Regularización de inmigrantes: los alcaldes dicen sí pero exigen más recursos

Los alcaldes avalan el anunciado proceso de regularización de inmigrantes pero exigen al Estado que aporte más recursos a los ayuntamientos para «acompañar» a las personas extranjeras en su proceso de integración social.

Así de claro se expresan representantes municipales de la demarcación de Tarragona después de que, la pasada semana, el Gobierno Central anunciara que, entre abril y junio, abrirá el séptimo proceso extraordinario en democracia para otorgar permisos temporales de trabajo a ciudadanos que, a 31 de diciembre del 2025, puedan justificar cinco meses de residencia en España.

«Deben escuchar las necesidades de los ayuntamientos en vivienda o Drets Socials»

Jaume Casañas,
Cunit

La iniciativa llega después de Podemos anunciara un pacto con el PSOE que, a su vez, abre la puerta a traspasar competencias de inmigración a Catalunya. De hecho, la Generalitat calcula que en el Principat pueden ser 150.000 las personas que podrían regularizarse.

La eterna financiación local

La medida del gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) ya ha sido criticada por PP y Vox, que alertan de un posible «efecto llamada» que pueda comportar la iniciativa. La regularización, que no nacionalización, permitirá dar una autorización de residencia con habilitación para trabajar durante un año en el Estado. Transcurrido este tiempo, los beneficiarios de la medida se sumarán al proceso ordinario del Reglamento de Extranjería para dar continuidad a su situación regular.

«Estamos en torno a mil habitantes. Si bajamos perdemos subvenciones y concejales»

Meritxell Cardona,
Cornudella de Montsant

Ahora bien, macropolítica aparte, ¿cómo creen los alcaldes que este proceso podrá gestionarse desde los municipios? ¿Cómo puede afectar al día a día de la administración más próxima a los ciudadanos? En general, los primeros ediles dan el OK al plan de regularización, pero también reivindican una vieja asignatura pendiente: la financiación de las administraciones locales.

«La música suena bien, ya que la gente con antecedentes penales se queda fuera», indica el alcalde de Amposta, Adam Tomàs (ERC), quien remarca que su municipio, en diez años, «ha pasado de 20.000 a 24.000 habitantes gracias a la inmigración». En este sentido, recuerda que los consistorios «ya asumimos muchas competencias impropias», por lo que pide más recursos a los ayuntamientos para mejorar las políticas de «integración, vivienda, escolarización o la enseñanza de la lengua» hacia las nuevas familias reguladas.

Óscar Sánchez (PSC), alcalde de Constantí, indica que la apuesta será «positiva» porque permitirá «poner orden a una realidad que ya existe: es gente que vive y trabaja aquí». Por ello, su regularización «se traducirá en más seguridad jurídica para los ayuntamientos».

Pese a esta opinión, Jaume Casañas (Junts) –primer edil de Cunit–, reivindica que el tema es «complejo» y que obligará a «dotar de más recursos a la administración local», especialmente en materias como «la vivienda o las ayudas sociales». «No tenemos recursos para normalizar situaciones. Deben escuchar las necesidades de los ayuntamientos», pide el primer edil.

«Los consistorios asumimos muchas competencias impropias»

Adam Tomàs,
Amposta

Marc Vinya (Junts per Montblanc) opina de manera muy parecida. «Los consistorios debemos hacernos cargo de todo lo que se aprueba, pero no se nos dota de más recursos: ni técnicos ni económicos», afirma el primer edil de la capital de la Conca de Barberà, quien reitera que «somos la primera puerta a la que llama mucha gente, pero tenemos una infra financiación endémica que ya es estructural», lamenta.

Desde Gandesa, Carles Luz (Junts) también pide una «mejor financiación» de cara a un proceso que exige que sea «claro, transparente y con garantías». De manera contundente se expresa Sergi Méndez (ERC), desde Ulldemolins. «El Estado recaudará más dinero, pero esto no lo derivará en los servicios públicos que prestamos las administraciones locales», critica, a la vez que considera la iniciativa «muy interesante» de cara a «dignificar el mercado laboral».

«Se ha practicado antes»

Desde Tarragona, la concejala de Serveis Socials, Cecilia Mangini (PSC), opina que la regularización «permitirá que muchas personas dejen la precariedad y puedan acceder a derechos básicos y al mercado laboral», mientras que el alcalde de El Vendrell, Kenneth Martínez (PSC), recuerda que los procesos de regularización de inmigrantes «ya se han practicado en otras ocasiones». «Es la forma de evitar exclusiones y bolsas de vulnerabilidad», reitera, a la vez que pide una mejor financiación municipal para cuestiones como «la educación, las Escoles Bressol, los Serveis Socials o la vivienda».

«Muchas personas dejarán la precariedad»

Cecilia Mangini,
Edil de Tarragona

Helena Pérez, concejala de Calafell, se muestra contundente con la regularización prevista. «Será positiva. Otorgará derechos a personas que ya están aquí. Además, cotizarán y contribuirán fiscalmente, lo que bajará la presión hacia los servicios sociales, que podrán concentrar todos sus esfuerzos en las necesidades que queden», opina.

Jordi Molinera (ERC), coalcalde de Altafulla, remarca que el proceso beneficiará a «vecinos que ya hace años que viven en el pueblo», muchos de los cuales «están implicados en nuestro día a día» En este sentido, afirma que el hecho de que se abra la puerta para la gestión catalana de la inmigración «será positivo para favorecer su integración», por ejemplo, con «las clases de catalán».

«El proceso debe ser claro, transparente y con garantías»

Carles Luz,
Gandesa

Por su parte, Fran Morancho (PSC), desde Mont-roig, valora el paso como «necesario y realista», ya que «no se trata solo de una cuestión de derechos, sino de cohesión social y de planificación municipal para reforzar la convivencia y asegurar el futuro demográfico».

Un caso especial es Cornudella de Montsant. «Nosotros tenemos muchos turistas de temporada que pasan aquí dos o tres años sabáticos», explica la alcaldesa, Meritxell Cardona (Junts), quien reconoce que esta inestabilidad provoca problemas en las arcas municipales. «Estamos al borde de los mil habitantes: hay épocas que muy poco por encima u otras que por muy poco por debajo. Esto nos influye en poder recibir subvenciones o en el número de concejales, que oscila entre siete y nueve», recuerda la alcaldesa. Los consistorios exigen recursos para poder garantizar su estabilidad social y económica.