El Govern de la Generalitat arrancará 2024 con los presupuestos por aprobar, por lo que, de momento, se prorrogarán los actuales hasta que se produzca un acuerdo en el Parlament. Esto significa que a pesar de las protestas de la sanidad pública, que ha sacado a los profesionales a la calle, el dinero destinado será el mismo que este año, que ya se consideraba «insuficiente». Por comunidades, en la misma situación se encuentran Castilla y León y Navarra. Son datos de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) publicados esta semana. La FADSP constata que la inversión en Sanidad para 2024 sube en el resto de comunidades, aunque con diferencias.
En general se produce un crecimiento medio de los presupuestos sanitarios por habitante de 90,74 euros (un 4,99% más), al pasar de los 1.815,55 euros de este año a los 1.906,29 de 2024. Asturias es la que más invertirá por habitante (2.311,16 euros) y Madrid sigue siendo la que menos destina por cápita (1.468,38 euros), lo que supone hasta 842,48 euros de diferencia por habitante, por lo que la FADSP cree que esto «dificulta que se puedan proveer los mismos servicios sanitarios en cantidad y en calidad y rompe con la necesaria equidad y cohesión» territorial. Catalunya, por su parte, con 1.576,44 euros, se sitúa en los puestos de cola, solo por encima de Murcia y Madrid.
En el análisis, la FADSP subraya que los presupuestos que aprueban las comunidades son un indicador de su «preocupación» por el sistema sanitario y de su interés por responder a los problemas de la sanidad pública en un momento de «desfinanciación crónica».
El informe concluye que un gasto «escaso y mal repartido» hace que se mantenga la insuficiencia global del sistema sanitario y «consolida las desigualdades territoriales». Además, la FADSP considera que «la situación es más complicada en las tres comunidades que prorrogan presupuestos porque, en el mejor de los casos, los nuevos no estarán operativos hasta el segundo trimestre del año que viene y eso impedirá hasta entonces el necesario refuerzo del sistema sanitario».
«Estamos en la cola de las comunidades autónomas en la retribución de médicos de familia» (Tani Francesch. Metges de Catalunya)
Asistencia de calidad
Para Marina Roig, delegada de CATAC-CTS en la junta de personal del hospital Joan XXIII de Tarragona, «está claro que los presupuestos seguirán siendo insuficientes, lo que evidentemente repercutirá en la retribución de los trabajadores y trabajadoras». Por lo que respecta a la atención, manifestó que «esto también influye en el hecho de dar una asistencia de calidad y tenemos que intentar que la ciudadanía sea consciente de que no damos mejor servicio porque no tenemos recursos para ello».
Mientras, Tani Francesch, perteneciente al sindicato Metges de Catalunya, valora que «las cifras están muy por debajo de lo que sería necesario». Francesch hace hincapié en la apremiante necesidad de facultativos. «Estamos en la cola de las comunidades autónomas en la retribución de médicos de familia, lo que provoca que nadie quiera venir aquí a hacer la residencia. Somos el último lugar que escogen para hacer una especialidad. Y los que estamos en activo no queremos prorrogar la jubilación», explica Tani, quien puntualiza que si bien el número de plazas ofertadas depende de los presupuestos generales del Estado, no así los sueldos, que corren a cargo de la Generalitat. «Todo suma», sostiene. «Una falta de financiación hace que los actuales, si no están bien pagados, se marchen. Y si no se crean más plazas, no tendremos», al tiempo que recuerda que la formación de un médico lleva 11 años.
Desmantelamiento encubierto
«¿Qué pasará si los profesionales ven más atractivo irse a otros centros? Entonces la sanidad pública se morirá sola. Tenemos la sensación de que destinan menos dinero para dejarla morir y así tener argumentos para hacer crecer otros tipos de servicios», argumenta Marina Roig. Para Tani Francesch el problema, además de venir propiciado por la infradotación económica del sistema sanitario, radica en que «la falta de médicos se quiere suplir con apaños. Como no saben cómo solucionarlo, muchas veces en lugar de enfermeras ponen a auxiliares, en lugar de médicos ponen a enfermeras y en lugar de especialistas ponen al médico de familia. ¿Y a que a nadie se le ocurriría que una azafata llevara un avión? Cada uno tiene que hacer su trabajo. No nos tenemos que suplir, sino complementarnos».
«Tenemos la sensación de que destinan menos dinero a la Pública para dejarla morir» (Marina Roig. CATAC-CTS)
El descontento del sector sanitario aúna diferentes factores. Entre ellos, los recortes de 2012 unidos «a un incremento de la jornada laboral y la pérdida de algunos derechos de los que disfrutábamos hasta esa fecha. Y esto no se ha revertido. Y el dinero que dice la conselleria que ha repartido, se ha destinado de una forma no equitativa a todas las categorías profesionales y no progresiva. Parece que el conseller quiere que nos peleemos entre nosotros para ver a quién le ha tocado menos y esto no funciona así. El acuerdo no es bueno para nadie», destaca Marina Roig.
«Se deben estudiar las ratios para dotar bien de profesionales y que no haya estas dificultades de competencias. Igual lo que busca la administración es abaratar más a los trabajadores y esto en un momento u otro puede revertir en una peor atención a los usuarios, a los enfermos», concluye Tani.
Más de una semana para el médico de familia
El 58,1 por ciento de los usuarios de Atención Primaria tiene que aguardar una semana o más para lograr una cita con el médico de familia, cuatro puntos más que en verano, y para el 27,2% la espera se prolonga durante 11 días, según el último Barómetro Sanitario publicado por el CIS. La tercera oleada de la encuesta, realizada en octubre con 2.617 entrevistas, refleja así una bajada de tres puntos de la valoración ciudadana del sistema sanitario: si en la anterior de julio un 60,1% tenía una opinión positiva, en la actual desciende al 57,5%. Más de un cuarto de los ciudadanos, el 27,1%, piensa que el sistema funciona bien, pero necesita cambios fundamentales y suben hasta el 15 % (frente al 11,4% de la oleada precedente) los que creen que esas modificaciones deben ser profundas.
De entre todos los servicios públicos, los más apreciados siguen siendo las urgencias ‘061’ y el ‘112’ (7,44), por delante de la asistencia a pacientes ingresados (7,27) y las consultas de atención primaria (6,41), que superan a las de los especialistas (6).
Espera para el especialista
No obstante, las consultas de cabecera y pediatría del sistema público siguen siendo las preferidas por el 71%, frente al 26,2% que se decanta por las privadas. Un 21,1% contrató seguro particular por la rapidez.
El servicio más valorado es el personal de enfermería y la confianza que transmite (7,89), seguido del personal médico y la confianza y seguridad que dan (7,77).
Mientras, el 45% de la población ha ido al especialista en los últimos doce meses, en el 56,1% de los casos citado por el mismo en una consulta anterior y un 47,1% por derivación del médico de familia; de ellos, solo el 22,2% esperó menos de un mes, frente al 42,1% que lo hicieron entre uno y tres y el 34,7% que aguardaron más de tres meses.
