El uso de sumisión química se pagará desde septiembre con dos años más de cárcel

Los delincuentes sexuales que usen la sumisión química para doblegar la voluntad de sus víctimas y facilitar las agresiones cumplirán desde el próximo mes entre dos y tres años más de cárcel que el resto de asaltantes de su calaña.

La razón es que la ley de libertad sexual, más conocida como del 'solo sí es sí', que entrará en vigor a finales de septiembre, crea una agravante específica para castigar a quienes utilicen sustancias (alcohol, drogas ilegales o fármacos) para asegurar sus delitos contra la libertad sexual y, en muchos casos, con el objetivo secundario de ocultar su identidad o de nublar en la mente de la víctima el recuerdo de la agresión.

La aplicación de la agravante supondrá que una agresión -cualquier acto contra la libertad sexual que no cuente con un consentimiento claro- se pagará con un mínimo de seis años de prisión y con no menos de 7 a 12 años si es violación (asalto con penetración). Es más, si se da una segunda agravante, como por ejemplo un ataque en manada, la suma de ambos pluses subirá la pena por agresión a 7 años y el tiempo que pasaría encarcelado un violador a entre 9 y 15.

La ley también incorpora mejoras para elevar la eficacia en la investigación y aumentar las condenas de un tipo de casos difíciles de probar y establece un sistema de asesoramiento y acompañamiento de la víctima desde el primer minuto. La ley obliga a que los policías, jueces y fiscales que vayan a intervenir en estas denuncias reciban una formación específica en violencia sexual y a establecer protocolos detallados y coordinados para los exámenes forenses y la recogida de pruebas, que se realizará con una toma de muestras y práctica de exámenes en un solo acto.

En segundo lugar, la norma crea los centros de crisis, de los que habrá al menos uno por provincia. Durante las 24 horas del día, los 365 días del año, ofrecerán atención y acompañamiento urgente a las víctima, asistencia médica y asesoramiento jurídico, así como acceso a las ayudas psicológicas, sociales, económicas, laborales y habitaciones que puedan precisar, para asegurar su derecho a la reparación.

El objetivo es perfeccionar el combate contra un tipo de agresión sexual, el empleo de alcohol o drogas para incapacitar a la víctima, que está presente en uno de cada tres asaltos denunciados y cuyo uso se ha duplicado en los últimos años.

La reforma, que quedó en julio bloqueada un mes por una maniobra parlamentaria del PP, entrará en vigor justo el verano en que el país vive una ola de denuncias de mujeres que dicen haber sentido pinchazos en brazos o piernas, seguidos pasados unos minutos de mareos o pérdidas de conciencia, cuando estaban enlugares de ocio concurridos como bares y discotecas, conciertos y fiestas populares.

Las denuncias conocidas en las últimas 24 horas sospechan de intentos de sumisión química en fiestas de Huesca, Gijón, Toledo, Málaga, Santander o Córdoba. Se unen a las varias decenas de pinchazos similares denunciados en poblaciones de hasta once autonomías, con especial incidencia en Cataluña y el País Vasco.