La urbanización La Cativera, situada en el término municipal de El Catllar, enfrenta desde hace más de dos semanas una situación crítica de suministro de agua. Unas 300 personas —según estimaciones municipales— viven con apenas una o dos horas diarias de agua, que además sale turbia y en ocasiones mezclada con barro. El origen del problema es el colapso del pozo que abastece esta zona residencial, el cual se agotó a finales de mayo, agravando una crisis arrastrada desde el pasado diciembre. Hoy jueves, el agua ya sale de nuevo nítida.
Desde hace diez días, camiones cisterna están transportando agua al depósito de la urbanización, aportando entre cinco y nueve cargas diarias. Cada camión cuesta aproximadamente 200 euros, lo que eleva el gasto diario a más de 1.600 euros. Estos costes no los asume el Ayuntamiento, sino los propios vecinos, ya que la urbanización aún no ha sido recepcionada oficialmente.
El alcalde de El Catllar, Xavier Canadell, ha reconocido que el sistema de emergencia es “muy caro” y que, mientras no se garantice un suministro estable, el Ayuntamiento no puede asumir la gestión directa del servicio. Además, asegura que se está trabajando en la apertura de un nuevo pozo más profundo y en un futuro proyecto para conectar la urbanización a la red municipal gestionada por EMATSA, aunque por ahora no hay fechas concretas ni garantías de financiación.
La situación ha generado una fuerte indignación entre los residentes. Desde la Asociación de Propietarios de las Urbanizaciones del Catllar (APUDEC), su presidente Juan Herrerías denuncia que los vecinos están “muy molestos” porque el agua “sale sucia, de color chocolate”, lo que impide garantizar condiciones básicas de higiene, especialmente en verano. “Con una hora al día solo se puede usar para limpiar o tirar de la cadena del váter”, ha declarado.
Por su parte, los vecinos de La Cativera ha emitido un comunicado en el que acusa al consistorio de “desentenderse” de sus responsabilidades pese a ser el titular del pozo y seguir recaudando impuestos como el IBI y la recogida de basuras. Denuncian además que el Ayuntamiento ha publicado un edicto anunciando el suministro mediante cubas pero trasladando todo el coste a los vecinos y delegando en la Junta la aplicación de restricciones de uso. “El acceso al agua potable es un derecho básico”, recuerdan, y califican la situación de “insostenible”.
Aunque desde el consistorio se asegura que la urbanización cumple todos los requisitos para su recepción —calles, alcantarillado, electricidad—, la falta de un suministro garantizado de agua ha paralizado el proceso. Mientras tanto, los vecinos continúan exigiendo una actuación “inmediata, justa y coherente”, advirtiendo que su paciencia se agota.
