El gran apagón eléctrico ibérico del 28 de abril sigue resonando. Cuidándose mucho de no establecer una conexión directa con él, desde Foro Nuclear, la asociación que representa a las principales empresas vinculadas al sector de la generación nuclear en España, confirmó que hay un diálogo abierto y fluido entre el Gobierno y las empresas eléctricas propietarias de los siete reactores nucleares en operación en España, para revisar las condiciones del calendario de cierre de estas instalaciones.
En breve, como muy tarde en verano, se producirá la petición formal por parte de las eléctricas para revisar ese calendario, según avanzó Foro Nuclear. Se trata de una acción sobre la cual han insistido diferentes miembros del Gobierno en sus últimas comparecencias, como requisito previo a cualquier movimiento.
En un encuentro con periodistas, el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, aseguró que «hay un diálogo, las empresas están hablando con el Gobierno. No hay una petición formal, pero no quiere decir que no haya diálogo». Unas conversaciones que se han intensificado a partir del gran apagón eléctrico del 28 de abril, y que tienen algunos puntos que van a tener que entrar en esa revisión.
El primero de ellos y más urgente es la revocación de la orden ministerial de cierre definitivo de Almaraz I (previsto para noviembre de 2027), que sería el primero en el calendario de cierres hasta 2035. El segundo de ellos es la fiscalidad que pesa sobre las centrales nucleares, la cual aseguró que es «altísima», a la vez que defendió una «rebaja fiscal» para hacer viable la generación nuclear.
Ignacio Araluce explicó que, a día de hoy, el coste medio de una central nuclear, incluyendo amortizaciones, está en torno a los 39 euros el megavatio hora (MWh). A esa cantidad hay que sumarle otros 28 euros por megavatio hora entre tributos y tasas, lo cual implica «una barrera de entrada en el mercado muy alta».
Esa rebaja de la fiscalidad defendida por las empresas que integran Foro Nuclear no se orienta, sin embargo, a rechazar el pago de la gestión de residuos (la ‘tasa Enresa’), aunque se mostró crítico con los últimos cambios aplicados en ella. Al pasar de un solo almacén centralizado a diversos almacenes en el mismo emplazamiento de los actuales reactores, la gestión prevista de esos residuos se ha encarecido. Desde Foro Nuclear insisten, además, que eso no es lo que se había acordado.
«El que contamina, paga -aclaró Ignacio Araluce-, y somos el único sector que va a pagar por adelantado todo lo que va a contaminar. Lo único con lo que no estamos de acuerdo es con la última subida que hemos tenido, porque no se ha llegado a un acuerdo institucional y social».
El caso de Catalunya
En esta presión fiscal que aseguran que reciben las centrales nucleares tienen un papel nada despreciable los impuestos autonómicos, donde Ignacio Araluce destacó a la Generalitat de Catalunya como «la que más cobra de las comunidades autónomas, con 6,6 euros MWh».
En este contexto, destacó el reciente movimiento hecho por la Comunitat Valenciana, que la semana pasada anunció la eliminación de un impuesto autonómico que afectaba a la central nuclear de Cofrentes.
Respecto a Catalunya, el presidente de Foro Nuclear alertó que el cierre previsto de los tres reactores en esta comunidad autónoma (entre 2030 y 2035) es un escenario que «Catalunya no puede permitirse» con el pobre avance en el despliegue de renovables y de sistemas de almacenaje de energía (baterías y centrales hidroeléctricas reversibles). Una alerta que extendió al conjunto del sistema. «Ha de haber un replanteamiento de la situación. Si cierran las centrales nucleares, yo creo que lo pasaremos mal».
