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Las entidades de apoyo a migrantes avisan: "El permiso de residencia no es la nacionalidad"

En los últimos días, las asociaciones han recibido un aumento de llamadas de personas con muchas dudas sobre la nueva regularización

Imagen de archivo de dos jóvenes migrantesFOTO: EFE

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Las entidades de apoyo a migrantes advierten que la nueva regularización genera mucha confusión entre la ciudadanía que puede beneficiarse de ella. La ACN ha hablado con asociaciones que acompañan a los recién llegados, y explican que en los últimos días han recibido un aumento de llamadas de migrantes que preguntan sobre la regularización. Uno de los principales interrogantes es sobre los plazos y los trámites, pero también sobre el permiso que pueden obtener con esta medida del gobierno español. Desde la ACSAR alertan que se necesitan más recursos económicos y humanos para evitar un "bloqueo". El abogado Bernardo Casique, que asesora a migrantes y entidades, señala que debe advertirles que "la residencia no es la nacionalidad". El abogado duda que las solicitudes se resuelvan en pocos meses.

El abogado Bernardo Casique reside en Cataluña desde 1993, cuando llegó con 35 años. Nacido en Perú, Casique celebra la medida impulsada por el gobierno español, que califica de "acertada". Desde su despacho en Barcelona, el letrado explica que ha notado "desinformación" sobre el proceso de regularización. Y que muchos migrantes dudan sobre si esta medida les otorgará el derecho a obtener la nacionalidad española. "Confunden la residencia con la nacionalidad, y son dos trámites diferentes", reitera.

Casique exige que el Estado tenga en cuenta los antecedentes penales de las personas que soliciten el nuevo permiso. Pero advierte que las detenciones o procesos pendientes no pueden considerarse antecedentes penales, porque muchos terminan en absoluciones. También avisa que Extranjería ha denegado muchos permisos solo a partir de detenciones policiales.

Además, Casique duda que las solicitudes de los migrantes que quieran acogerse a esta nueva regularización se resuelvan en tres meses. Según el abogado, una vez que se recibe la solicitud, el Estado debe pedir informes al Registro Central de Penados y Rebeldes, así como a la Dirección General de Policía para verificar si hay algún caso con antecedentes. Esto, según el abogado, no se puede resolver en tan solo 15 días.

El letrado confía en que los trámites sean más ágiles a partir de ahora, con un aumento de recursos y de personal humano implicado en el proceso. Casique destaca así la importancia de que los recién llegados puedan darse de alta en la Seguridad Social y obtener permisos de residencia y laborales: "Es necesario que puedan cotizar, acceder a prestaciones, tener derecho a paro y a pensión de jubilación".

Más recursos para la nueva regularización

Desde la cooperativa Mujeres Pa'lante, Leire explica a la ACN que en estos días están recibiendo más solicitudes y llamadas que de costumbre. La entidad, integrada por mujeres jóvenes migradas, asesora a las socias sobre qué documentación deben aportar y qué trámites deben gestionar para los menores de edad. Tienen casos, por ejemplo, de recién llegadas que llevan años viviendo en el Estado, pero que no están empadronadas.

Leire insiste en que se necesitan más recursos económicos y, sobre todo, humanos para hacer viable la nueva regularización. Y pone como ejemplo la situación de mayo de 2025, cuando se modificó la ley de extranjería. La norma pretendía simplificar trámites y redefinir el arraigo para facilitar la regularización. Pero, tal como lamentan desde Mujeres Pa'lante, aún hay personas que esperan respuesta de Extranjería.

De hecho, denuncian que hay casos de migrantes que han recibido una notificación desfavorable de su solicitud de regularización, a pesar de haber entregado toda la documentación correctamente. "Envían el comprobante, pero cuatro meses después todavía no han recibido respuesta", añade. Además, alerta de que los trámites "no son nada ágiles". "Tememos que con la nueva medida de regularización haya un cuello de botella terrible", concluye.

Jornadas y red colectiva

Una de las tareas que realizan desde Mujeres Pa'lante para resolver las dudas sobre la regularización es explicar cómo pueden demostrar los años de residencia en España. De esta manera, se encargan de insistir en que una matrícula en el gimnasio o las facturas de luz pueden servir como documentación útil para presentar en el proceso. La entidad no tiene una asesoría jurídica directa, pero trabaja en red con otras asociaciones que sí la tienen.

Un ejemplo de ello es la Asociación Comunitaria Filipina EAMISS. La entidad organizó una jornada de trabajo el sábado 31 de enero, a la que asistieron decenas de personas. La necesidad de estas charlas ha llevado a EAMISS a organizar otra para el sábado 14 de febrero en el Centro Cívico Cotxeres Borrell, donde se espera más de un centenar de personas. La sesión de asesoramiento se centrará en la nueva regularización de migrantes.

Es el caso de Himig, una doula filipina sin permiso de residencia, que ha solicitado asesoramiento a una de las entidades que acompaña a migrantes. Esta vecina del Raval, de 32 años, no sabía si podría solicitar la regularización para ella y su familia. Gracias a la red comunitaria del barrio, ya está buscando la documentación que pretende entregar para solicitar el permiso de residencia y trabajo. Himig, empadronada en Cataluña desde antes del 31 de diciembre de 2025 y con más de 5 meses de estancia permanente, confía en recibir la regularización.

La necesidad de la ventanilla única

En conversación con la ACN, el técnico de Proyectos de la Fundación ACSAR, Ramón Català, advierte que la regularización de migrantes otorgaría permisos de trabajo y residencia por un año. Así, constata que será necesario ver qué sucede cuando finalicen esos 12 meses y si el sistema podrá gestionar los trámites de arraigo que se pedirían. A ACSAR le preocupa que, con la regularización, se busque precisamente fomentar el uso de la figura de arraigo en detrimento de las solicitudes de asilo en casos en los que sería necesario hablar, sobre todo, de protección internacional.

Por otro lado, Català resalta que el mecanismo de la ventanilla única facilitaría "enormemente" los trámites y, por lo tanto, el acceso a los derechos de las personas recién llegadas y migrantes. El representante de la asociación reitera que, si no es a través de la ventanilla única, sería necesario encontrar alguna otra "alternativa funcional".

Finalmente, el técnico de ACSAR subraya que se debe combatir los discursos de odio a través de la sensibilización y la lucha contra la desinformación. La asociación también considera que la regularización de migrantes es una medida "positiva y valiente" frente a la extrema derecha y los partidos racistas y xenófobos que hacen del fenómeno migratorio su "bandera" con un discurso discriminatorio.

Un proceso de abril a junio

El gobierno de España quiere iniciar la tramitación de la regularización extraordinaria de personas migrantes con el objetivo de aprobarla mediante un real decreto. La iniciativa busca dar respuesta a la situación de cientos de miles de personas que ya viven en el Estado, pero no han podido acceder a los circuitos ordinarios de regularización.

El proceso está dirigido a personas que ya se encontraban en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar 5 meses de permanencia continuada en el momento de la solicitud. También se incluyen personas con solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas. Entre los requisitos se mantiene no tener antecedentes penales ni representar un riesgo para el orden público.

Las personas que cumplan los criterios obtendrán una autorización de residencia de un año, que les permitirá trabajar desde el primer día en cualquier sector y en todo el territorio estatal. El ejecutivo español prevé que las solicitudes se puedan empezar a presentar a partir de abril de 2026, y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.

También se incorpora la regularización de los hijos menores que residen en España, quienes podrán obtener permiso por cinco años. La medida retoma una iniciativa ciudadana respaldada por más de 700.000 firmas.