Griñó denuncia a 4 personas y los acusa de estafa y manipulación para perjudicar a empresas de Tarragona

Estafa procesal, manipulación de precios del mercado y abuso de mercado. Son los delitos de los que el Grupo Griñó acusa a los autores del documental Insostenible, rere la brossa, emitido por 3Cat –y actualmente despublicado– en junio de 2023, y que han propiciado la presentación de una querella que la empresa ha elaborado en base a una investigación privada efectuada por el detective Francisco Marco, de la agencia Método 3, que fue admitida a trámite el pasado miércoles por el Juzgado de Instrucción n.º 6 de Tarragona. La compañía denuncia que la pieza audiovisual es "un relato falso y creado ad hoc" mediante el cual se le atribuyen a Griñó conexiones con el crimen organizado italiano.

La querella, firmada por el catedrático de Derecho Penal Fermín Morales, se dirige contra cuatro personas físicas y cuatro jurídicas (Fundació Jara Barceló, Grup d’Estudis i Protecció dels Ecosistemes Catalans–Ecologistes de Catalunya –GEPEC-EdC–, Certified Origins Ibérica y Candor Capital). 

El relato defiende que, presuntamente y siempre según la empresa, las personas físicas y las jurídicas habrían actuado de forma premeditada con la intención de beneficiar a dichas empresas y, por ende, perjudicar a Griñó a través de la contratación de diferentes personas para llevar a cabo Insostenible.

El documental denunciaba que el grupo empresarial se lucraba presuntamente de la gestión irregular de residuos y que mantenía supuestos vínculos con la mafia italiana. De hecho, a raíz de su emisión, la Guardia Civil inició una investigación, a través del Seprona, que finalizó el pasado mes de enero con la detención de 22 personas y la comunicación de la existencia de una presunta trama de importación ilegal de basura. Una de las empresas investigadas y con detenidos fue Griñó.

El quid de la cuestión yace en que, según el relato de la compañía recogido en la denuncia, "los querellados se presentaron ante la opinión pública como periodistas medioambientales, documentalistas o activistas ‘independientes’, ocultando deliberadamente la financiación y la dirección estratégica de sus actuaciones a través de la Fundació Jara Barceló y de las sociedades de G. J., empresario agroalimentario: Certified Origins Ibérica y Candor Capital".

Un núcleo empresarial, argumenta la empresa, "supuestamente filantrópico". De hecho, la querella ha comportado una investigación privada "para identificar los flujos económicos, la coordinación editorial y la finalidad real de la campaña".

Para los querellantes, las pesquisas efectuadas concluyen que, presuntamente, existe un entramado mediante el cual los titulares de las entidades Fundació Jara Barceló, Certified Origins y Candor Capital habrían financiado a dos responsables del documental y a GEPEC a través de aportaciones económicas y convenios de colaboración para, según el escrito, atacar de forma premeditada a la empresa leridana: "GEPEC se presentó en el procedimiento incoado [el de la Guardia Civil] mediante engaño, ocultando su relación con el resto de querellados".

Además, la querella acusa al grupo empresarial vinculado a G. J., con sede en Reus y, según el escrito acusatorio, "derivaciones a paraísos fiscales de facto, como Delaware", de haber financiado presuntamente "el intento de destruir económicamente a Griñó", a través de un supuesto "uso espurio de la Administración de Justicia". 

Los denunciantes añaden posteriormente que las empresas del principal acusado habrían estado implicadas, según el escrito, "en problemas judiciales en Italia y Estados Unidos por fraudes en el sector agroalimentario y por acusaciones de contaminación o uso de sustancias nocivas".

La investigación cita una entrevista con una persona que habría formado parte de las compañías acusadas y que explica en su relato que la empresa Candor ejecutaba el control editorial: "Indicaba titulares y ordenaba anular contenidos que no encajaban con el relato". Esta persona también señala en su relato que Insostenible omitió informaciones a conciencia, lo que según la querella "explicita la manipulación de la pieza audiovisual utilizada como palanca de la operación".

