El Consorci d'Aigües de Tarragona defiende su actuación en un contrato que investiga la justicia

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha defendido su actuación y la legalidad del contrato de una plataforma interna de gestión, por valor de 955.000 euros, que actualmente “se está ejecutando con normalidad”. El juzgado de instrucción número 6 de Tarragona investiga al expresidente del CAT Joan Alginet, y al secretario del consejo de administración, Jesús Martín, en una causa abierta por presunta prevaricación en la licitación de este contrato, el año pasado. Según ha avanzado la Vanguardia y confirmado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Alginet y Martín están citados a declarar el próximo 16 de septiembre. La causa se ha abierto a raíz de una denuncia particular. La licitación que se investiga se había recurrido al Tribunal Català de Contractes, que obligó el Consorci a adjudicar el contrato a la empresa que había perdido el concurso y que había presentado, inicialmente, una mejor oferta.

Según recuerda el CAT en un comunicado, el Consorci realizó una adjudicación a la empresa Marqués Professional Services Information Technology SL, que fue impugnada por la empresa perdedora del concurso, PKF ATTEST, y el Tribunal Català de Contractes resolvió finalmente a favor de los intereses de esta última. El Consorci interpuso un recurso contencioso administrativo contra esta resolución, que se está tramitando ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Una demanda apoyada por un dictamen pericial y un informe jurídico “elaborado por expertos independientes de prestigio”.

Però el CAT “cumplió” la resolución del Tribunal Català de Contractes y adjudicó el servicio a la UTE PKF ATTEST. 

Respecto a las acusaciones de mala praxis en la apertura de los sobres de las ofertas en el concurso público, el CAT entiende que se garantizaron los principios de concurrencia de las ofertas, competencia e igualdad de condiciones en la licitación. “En ningún caso se permitió reducir ni modificar ninguna de las ofertas presentadas inicialmente”.

El CAT també niega un posible caso de acoso laboral y prevaricación y se reserva la posibilidad de emprender acciones legales contra "denuncias falsas". Según recuerdan, el Consorci que gestiona el agua del minitrasvase del Ebre cuenta con un código ético y de conducta, así como un protocolo de abordaje del acoso laboral, y un canal interno de información y denuncias. En todo caso, se muestran plenamente abiertos a colaborar con la justicia, facilitando toda la información que se les requiera.