La fórmula española para los fondos Next Generation

Transcurrida una semana desde que España presentase ante la Comisión Europea (CE) su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el que aspira a captar hasta 140.000 millones de euros en forma de créditos y ayudas directas a empresas a través del instrumento extraordinario ‘Next Generation EU’, empiezan a concretarse las grandes líneas que dominarán el despliegue de estos fondos en los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Con algunos Estados miembros de la Unión todavía por entregar sus planes de inversiones y reformas (el plazo fijado para su recepción por parte de la CE venció el pasado 21 de abril), la propuesta española, con alrededor de 3.000 páginas en las que se desgranan las ayudas directas y sus asignaciones económicas, pero también las reformas asociadas, inicia su andadura.

A partir de cuatro ejes (Transición ecológica, Transformación digital, Cohesión social y territorial e Igualdad de género), distribuidos en diez palancas y treinta componentes (ver cuadro adjunto), el gobierno español ha propuesto a la Comisión Europea la distribución de 69.528 millones de euros en ayudas directas, a los que se les podrían llegar a sumar hasta 70.000 millones de euros más en forma de créditos.

«Me dan miedo las premuras para hacer en dos años lo que no hemos hecho en muchísimos años» Juan Antonio Duro, URV

Las primeras convocatorias de ayudas, que los más optimistas habían llegado a situar en este mismo mes de mayo, difícilmente llegarán antes del mes de julio, cuando no en septiembre. La aceleración o lentitud en el calendario dependerá, entre otras cosas, de cuándo dé por cerrada la Comisión Europea la aceptación de los planes que le remiten los Estados miembros (todo indica que aguardarán hasta finales de este mes de mayo), y de la ratificación de la legislación que permite emitir deuda común por parte de la media docena de Estados miembros que todavía no lo han hecho.

Si la Comisión Europea no logra acudir a los mercados de capitales durante el mes de junio, para emitir deuda por valor de 750.000 millones de euros con la que dotar el instrumento extraordinario Next Generation EU, el cierre de esos mercados durante el verano demoraría todo hasta el próximo otoño.

El plan presentado por España ante la Comisión Europea pretende captar 69.528 millones de euros en ayudas directas hasta el año 2023

Sea como sea, el trabajo que le tocaba hacer al gobierno español ya está hecho y presentado, y ahora solo queda esperar a la valoración que haga de él la Comisión Europea. Porque, aunque la posibilidad de lograr hasta 140.000 millones de euros está intacta, la CE ya ha advertido de que va a ser muy exigente con el cumplimiento de los criterios que guían el despliegue de estos fondos, y que en cualquier momento, tras una de las revisiones semestrales que se llevarán a cabo para evaluar su despliegue, puede cortarse la financiación si no se está cumpliendo con lo que se ha plasmado en este plan.

«Se requiere una valentía y unos consensos que, en plazos tan cortos, no los veo posibles» Miquel Àngel Fúster, Col·legi d’Economistes de Catalunya

A la espera de la concreción
¿Hasta qué punto se ajusta el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el gobierno español a los criterios fijados por la Comisión Europea? ¿En qué medida será capaz de cumplir con las expectativas de transformación económica profunda? Todavía pronto para sacar conclusiones hasta que no empiecen a materializarse las primeras convocatorias, sí pueden hacerse ya algunos análisis generales.

Juan Antonio Duro, catedrático de Economía en la Universitat Rovira i Virgili (URV) y director de la Càtedra d’Economia Local i Regional, admite que «el riesgo de repetir un nuevo ‘Plan E’ siempre existe [un plan que en la crisis de 2008 incentivó la obra pública con un buen número de infraestructuras discutibles], y esta presión seguro que la tiene el Gobierno y seguro que existirá».

Dicho lo cual, «temáticamente, el plan de recuperación que acaba de presentar el Gobierno está basado en la guía que ha hecho la Unión Europea, con una serie de ítems para toda Europa, que ha visto el peligro de la pérdida de peso de la Unión en todo el mundo. No nos podemos quedar atrás, y aquí es donde llega el tema de la transformación, con la transición energética y la digitalización de forma destacada. Son dos tipologías de proyectos que ya las teníamos antes de la pandemia, pero que ahora se han acelerado».

Miquel Àngel Fúster, presidente del Col·legi d’Economistes de Catalunya en Tarragona, ve «positivo el plan», aunque lamenta que «para los primeros desembolsos nos presentamos en otoño, y vamos tarde». Coincide en que «es muy relevante que la UE tutele y marque a los estados las reformas», porque «no puede ser otra vez un plan para hacer rotondas y aeropuertos que no usa nadie», añade en relación al precedente del ‘Plan E’. 

Cuando se empieza a entrar al detalle en el texto presentado ante la Comisión Europea, este economista explica que «de los diferentes grandes ejes que hay en este plan, la letra pequeña no es tan glamurosa como los grandes titulares: es una tramitación que irá más lenta de lo que pensamos y, como crítica, diría que se trata de un plan muy sustentado en unos ejes pensados en clave de grandes multinacionales. Temo que a la pyme le llegará poco».