El procedimiento penal

De esa pieza derivó la investigación de la Guardia Civil, que entró al Juzgado de Instrucción n.º 4 de Tarragona, que solicitó inhibirse al considerar que debía ser uno de Lleida –Griñó tiene allí su sede– el que tratara la causa. El tribunal leridano no compartió esa visión y, finalmente, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictaminado que el asunto se quede en Tarragona. La querella indica que dicha investigación "ha devenido en nada, tal y como se ha demostrado en la instrucción practicada y, en concreto, con el Dictamen del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses".

Además, también se explica que "la instrucción practicada, aún incoada, ha logrado esclarecer que no se constatan actos contaminantes ni vínculos con ningún grupo mafioso, lo que denota la mendacidad de las manifestaciones vertidas". En esta línea, los querellantes destacan un comunicado de la Agència de Residus de Catalunya, que en su día ya expresó que, en los últimos cuatro años, había realizado 55 inspecciones a las plantas de Griñó sin detectar residuos no autorizados.

"Limpieza de imagen"

El escrito argumenta que "los querellados, liderados por el señor G. J., han diseñado y ejecutado una estrategia coordinada de limpieza de imagen de su propio grupo empresarial mediante la difusión de informaciones falsas dirigidas a desprestigiar al territorio de Tarragona, a Griñó y a su consejero", justifica el escrito de la empresa, que añade que "G. J. se habría servido de la entidad ecologista GEPEC [personada en la causa como acusación popular] [...] para forzar la incoación de una investigación judicial, engañando al juez al ocultar que la información difundida era falsa".

Se expone, por otra parte, que los querellados habrían presentado una denuncia ante Fiscalía: "Al ver que el Ministerio Fiscal hacía caso omiso [...] y viendo que estaba en jaque todo el plan orquestado, incentivaron la incoación de diligencias policiales".

"Escalada contra Tarragona"

La voluntad final, en palabras de los querellantes, habría sido "demostrar a sus clientes que los problemas de su grupo estaban creados por problemas medioambientales de Tarragona, no por las acusaciones de mezcla ilegal de producto o de venta de productos con contaminantes cancerígenos [...]; en concreto, el objetivo es determinar que sus problemas con sustancias tan tóxicas como el plomo o el mercurio no se circunscriben a sus productos, sino a problemas de sus proveedores o a circunstancias medioambientales provocadas por la contaminación de Tarragona".

La denuncia justifica que "a partir de ese momento, comienza la escalada contra Tarragona pagando campañas de análisis del aire, a científicos para que creen una narrativa en ese sentido, incluso pagando equipos que servían para demostrar que el aire de Tarragona estaba contaminado; más tarde, nacieron los documentales, libros y demás acciones destinadas a focalizar en terceros sus propios problemas administrativos y judiciales", argumenta la querella de Griñó.

Añade: "Necesitaba crear un caldo de cultivo que fortaleciese la idea de que en Tarragona existe una polución que contamina los productos que el Grupo Candor distribuye". Lo que se busca, según el escrito, es "destruir la imagen de la industria de Tarragona, las instituciones de Tarragona y, a los efectos de esta querella, la del Grupo Griñó".

Unas consecuencias que el relato acentúa mencionando la reciente luz verde a una concesión de ocupación de un espacio de 2.500 m² en el Port de Tarragona: la denuncia argumenta que "debido a las informaciones falsas» de los querellados, la Autoritat Portuària –de quien dicen ha sufrido también "una campaña de desgaste institucional"– se haya visto obligada a imponer unos requisitos ambientales "desproporcionadamente gravosos" para desarrollar la importación de residuos.

La titular del Juzgado de Instrucción n.º 6 deberá encargarse de la investigación del caso, que tendrá que determinar si existen pruebas suficientes para sostener las alegaciones de la querella, respetándose en todo caso la presunción de inocencia.