El fraude millonario en el IVA de los móviles

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la operación “Backmobile”, han desmantelado una organización criminal dedicada a un fraude masivo del IVA en la comercialización de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, con un perjuicio económico superior a los 20 millones de euros.

Durante la operación han sido detenidas 15 personas en diferentes provincias: cinco en Málaga, cinco en Valencia, dos en Madrid, una en Sevilla, una en Cádiz y una en Barcelona, tras la realización de 23 registros en domicilios y sedes de empresas.

La red criminal, activa desde 2019, operaba a través de un entramado empresarial compuesto por más de 20 sociedades mercantiles, muchas de ellas tiendas de telefonía móvil, con el objetivo de evadir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

La organización se abastecía de terminales importados y realizaba grandes compras aprovechando promociones. Luego efectuaban múltiples reventas ficticias para dificultar la trazabilidad de los productos. En algunos casos, se simulaban envíos de terminales móviles mediante paquetería en los que se incluían botellas de agua o madera, con el mismo peso que los productos originales, para justificar operaciones comerciales falsas.

Los dispositivos eran vendidos como reacondicionados a consumidores tanto en España como en otros países de la Unión Europea, utilizando de manera indebida el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU) y plataformas de comercio electrónico.

Además del fraude fiscal, la organización obtenía beneficios millonarios que posteriormente invertía en inmuebles y cuentas bancarias. En total, han sido bloqueados 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias empleadas para canalizar los fondos ilícitos.

Durante los registros, los agentes han intervenido:

· 9.000 teléfonos móviles de distintas marcas y modelos

· Más de 200.000 euros en efectivo

· 35.500 dólares en criptodivisas

· 75 vehículos

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Málaga y ejecutada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto con la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Andalucía.