El abogado de González Amador acusa al fiscal de “arrasar” la inocencia de su cliente

La defensa del empresario Alberto González Amador —que ejerce como acusación particular en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo (TS)— considera que este último “arrasó” la presunción de inocencia de su cliente al supuestamente filtrar un correo en el que aceptaba un delito tributario.

“Se transmite que es un delincuente confeso y se da por hecha una sentencia pública de condena antes incluso de que hubiera iniciado un procedimiento penal”, declaró el abogado Gabriel Rodríguez en la última jornada del proceso. Según añadió, la Fiscalía estaba “plenamente alineada” con “el relato” del Gobierno de España y del PSOE, convirtiendo al empresario en una “moneda política” por su relación con la popular Isabel Díaz Ayuso.

“No era necesario (…) para neutralizar ninguna mentira, pero sí se construyó un relato público o institucional de confesión y culpabilidad firmado y en boca del Ministerio Fiscal”, afirmó el letrado, criticando el comunicado de la Fiscalía que incluía detalles sobre el acuerdo de conformidad en el que los abogados de González Amador se abrían a aceptar un delito tributario. A su juicio, esto sirvió para generar una “sentencia popular” condenatoria contra el empresario.

“Las conductas del Ministerio Fiscal se alinean totalmente con el relato que integraba la política de comunicación del Gobierno de España y del PSOE. El relato institucional de confesión y culpabilidad de la Fiscalía y el relato político del ‘delincuente confeso’ eran idénticos”, indicó Rodríguez en la presentación de su informe final. Según su defensa, no se difundieron conversaciones sobre un acuerdo de conformidad, sino que se presentó al empresario como “delincuente confeso” antes incluso de iniciarse cualquier procedimiento.

Durante su intervención, la acusación particular también cuestionó a algunos periodistas testigos del caso, preguntando qué problema habría supuesto para ellos mostrar sus chats con el fiscal general para demostrar que no eran su fuente. Según la defensa, las declaraciones de los periodistas deben valorarse considerando que los medios protegen sus fuentes por intereses económicos y profesionales.

Además, sostienen que García Ortiz quería recibir los correos sobre el acuerdo de conformidad en su cuenta personal de Gmail para que no quedaran dentro de los sistemas de control de la Fiscalía General. La acusación, que habló durante más de una hora, también criticó que el fiscal general borrara de sus teléfonos conversaciones y mensajes relacionados con los hechos juzgados y cambiara de terminales.

Ven una “autoincriminación velada” del fiscal

Tras la intervención del abogado de la acusación particular, hablaron el resto de acusaciones populares, desde el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) hasta la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), pasando por entidades ultraconservadoras como Manos Limpias o Hazte Oír. Todos insistieron en los vacíos que observan en la defensa del fiscal general y en su culpabilidad por el delito de revelación de secretos, por el que se le piden hasta seis años de prisión.

En el caso del abogado del ICAM, Ignacio de Luis, se refirió a la frase con la que el fiscal general cerró su interrogatorio: “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”, y afirmó que podría implicar una “autoincriminación velada”. “Esta frase, que puede ser muy poética, es maquiavélica”, subrayó, señalando que jurídicamente tiene un componente de reconocimiento “muy singular”.