos estatutariamente. Este era uno de los puntos incluidos en la solicitud presentada por el Gimnàstic de Tarragona y la UE Olot, clubes impulsores de la petición inicial.

Esta asamblea se convocará y se celebrará con normalidad, de acuerdo con lo que establecen los estatutos federativos y la normativa vigente, limitando su alcance exclusivamente a la ratificación de los cargos.

Advertencia sobre el coste económico

Desde la FCF se recuerda a los clubes que la celebración de una asamblea supone un importante coste económico, tanto para la propia Federación como para los clubes participantes. En este sentido, la entidad ha anunciado que pedirá explicaciones a los clubes impulsores de la convocatoria por el gasto generado.

En cualquier caso, la Federació Catalana de Futbol se felicita por una resolución que, a su juicio, refuerza el principio de seguridad jurídica y garantiza el correcto funcionamiento institucional del organismo federativo.