Crisis habitacional
Tarragona, líder en desahucios en España: se ejecutan dos al día
La provincia es la segunda en España, después de Girona, que registra más lanzamientos por habitante. Fueron 816 durante todo el año pasado y el 68% se debieron a problemas para poder hacer frente al arrendamiento. Se mantiene la prohibición de ejecuciones a familias vulnerables hasta diciembre
Intento de desahucio en 2021 en Tarragona
A poca gente del sector le sorprende que Tarragona sea uno de los territorios del país con más desahucios. En primer lugar, porque Catalunya copa el primer puesto –y con mucha diferencia– a nivel de comunidades autónomas, y en segundo, porque la demarcación se ha convertido en un estrecho cuello de botella debido a la fuerte diferencia entre oferta y demanda. Es decir, cada vez hay más gente que quiere los mismos pisos.
Los datos no dejan lugar a dudas: durante 2024 se practicaron 816 lanzamientos judiciales, a razón de más de dos al día. Son 92,5 por cada 100.000 habitantes, lo que deja a Tarragona como la segunda provincia de España con más desahucios por persona, solo superada por Girona (131 por cada 100.000 ciudadanos). Barcelona (85) ocupa el tercer lugar, Santa Cruz de Tenerife (82) el cuarto y Alacant (76) cierra el top 5.
El 68% de los casos registrados en Tarragona se deben a impagos del alquiler, mientras que el 19% corresponden a hipotecas impagadas y el 13% a otras causas, entre ellas okupaciones. En términos absolutos, la demarcación se sitúa entre las tres primeras de España en número de lanzamientos por este último motivo, solo por detrás de Barcelona y Valencia.
Aun así, según datos del Departament d’Interior, solo el 4% de las okupaciones se producen en pisos habitados. La gran mayoría afectan a viviendas vacías o segundas residencias, un tipo de inmueble muy presente en el territorio. El Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza 87.906 viviendas vacías en Tarragona, 15.000 más que hace una década.
Un mercado tensionado
La combinación de una oferta de vivienda limitada, un fuerte crecimiento demográfico y un mercado del alquiler cada vez más reducido ha provocado una presión constante sobre los precios y las condiciones de acceso a la vivienda. Tarragona es uno de los puntos de Catalunya donde la demanda supera con más claridad a la oferta, lo que genera un entorno de fuerte competencia y vulnerabilidad para los hogares con menos recursos.
La escasa incorporación de obra nueva ha contribuido a reducir el parque disponible, encareciendo el mercado privado y empujando a algunas familias a situaciones de impago o precariedad residencial.
El escudo social, prorrogado hasta final de año
El Gobierno mantiene el llamado 'escudo social' al menos hasta el 31 de diciembre de 2025, prorrogando la suspensión de los procedimientos de desahucio en determinados casos de vulnerabilidad habitacional.
Esta prórroga cubre los desahucios por impago de renta, los contratos finalizados y las ocupaciones sin título en determinados supuestos. En paralelo, se mantiene la posibilidad de que los propietarios afectados puedan solicitar compensaciones económicas, en función de cada caso.
¿A quién protege la medida?
La suspensión solo puede aplicarse a:
- Inquilinos vulnerables que acrediten su situación mediante informe de los servicios sociales.
- Familias con menores, dependientes, personas discapacitadas o víctimas de violencia de género.
- Arrendatarios de su vivienda habitual, según lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
- No todos los inquilinos pueden acogerse: solo quienes cumplen los requisitos del Real Decreto-ley 1/2025 y los acreditan ante el juzgado.
Excepciones y derechos del propietario
Existen casos en los que el propietario puede oponerse a la suspensión del desahucio, especialmente si:
- También se encuentra en situación de vulnerabilidad.
- Necesita la vivienda para uso propio o de familiares directos.
- Puede demostrar perjuicios graves, como impago reiterado o daños en la propiedad.
En estos supuestos, el juez puede denegar la suspensión, permitiendo al propietario recuperar el inmueble.
Cuando un inquilino vulnerable solicita la suspensión, el procedimiento se paraliza hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta que los servicios sociales encuentren una alternativa habitacional. Durante ese tiempo, el propietario puede ser requerido para acreditar su propia vulnerabilidad económica y, si lo desea, pedir compensación.
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