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    Los chilenos votan hoy si aprueban o rechazan la nueva Constitución

    03 septiembre 2022 23:11 | Actualizado a 04 septiembre 2022 07:00
    Carlos Laquinandi
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    Jornada histórica para Chile. Hoy deciden si aprueban o no la nueva Constitución para el país. Es la consecuencia de un proceso socio político de cambio que comenzó –como suele suceder– con una chispa. Fue en octubre del 2019 cuando el gobierno aumentó el precio del Metro, provocando una revuelta de los usuarios, en especial trabajadores y estudiantes. La respuesta oficial fue represión violenta que en pocas horas dejó un saldo de 10 muertos y decenas de heridos y detenidos. Ese fue el detonante de un profundo malestar por las condiciones de vida de gran parte de los chilenos. A partir de entonces se extendieron movilizaciones en las que predominaron los jóvenes. Espontáneamente fueron organizando formas de resistencia. El gobierno respondió aplicando estados de emergencia y toques de queda. Pero no pudo impedir que se realizara la mayor concentración popular en su historia, con un millón de personas en Santiago.

    Las protestas continuaron a pesar de la represión, que fue acumulando muertos y heridos entre la población civil. Finalmente el gobierno atendió uno de los principales reclamos, y anunció una consulta para que los chilenos decidieran si querían una nueva Constitución que reemplazara la que implantó la dictadura de Pinochet, que tiene como ideal una sociedad estructurada en torno a la propiedad y los ingresos, altamente jerarquizada y donde la vivencia de la sociedad es muy desigual, y que en las encuestas tiene el rechazo del más del 70% de la población. La pandemia de Covid postergó el plesbicito hasta fines del 2020. Hubo masiva concurrencia y el 78 % votó a favor y por similar mayoría se aprobó que la integraran representantes del Congreso e independientes votados por los ciudadanos.

    Las movilizaciones populares también incidieron en las elecciones presidenciales de diciembre pasado. En segunda vuelta Gabriel Boric (36 años) con el apoyo de los partidos de la Concertación (entre ellos socialistas, democristianos, y comunistas) derrotó al ultraderechista José Kast. El nuevo gobierno dio todo su apoyo a la Convención Constituyente. Este organismo deliberó hasta el pasado 4 de julio. No fue fácil llegar a acuerdos, pero finalmente aprobaron un texto que declara a Chile como un Estado «democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico». Establece nuevos derechos sociales y reconfigura otros sobre igualdad. Reconoce la crisis medioambiental y que «seres humanos y naturaleza formamos una unidad indisoluble». Incorpora plenamente la perspectiva de género al definirse como democracia paritaria.

    Es la consecuencia de un proceso socio político que –como suele suceder– comenzó con una chispa

    Uno de los objetivos de la nueva constitución es permitir la recuperación de las empresas estatales privatizadas durante la dictadura. Carmen Castillo, escritora chilena detenida y luego expulsada del país por la dictadura, considera que la reforma más importante es recuperar el patrimonio nacional, convertido en mercancía por la dictadura. Pinochet privatizó el sistema de pensiones; LAN Chile; la empresa de electricidad ENDESA; la Industria Azucarera; las Telecomunicaciones. Hasta privatizó totalmente las fuentes de agua que dejó también en manos privadas. Pinochet entregó nada menos que 725 empresas estatales a grupos económicos que surgieron y se consolidaron durante la dictadura.

    El «Apruebo» tiene el respaldo de diversos colectivos sociales y vecinales, sindicatos de trabajadores, partidos y grupos de izquierda, agrupaciones profesionales, y ecologistas. La democracia cristiana también apoya el proyecto. El otro bloque, que impulsa el «Rechazo» desplegó una campaña intensa por los medios ( los propietarios de los principales canales y diarios son conservadores). Más que argumentos, los partidos derechistas han utilizado noticias falsas sobre lo que implicaría aprobar esta Constitución. Por ejemplo: «quieren cambiar el himno y la bandera», cuando ni siquiera se planteó. También frases como para «asustar» al votante: «demasiadas libertades, habrá más delincuencia», «el avance del feminismo», «los mapuches ocuparán más territorios». ( Los mapuches ya vivían en la Araucania chilena cuando llegaron los conquistadores españoles en 1.536). El empresario Pedro Pool Vargas, dueño de una cadena de supermercados fue más lejos en una entrevista radial: «Si gana el apruebo, organizaremos resistencia y habrá más muertos que con Pinochet». Todo este arsenal catastrofista apunta a que haya quienes decidan abstenerse o votar en blanco. También lo harán grupos de izquierda radical, que consideran que los cambios son insuficientes. Otro indicio que permite medir la división en dos bloques, y quienes los integran, son las aportaciones económicas declaradas ante el Servicio Electoral. Indican que para el «Rechazo» sumaban 1.500 millones de pesos chilenos. Para el «Apruebo», una cuarta parte, solo 372 millones. Los principales aportantes a organismos que impulsan el «Rechazo», son miembros de las familias que controlan grandes empresas como Falabella, Sodimac y Aguas Andinas. Para el «Apruebo», son mucho más modestas y pertenecen a profesionales, trabajadores, asociaciones civiles, etc. En las últimas semanas, la tendencia inicial favorable al «Apruebo» se invirtió y casi todas las encuestas indican que ganará el «Rechazo», aunque hay un margen de un 10 a 15% de indecisos. Estas últimas semanas hubo conversaciones y quizás acuerdos para que, en caso de que este proyecto no se apruebe tal como se votó en la Constituyente, se busquen fórmulas para consensuar una salida. No se descarta la posibilidad de una revisión del texto en el parlamento o la convocatoria de una nueva Convención.

    El editorial de un medio chileno señalaba: «Lo que está en juego es el futuro del país y el bienestar de sus habitantes. La elite que ha dominado la escena social, económica, política y mediática estos 50 años, se resiste a ceder su poder construido a partir de una Constitución inspirada en el pensamiento totalitario que se fraguó y plebiscitó bajo dictadura». Medio siglo después, regresan las palabras de Salvador Allende cuando su gobierno constitucional fue derrocado y las bombas caían sobre la casa de gobierno: «Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza». «La Historia es nuestra, y la hacen los pueblos».

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