El proyecto de Mas d’en Sorder avanza a la chita callando

El proyecto de urbanización de Mas d’en Sorder se mueve a la chita callando. Tras aprobarse en el pleno del 22 de mayo la suspensión de licencias, para impulsar una modificación puntual del POUM en este ámbito, el equipo de gobierno, formado por ERC y En Comú Podem, ha mantenido una primera reunión formal con Junts per Tarragona y la CUP para iniciar el debate. «Estamos en una fase de diálogo razonablemente discreto con los partidos que apoyamos esta modificación del POUM, para favorecer la sostenibilidad y la cohesión de la ciudad», afirma el concejal de Territori, Xavier Puig.

El ejecutivo municipal ha priorizado acercar puntos de vista con las dos formaciones que les garantizaron la suspensión en el pleno. «Estamos hablando entre nosotros sobre diferentes cuestiones y recabando información, pero lo tendremos que ampliar», añade Puig. Una fase de aproximación, sin embargo, que presenta grietas. Y es que Junts per Tarragona durante el debate en el pleno ya se desmarcó de la postura del Equipo de Gobierno y la CUP, la cual pasa por eliminar el plan parcial 43 del plan general.

La formación que lidera Dídac Nadal abría la puerta a apoyar en el futuro el plan si se cumple alguna de las dos opciones que puso encima de la mesa. Que a cambio de construir las 236 viviendas de alto standing los promotores cedan Mas d’en Sorder a la ciudad o que si el Ayuntamiento no puede adquirirlo, porque no hay presupuesto para restaurarlo, que se otorgue una concesión administrativa para explotar la masía como hotel y que, pasado este periodo, esta pase a ser propiedad municipal. En definitiva, garantizar un interés de ciudad que justifique una inversión que ahora mismo está comprometida.

Una opción que Ciutadans también ve con buenos ojos. «Compraría la vía Nadal», afirma el portavoz de esta formación, Rubén Viñuales. Este se muestra a favor de explorar la vía mediante la cual los propietarios se harían cargo de la rehabilitación del inmueble, para que en un futuro pasara a manos municipales. «Siempre que se respete el POUM, el hecho de que haya algún tipo de contraprestación y salvamos un edificio es positivo», indica Viñuales.

Recabar opiniones

El partido naranja considera que «todo lo que suponga rascar algo para el patrimonio del Ayuntamiento me parece bien». Lo que da fuerzas a una posibilidad que Junts per Tarragona sigue explorando. De momento, Dídac Nadal, asegura que se está reuniendo con expertos en materia de urbanismo y de patrimonio para recoger sus opiniones y «saber qué debería hacerse para recuperar la masía».

«Quiero conocer el valor patrimonial versus el esfuerzo que debería hacer la ciudad para recuperarlo», aseguraba el portavoz de Junts per Tarragona. Considera que «hay demasiadas cosas abandonadas en la ciudad, de forma que difícilmente tan solo con la inversión pública podremos recuperarlo». Por otro lado, el líder de la formación independentista muestra sus recelos sobre algunos aspectos del proyecto presentado por la sociedad Essentia Costa Daurada. «Me preocupa que el plan no garantice que se lleve a cabo la rehabilitación de la masía».

Nadal, que ha sido muy crítico con las decisiones en materia de urbanismo del actual Equipo de Gobierno, también es escéptico sobre el hecho de que aún no se haya dado a conocer el importe de la indemnización que deberían percibir los promotores si finalmente se frena la operación. «Es importantísimo establecer esta suma y a día de hoy aún no lo sabemos», dice.

La postura de Junts per Tarragona deja al Gobierno en una situación comprometida. Con el apoyo de Ciutadans, si este bloque consigue sumar el PSC dentro de nueve meses, cuando finalice la moratoria, los de Pau Ricomà podrían quedarse en minoría y no conseguir los apoyos suficientes para consumar esta modificación puntual del POUM. En total sumarían catorce votos, mientras que el apoyo de la CUP al Ejecutivo dejaría el bloque de los partidos contrarios a la urbanización en once votos.

Pese a ello, la opción que defiende el Gobierno sigue siendo la de paralizar la construcción de esta nueva zona residencial. «Las conversaciones van en la línea de no hacer otro bolet en la ciudad. Ahora no toca y puede revertirse», indica Xavier Puig. Este defiende que el Ejecutivo «estamos comprometidos con el urbanismo que cohesione, que religue el centro y que preserve los espacios naturales y valores paisajísticos». Y, en este sentido, considera que «el reto de conservar el patrimonio tiene otras fórmulas más allá de construir todo un nuevo barrio para justificar que conservas un inmueble. Hay otros mecanismos».

Por otro lado, el Equipo de Gobierno confía en que a través de la Generalitat –que ya ha dicho que en la tramitación del plan director urbanístico del litoral de Tarragona incluirá el plan parcial 43 como uno de los ámbitos de revisión– pueda reconsiderarse el proyecto. «Es una variable que debemos tener en cuenta», decía Puig.

La expropiación

En este tema, la CUP muestra la misma postura que ERC y los Comuns. «Si nosotros como a administración queremos gestionar Mas d’en Sorder, existen otras fórmulas como la expropiación. No nos olvidemos de que es un bien protegido y hay un margen de maniobra para actuar y forzar a los propietarios a que se hagan cargo del mantenimiento», manifiesta su portavoz, Laia Estrada.

La dirigente de la formación anticapitalista es crítica con la postura de Dídac Nadal. «Sería muy triste ver cómo se cae en incoherencias respecto a lo que se ha afirmado con tanta contundencia», afirma.

Por su parte, la concejal del PSC Begoña Floria lamenta que «el Gobierno no tiene la costumbre de invitarnos en las mesas de diálogo». Floria considera que intentando frenar este proyecto, junto con La Budellera, «lo que se está consiguiendo es que ahora en todas las ciudades estén bajando los alquileres, mientras que en Tarragona se mantienen los precios». Asimismo, muestra su «preocupación» por el futuro de la masía y, en concreto, de su cúpula modernista. «El Ayuntamiento no tiene la capacidad económica para arreglarlo con dinero público y al final esto se caerá».

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, José Luis Martín, defiende que «hay un POUM, que costó mucho tramitar, y no pueden cambiarse las reglas del juego en mitad del partido».