La Audiencia de Tarragona juzgará después del puente festivo de diciembre al intendente Jaume Morón, ex jefe de los Mossos en el Tarragonès, y al sargento Xavier Cunillera, acusados de evitar una investigación contra dos policías locales de Vila-seca que habían presuntamente apaleado un hombre.
La fiscalía pide para cada uno de los dos policías autonómicos 5 años de prisión, 7 de inhabilitación y 7.200 euros de multa por supuesta omisión del deber de perseguir delitos y falsedad documental.
Según el fiscal, los procesados obligaron a una cabo de Mossos a dejar la investigación y cederla al sargento investigado, que obvió al juzgado informaciones clave -que identificaban los policías como los autores de la supuesta agresión- para que archivara el caso.
Un anónimo, sin embargo, permitió reabrirlo y llevar a los presuntos agresores a juicioEl caso se centra en una cabo de Mossos de Salou que en febrero de 2013 recibió de parte de un superior el encargo de investigar un caso con discreción. El mosso le explicó que se había enterado de una posible irregularidad policial gracias a un informador de quien no podía desvelar la identidad por seguridad.
Todo partía de una denuncia de que un hombre había presentado en la comisaría de Lleida para denunciar las graves lesiones que había sufrido la madrugada del 9 de enero de 2013 después de asistir a una fiesta privada en la discoteca Pachá de La Pineda (Vila-seca).
Acusan a dos policías de Vila-seca de agredir a un turista de Lleida en 2013
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona decretó ayer, poco antes de las 15 horas, libertad provisional con cargos a dos agentes de la Policía Local de Vila-seca acusados de agredir a un vecino de Lleida de unos 40 años en febrero de 2013.
Según el informador, los autores de las lesiones serían dos agentes de la Policía Local de Vila-seca que habrían recogido previamente al denunciante en el aparcamiento y lo habrían trasladado en coche hasta una zona no urbanizada del Cap de Salou. Allí, uno de ellos lo habría agredido mientras lo grababa todo con su móvil y el otro esperaba en el vehículo policial.
La cabo de los Mossos comenzó a investigar los hechos y se reunió con el sargento Cunillera para exponerle los avances que había hecho en la investigación. El sargento le pidió que recopilara todos los datos posibles para que él, a su vez, las pudiera comunicar a sus superiores.
Ella siguió indagando en el caso y el 13 de febrero el sargento le dijo que se reunieran con el intendente Morón, el cual le exigió en dos ocasiones que revelara la identidad del informador, con quién se había vuelto a reunir. Como la cabo se negó, el sargento dijo que sería él quien se ocuparía del caso a partir de ese momento.
La fiscalía considera que el intendente, "sabiendo que con ello impediría el correcto desarrollo de la investigación y el esclarecimiento de los hechos delictivos, ordenó a la cabo que dejara de investigar los hechos y que se ocuparía el sargento, con quien había concertado previamente con este fin, alegando que era un caso que se debía trabajar bien y que podía crear un conflicto institucional entre los Mossos y la Policía Local de Vila-seca".
La fiscalía apunta que en los días siguientes el sargento no llegó a contactar más con el encargado de seguridad de la discoteca -que estaba pendiente de comparecer a declarar en comisaria- y que había confirmado a la cabo que había imágenes de las cámaras de seguridad donde se veía a la víctima entrando en el vehículo de los policías locales.
Tampoco reclamó, según el ministerio público, la grabación de la llamada que uno de los agentes hizo desde el teléfono móvil de la víctima a la comisaría de la Policía Local de Salou, donde pedía averiguar el domicilio de un hombre que querían acompañar a casa porque, según dijo, iba "muy borracho" y "le habían dado una buena paliza".
El 19 de febrero, el sargento le comunicó a la cabo que debían reunirse nuevamente con el intendente Morón para hablar de las gestiones que había hecho y sobre la información facilitada por su fuente.
Según la fiscalía, cuando ella lo había explicado todo, el intendente le exigió de nuevo que revelara la identidad del informador. Ella se volvió a negar aduciendo motivos de seguridad y el intendente le prohibió hacer ninguna gestión y le recordó que "simplemente era una cabo en una plaza provisional". Ella lo acató.
El ministerio público relata que el 25 de febrero el sargento Cunillera, de acuerdo con el plan trazado con el intendente Morón, y a pesar de saber que los autores de la agresión podían ser dos agentes de la Policía Local de Vila-seca, presentó un atestado como instructor en el juzgado número 2 de Tarragona, aunque la competencia del caso recaía en el juzgado número 1, "con el fin de asegurar el éxito de su plan delictivo".
