Nuevo Reglamento Ley de Extranjería
Seis meses de espera para regularizarse en Reus por el colapso de la Oficina de Extranjería en Tarragona
La medida extraordinaria del Gobierno, que permitirá regularizar hasta a 500.000 personas migrantes en todo el Estado, contempla que los trámites puedan realizarse en diferentes sedes administrativas. Los abogados alertan de que la reducción del tiempo mínimo de residencia para obtener los papeles ha provocado una saturación del servicio
Los expedientes de arraigo se están resolviendo con retrasos de hasta medio año tras el cambio del reglamento.
Durante meses, conseguir una cita de extranjería en la comisaría de la Policía Nacional de Reus se había convertido en un auténtico embudo administrativo. Acceder a este trámite -gratuito- es el paso final para que una persona migrante pueda regularizar su situación. Antes, sin embargo, es necesario haber obtenido un arraigo en la Subdelegación del Gobierno. La saturación del servicio, que durante semanas no ofrecía horas disponibles, abrió la puerta a un mercado negro de estas citas, una situación de la que el Diari se hizo eco. Desde aquella publicación, sin embargo, los abogados especializados en extranjería consultados aseguran que vuelven a aparecer franjas horarias disponibles. «No puedo determinar si la mejora se debe a que la Policía ha reforzado el servicio o a que nos encontramos en una época de menor presión», apunta Julio Pardo, miembro de la Comisión de Extranjería del Colegio de la Abogacía de Reus, aunque advierte de que habrá que esperar a la primavera, cuando suelen llegar los picos de demanda.
Aunque el calendario no apremia, este mercado negro se ha enfriado coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, aprobado en mayo de 2025. Los letrados consultados señalan que el bloqueo ya no se sitúa tanto en el acceso a la cita policial como en la tramitación de los expedientes en la Subdelegación del Gobierno. Uno de los principales cambios introducidos por el nuevo reglamento es la reducción del tiempo mínimo de permanencia para acceder a los papeles, que ha pasado de tres a dos años.
El objetivo, tal y como explica la profesora de Derecho de la URV Diana Marín, era «dar respuesta al fenómeno migratorio», al tiempo que confirma que el colapso administrativo está directamente vinculado al aumento de solicitudes. «Al duplicarse o incluso superarse las peticiones de arraigo, estas se resuelven en un plazo de seis meses o más, cuando antes lo hacían en tres», explica.
Un escenario que adquiere aún más relevancia en el contexto actual. El Gobierno español ha anunciado una regularización extraordinaria que podría beneficiar hasta a 500.000 personas en todo el Estado, un decreto que el Ejecutivo prevé aprobar esta primavera. Uno de los puntos clave de la medida es que los trámites puedan realizarse en distintos puntos de la administración, y no únicamente en las subdelegaciones del Gobierno, un hecho que podría aliviar el bloqueo que arrastran actualmente las oficinas de extranjería.
Incertidumbre laboral
Pardo apunta que la voluntad del Gobierno con la reforma era facilitar el acceso a la residencia de las personas migrantes, pero advierte de que «en la práctica no está funcionando» porque los expedientes no se están resolviendo. «La idea de fondo es buena. Antes de acceder a un arraigo, una persona tiene que salir adelante como puede. Y eso implica trabajar en negro, porque aunque un empresario quiera contratarla, no puede», describe el abogado.
El principal cuello de botella se sitúa especialmente en los arraigos sociolaborales, que permiten regularizar a personas que cuentan con una oferta de empleo, tal y como confirma Flavia Filipetto, responsable de la Comisión de Extranjería del Colegio de la Abogacía de Tarragona. «Ahora mismo se están resolviendo los expedientes presentados en junio de 2025», indica.
El riesgo es que muchas empresas no quieran esperar esos seis meses y acaben contratando a otra persona
El arraigo es, de hecho, un paso imprescindible para acceder posteriormente al permiso de trabajo. La persona debe acreditar que lleva dos años viviendo en el Estado, que no tiene antecedentes penales y que dispone de una oferta laboral. La administración concede entonces una autorización de un año y, si durante ese periodo se trabaja al menos seis meses, este permiso excepcional se transforma en autorización de trabajo. «El riesgo es que muchas empresas no quieran esperar esos seis meses y acaben contratando a otra persona», alerta Filipetto.
La solución, coinciden abogados y académicos, pasa por reforzar los recursos públicos. Aumentar la plantilla, activar planes de choque con horas extra o permitir que estas personas puedan trabajar mientras se tramita el permiso son algunas de las vías que se plantean. De este modo, se podría evitar la pérdida de ofertas laborales y reducir el riesgo de cronificar la irregularidad.