María José Osuna, nombrada fiscal jefa de la Audiencia Provincial

La actual teniente fiscal –la número 2 del Ministerio Público en Tarragona– será la nueva –y primera– fiscal jefa de la Audiencia Provincial de Tarragona. Así lo acordó ayer por unanimidad el Consejo Fiscal, una decisión que ahora tendrá que rubricar el Consejo de Ministros y publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Osuna era la única candidata que se ha presentado para el cargo. Y tendrá como teniente fiscal a Xavier Jou, el actual fiscal jefe, que ha optado por no presentarse a la reelección.

María José Osuna ha desarrollado toda su carrera profesional –34 años– en Tarragona. Nacida accidentalmente en Melilla en 1960 –su padre era médico militar y estaba destinado en aquella ciudad–, cuando tenía año y medio se trasladó a vivir a Menorca, de donde son sus padres. Estudió hasta hasta COU en Maó, para seguidamente cursar Derecho –entre 1978 y 1982– en la Universidad de Zaragoza. Eligió dicha ciudad porque en ella vivía un familiar. Asegura que «Derecho es una carrera que cuando se estudia no es tan interesante como cuando la ejerces». Ahora deja claro que «he acertado con mi oficio».

No tenía ascendencia en el mundo judicial ni fiscal. Reconoce que desde joven le hacía gracia la judicatura: «Cuando tenía doce años vi Doce hombres sin piedad. Y dije que quería ser juez». En 1982 comenzó a preparar las oposiciones –entonces eran conjuntas para juez y fiscal–. Finalmente, se inclinó por ejercer de acusación pública y en 1987 fue la número 20 de su promoción como fiscal.

En enero de 1988 llegó a Tarragona como abogada fiscal. En aquellos tiempos llevaba los casos de un juzgado de Tortosa y otro de El Vendrell. Recuerda su primer juicio oral. Fue en Tortosa por un delito de robo: «Le pedí a otra fiscal que me acompañara».

Y en solo dos años ascendió a fiscal. Entre los años 1995 y 2007 fue coordinadora de delitos de medio ambiente, contra la Administración Pública y de corrupción. Reconoce que estos últimos le llevaron muchos quebraderos de cabeza. Era el principio de la persecución de cargos públicos, entre ellos un conocido alcalde. Pero ella afirma que «aprendes a ser prudente, a hacer un análisis esmerado de lo que estás haciendo».

En 2006, cuando Xavier Jou asumió la función de fiscal jefe, María José Osuna pasó a ser nombrada teniente fiscal, cargo al que se lleva por antigüedad. Aquel año comenzó a realizar juicios en la Audiencia Provincial. Asimismo, era la coordinadora de los delitos económicos y del Contencioso-Administrativo.

Una de sus prioridades cuando asuma el cargo es realizar un protocolo de actuación para los casos de agresiones sexuales en los que la víctima sea menor de edad. «No puede ser que estos asuntos se juzguen al cabo de seis años, como está pasando ahora». Para ello, piensa contactar con todos los sectores implicados –jueces, equipo técnico, médicos forenses, Mossos d’Esquadra, etc– para redactar un documento para agilizar todos los pasos y que el asunto se pueda juzgar en un máximo de tres años.

El caso

Pero sin lugar a dudas, el caso que le ha supuesto horas de trabajo ha sido el asunto de Parc Central. Se trata de una supuesta trama de corrupción urbanística en la compra de los terrenos de la antigua Gas Tarraconense, donde se levantó el complejo comercial a finales del siglo pasado. La Fiscalía abrió diligencias en 1994, las cerró al cabo de cuatro meses y en 1995 se reabrieron. La causa tiene 34.000 folios. Durante estos años han muerto dos de los acusados y el asunto ha pasado por las manos de 26 jueces de instrucción. Osuna presentó en 2016 el escrito de acusación y está pendiente de juicio en la Sección Cuarta de la Audiencia de Tarragona. Hasta que redactó las conclusiones provisionales, la fiscal tuvo que ir a Madrid cada seis meses a tratar el asunto con el fiscal jefe Anticorrupción para ver lo que se había hecho, las diligencias que se habían pedido y los pasos realizados para pedir celeridad. Y en marzo del año pasado envió todavía un informe.

Durante la instrucción se remitieron cuatro comisiones rogatorias a Suiza, tres a Holanda, una a Andorra y otra a Liechtenstein. «En aquellos momentos era algo inaudito», recuerda la fiscal. Se tardaban meses en recibir respuesta porque los acusados apelaban ante los tribunales de aquellos países. Estas peticiones internacionales, que ahora son mucho más ágiles, supusieron un importante retraso en la investigación del asunto. No se sabe cómo terminará el caso, si finalmente llegará a juicio o, por el contrario, se podrá llegar a un acuerdo de conformidad.