Empieza el inicio del fin de la montaña de 15.000 toneladas de residuos abandonados en Alcover

Nuevo capítulo en la serie de las 15.000 toneladas de residuos que se acumulan en la antigua papelera Iberboard Mill. El cierre de la empresa, antes Abelan Catalana, ubicada en Alcover y muy cerca de Picamoixons, dejó abandonada una montaña de residuos junto al río Francolí. 

La empresa, en preconcurso de acreedores desde abril de 2024, se declaró insolvente en agosto del mismo año y abrió un concurso con varios inversores interesados. Finalmente, en octubre se supo que no se había llegado a ningún acuerdo y que, por tanto, el único camino era la liquidación. La compañía interrumpió la actividad, pero lo que seguía presente eran los residuos derivados de ella.

Sin embargo, ayer el Ayuntamiento de Alcover recibió una notificación que indicaba que la propiedad del terreno empezará a asumir, a partir de este jueves, la eliminación de los residuos. La Generalitat de Catalunya había explicado tanto a la propiedad de la empresa como a la del terreno que, en caso de que ninguna de las dos partes se hiciera cargo, lo haría la propia Administración y, posteriormente, reclamaría los costes.

Como la empresa está en concurso de acreedores, la siguiente puerta a la que llamar sería la de la propiedad de los terrenos, que estaban alquilados por Iberboard Mill mientras se desarrollaba la actividad. Ahora parece que será la propia propiedad la que iniciará la retirada.

Durante los últimos meses, son varias las entidades ecologistas que han denunciado esta situación. Gepec, la Geneta, Francolí Net, Xarxa Sud y la Plataforma Territori Sostenible del Camp acudieron al Parlament para exponer la situación.

Según sus cálculos, hay un total de 15.000 toneladas de residuos ubicadas en esta montaña. También indican que algunos están catalogados con el distintivo LER150110, que indica que pueden contener restos de materiales altamente contaminantes.

Años de multas

La actividad cambió de titularidad a favor de la sociedad Iberboard Mill, SL en el año 2018. Desde entonces, la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha llevado a cabo diversas actuaciones de inspección. 

De acuerdo con las inspecciones ambientales integradas y las denuncias recibidas, se detectaron irregularidades en el ámbito de los residuos, afectando al incumplimiento de la autorización ambiental, al vertido y abandono de residuos sin una gestión adecuada, y a la falta de medidas correctoras para la gestión de los residuos. Derivado de estas actuaciones, se han abierto los correspondientes expedientes sancionadores.

La empresa ha sufrido seis sanciones en los últimos años, que van desde los 900 hasta los 20.000 euros, por irregularidades en su vertedero. La última multa, que no tiene relación con este asunto, fija en 1,6 millones de euros la cantidad a pagar por no haber llevado a cabo la entrega de sus derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

De hecho, hace años que las entidades ecologistas denuncian ruidos y olores derivados de la actividad. La Fiscalía de Medioambiente de Tarragona también abrió una investigación por vertidos de papel en el año 2015.