Tres personas serán juzgadas mañana jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona acusadas de formar parte del entramado de una empresa de Salou sin actividad comercial alguna que redactaba falsos contratos de trabajo para que otros cinco encausados pudieran cobrar del paro o residir legalmente en España.
Tres de los procesados son los administradores o apoderados de la empresa. Se enfrentan a cinco años y nueve meses de prisión y a que durante siete años no puedan obtener subvenciones, beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social como autores de un delito continuado de fraude a la Seguridad Social, además de pertenencia a grupo criminal y otro delito de falsedad en documento oficial y mercantil.
Por otro delito de falsedad en documento oficial y mercantil se les piden tres años más de cárcel y el pago de una multa de 4.3209 euros.
Contratos falsos
Los otros cinco encausados son personas que se beneficiaron directamente de los contratos falsos. Se enfrentan a tres años de prisión y multa de 3.000 euros por cuatro delitos de fraude a la Seguridad Social y cuatro de falsedad en documento oficial y mercantil.
La Fiscalía de Tarragona, en su escrito de acusación, recoge que entre 2013 y 2015, tres de los procesados –dos como administradores y uno como apoderado– se concertaron para conseguir un ilícito beneficio a costa del sistema de la Seguridad Social utilizando la mercantil Belabes 2009 SL –constituida el 20 de noviembre de 2009–, con sede en la calle Major de Salou. Dicha empresa tenía como objeto social el comercio al por mayor y al por menor de productos relacionados con la hostelería y el comercio, y al por mayor de toda clase de productos alimenticios y de bebidas.
Los anteriores acusados contactaron con los otros cinco procesados. Les proporcionaron, a cambio de una suma de dinero, contratos laborales ficticios en los que figuraba como empleadora la mercantil Belabes 2009 SL. Pero esta carecía de toda actividad comercial y económica en aquellas fechas.
Paro y extranjería
Y todo con el objetivo de que aquellos cotizaran a la Seguridad Social como supuestos trabajadores y así pudieran obtener fraudulentamente del Servicio Nacional de Empleo las prestaciones correspondientes al desempleo o de la correspondiente Subdelegación del Gobierno los permisos o renovaciones administrativas en materia de extranjería una vez que eran simuladamente despedidos o se desvinculaban voluntariamente, «pues nunca desempeñaron tarea laboral alguna para la citada empresa durante el tiempo que estuvieron dados de alta en la misma».
Cuatro lo hicieron para cobrar del desempleo. Se beneficiaron de 3.673, 4.118, 1.278 y 639 euros. El quinto lo hizo para residir en territorio nacional como familiar comunitario. En este último caso se solicita por el fiscal que se anule la resolución de la Subdelegación del Gobierno en la que se acordaba la concesión de autorización de residencia permanente por familiar de comunitario.
Todos pagaron a la empresa Belabes 2009 SL una cantidad indeterminada de dinero por los falsos contratos de trabajo.
