El Gremi de la Construcció pide «grandes consensos» para aprobar el POUM

El Gremi de la Construcció del Tarragonès apela a la necesidad de «grandes consensos» de cara a la aprobación del nuevo Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que marcará el futuro de la ciudad en los próximos años. «Necesitamos amplias mayorías de 24 ó 25 concejales, como en la ocasión anterior, no de nueve», afirmaba el presidente del colectivo, Joan Romeu, quien lamentó que en materia urbanística las mayorías simples tan solo sirven para «tirarse los platos por la cabeza». Romeu hacía las declaraciones en el marco del debate Què volem per Tarragona?, el primer coloquio organizado por el Gremi, a las puertas de la aprobación del primer borrador del POUM, prevista para finales de este mismo mes de octubre.

El encuentro sirvió para constatar que los futuros crecimientos de la ciudad marcarán el debate y que dentro de este sector las voces mayoritarias que participaron en el acto se mostraron críticas con la propuesta del actual equipo de gobierno, que aboga por el desarrollo urbanístico de la Horta Gran y el entorno del Francolí. «Crecer hacia Ponent es más una imposición que una decisión pensada de cara al ciudadano», afirmó el promotor Antonio Garcia, que es uno de los impulsores del proyecto de la Budellera. De hecho, este fue uno de los sectores sobre los que más se habló junto a los terrenos junto el río, dos planes que alimentan el debate sobre si debe crecerse hacia Ponent o Llevant y que son la muestra de dos modelos de ciudad que ahora mismo todo apunta a que están lejos de acercar sus posturas. Al respecto el Gremi de la Construcción no se pronuncia, ya que asegura que representa a las diferentes posturas. Pese a ello, Garcia sacó a colación el simulacro por accidente químico que se realizará el próximo 2 de noviembre y que tan solo afectará a los vecinos de los barrios más próximos a la industria. «Y allí es donde apuesta el Ayuntamiento para vivir», decía.

Malestar con la Generalitat

Entre los participantes también pudo palparse el malestar por el Pla Director Urbanístic de Sòls no Sostenibles impulsado por la Generalitat y que desde un primer momento puso su foco en evitar los grandes macroproyectos urbanísticos. «Debemos avanzar hacia un pacto y no dejar que nos gobiernen desde Barcelona, porque al final la que ha decidido sobre la Budellera es la Generalitat», aseguró Mireia Casamitjana, abogada urbanista. Una afirmación que se encontró respaldada por el público, entre el que había algunos de los propietarios de los terrenos en esta zona, los cuales lamentaron que «el señor Serra –refiriéndose al director general de Ordenació del Territori de la Generalitat– no puede hacer la Catalunya que él quiere».

Casamitjana defendió que el POUM debe servir para «diseñar una ciudad más agradable de cara al ciudadano» y «arreglar» la arteria principal, como es la Rambla Nova para dinamizar el comercio de la ciudad. Asimismo, apuntó a un tercer objetivo como es que «se permita la construcción de vivienda de protección oficial en diferentes lugares».

El gerente de la Cambra Oficial de la Propietat Urbana, Héctor Ruana, que ayer ejercía de anfitrión apeló a la necesidad de un «parque de viviendas bien dimensionado que permita afrontar la demanda que tenemos», evitando la «fuga» de ciudadanos a poblaciones vecinas como Vila-seca y La Pobla de Mafumet. «El reto es mayúsculo», decía. Y, en este sentido, exponía algunos de los datos según los cuales el incremento de los precios del alquiler en la ciudad han alcanzado el 10% en los últimos tiempos.

El tiempo apremia

Ruana fue uno de los principales defensores que «el POUM requiere de consensos». Y, en este sentido, hacía un llamamiento a «huir de intereses a corto plazo» para intentar aprobar este documento en tres años, que es el periodo de vigencia de las normas transitorias urbanística, en lugar de los trece que se tardó en la anterior ocasión.

El cuarto de los ponentes participantes era el arquitecto Saül Garreta. «El debate si tiene que crecerse o no es simplista», afirmaba. Este reivindicó la «Tarragona compleja» que requiere de un gran acuerdo «social» para definir su futuro. «Para que la ciudad prospere, todos los actores deben encontrar su espacio», decía. Asimismo, ponía el acento en la necesidad de abordar aspectos como la nueva movilidad y el cambio climático a través del nuevo POUM, que defendió como una «oportunidad» para la ciudad.

«Entiendo que cambiar las reglas del juego genera frustraciones», decía al público asistente en referencia a la anulación del plan de 2013. No obstante, Garreta cree que la situación actual «no debe verse como una confrontación entre los unos y los otros» sino como un mecanismo que permita fortalecer la colaboración público-privada y que permita establecer un acuerdo para que en Tarragona puedan impulsarse comunidades energéticas que «permitan beneficiar al ciudadano y a la actividad económica».

«Un buen pacto nunca deja a ninguna de las partes satisfechas», concluía Garreta. Lo que está claro es que todavía quedan muchas páginas por escribir de este nuevo POUM que tiene que aprobarse a marchas forzadas y tendrá que avanzar contra viento y marea, ya que este esté será uno de los temas que marcarán la próxima campaña electoral.