«Las grandes empresas pueden hacer de tractores, pero las pymes deberían recibir una parte más significativa» Jordi Ciuraneta, Pimec

La incógnita de las pymes
Si bien es cierto que las manifestaciones para que estos fondos de recuperación y transformación lleguen a las pymes impregnan todo el documento, cuando se examina con detalle por partidas presupuestarias, el resultado es que, de forma explícita, las pymes figuran en uno de los 30 componentes en que se divide el plan, bajo el enunciado ‘Impulso a la pyme’. A este componente se quieren destinar en toda España 4.894 millones de euros de los 69.528 millones previstos en ayudas directas, lo que representa un 7% del total.

Un porcentaje que, desde organizaciones empresariales como Pimec, ven claramente por debajo del peso que tienen las pequeñas y medianas empresas en nuestro tejido económico. Jordi Ciuraneta, presidente de Pimec en Tarragona, lamenta que a las pymes todavía no les haya llegado «mucha información». Y, aunque «entendemos que las grandes empresas pueden hacer de grandes tractores, hay que reconocer también que tienen la suerte de tener una red de pymes alrededor que les da la oportunidad de ser competitivas».

«En una primera lectura -analiza Ciuraneta-, el plan no nos acaba de convencer, porque el impulso a las pymes representa solo el 7% del total, cuando las pymes deberían recibir una parte más significativa». Además, la perspectiva de que, de un día para otro, empiecen a publicarse convocatorias concretas a las que aplicar para beneficiarse de estos fondos lleva a Ciuraneta a destacar que «tendremos poco tiempo y, además, lo tendremos que hacer bien».

Frente a ese 7% destinado de forma explícita a las pymes contraponen en esta organización los 4.315 millones de euros (un 6,2% del total) destinados a ‘Modernización de las Administraciones Públicas’, que con 3,3 millones de trabajadores en todo el Estado son una tercera parte de los 9 millones de personas que trabajan en pymes en toda España.

El ‘Impulso a la pyme’ supone un 7% de las ayudas directas previstas

En opinión de Juan Antonio Duro, de la URV, aunque se entiende la lógica de que las grandes empresas ejerzan de tractor en estas grandes transformaciones «hay un punto intermedio entre atomizar las ayudas y que las pymes no se vean beneficiadas. Para ello es necesario que haya un sistema de gobernanza donde las propias empresas se pongan de acuerdo para poner en marcha proyectos. Hemos de encontrar un nivel intermedio. A priori, creo que el peso de las pymes tendría que ser más importante, pero sobre todo se les ha de dar voz y que se organicen para solicitar proyectos».

La concreción de este plan cuando se plasme en convocatorias específicas dirá hasta qué punto se ha trabajado en esos mecanismos de gobernanza y cuál ha sido el grado de información, transparencia y facilidad de participación (algo que, por otro lado, desde la Comisión Europea se ha señalado como clave).

Reformas a toda marcha
Pero, independientemente de las inversiones planteadas, hay un segundo eje en este plan, igualmente central, que trata sobre las reformas asociadas. Unas reformas que han sido ya desglosadas y que deben sentar las bases de la dimensión transformadora de este plan, que en ningún caso se limita a una reactivación o recuperación sin más.

Con el añadido de que esas reformas deben implementarse en tiempo récord (por lo menos, para los estándares españoles), a medida que avanza el calendario de desembolsos en los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Aquí es donde puede estar el mayor escollo ante la auditoría de seguimiento que pondrá en marcha la Comisión Europea, más que en cómo se materializan las convocatorias para ayudas directas o créditos a empresas.

Las primeras convocatorias llegarán, como pronto, el próximo mes de julio

«Las transformaciones requieren tiempo -reflexiona Juan Antonio Duro, de la URV-, y me dan miedo las premuras para hacer en dos años lo que no hemos hecho en muchísimos años». Miquel Àngel Fúster, del Col·legi d’Economistes de Catalunya, coincide: «La reforma laboral, de las pensiones, de las Administraciones Públicas y su digitalización... habrá que ver cómo llegamos a ellas al detalle y hasta qué punto la UE irá abriendo los fondos».

«Algunas de estas reformas -añade Fúster- son muy complicadas de llevar a cabo en este plazo. Y, desde luego, de lo que no va esto es de reformas laborales y contrarreformas que se vayan alternando en cada cambio de Gobierno. Esto requiere mucha valentía y llegar a unos consensos que, en plazos tan cortos, no los veo posibles. Eso significa que, si no se cumplen los objetivos, en estas revisiones de la UE se pueden suspender los desembolsos previstos».

«La posibilidad histórica está ahí -concluye Fúster-, pero hay que estar a la altura para que sirva y haya un verdadero cambio de modelo».