El gobierno de La Bisbal del Penedès buscará otra manera de rebajar el agua si la Comissió de Preus de la Generalitat desestima el criterio de establecer descuentos en función de estar o no empadronado en el municipio. El gobierno local (CiU-PSC) aprobó rebajas de entre el 13% y el 20% en el primer tramo y de hasta el 7% para el segundo tramo de consumo para los empadronados
La oposición de ERC denunció lo que considera discriminación anticonstitucional y llevó el caso al Síndic de Greuges. La alcaldesa Agnès Ferré señaló que el Síndic no dicta resoluciones y que sólo se cambiará el modelo en función de la valoración de la Comissió de Preus de la Generalitat, que es quien debe validar las nuevas tarifas. Los precios están basadas en un estudio de la empresa FCC Aqualia, que tiene la concesión en la localidad.
Sentencias en contra
Sin embargo hay varias sentencias que han señalado la ilegalidad de establecer precios diferentes por un mismo servicio con el único criterio del empadronamiento. La alcaldesa destacó que en caso de no poder seguirse ese sistema se estudiarán otro tipo de bonificaciones.
Fuentes jurídicas consultadas por el Diari señalan que las rebajas deben responder a otros criterios que no sean el estar empadronado o no. Así, hay municipios que tienen tarifas diferentes para un núcleo urbano y las urbanizaciones, por el coste de hacer llegar el suministro a cada área, las personas que residen en un núcleo familiar e incluso el uso del agua en cada finca.
Aportaciones
El Ayuntamiento argumentó la intención de beneficiar a los empadronados ya que es gracias a ellos que las administraciones como el Gobierno Central o la Generalitat transfieren recursos a los municipios.
También destacó la necesidad de actualizar las tarifas ya que hacía 15 años que no se tocaban. En un informe del Síndic de Greuges, que también desaconseja establecer una cuota más reducida para los empadronados, señala que debería establecerse una estructura tarifaria en la que la repercusión de los costes fijos que genera el suministro se hiciese mediante una cuota homogénea y diferenciada del consumo.
No obstante con ese criterio en proporción al volumen del agua consumida sería más costoso para quienes realizan un consumo por temporadas en lugar de durante todo el año.
