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    Josu Ternera admite la autoría de dos atentados de ETA

    Ni arrepentimiento ni perdón, el exdirigente se aferra al relato de ETA en el documental de Évole

    22 septiembre 2023 14:42 | Actualizado a 22 septiembre 2023 14:51
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    El exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, justifica el asesinato de guardias civiles -«no son víctimas, son voluntarios», dice- y el pago del llamado «impuesto revolucionario» durante los años de actividad de la banda, en la entrevista al periodista Jordi Évole presentada este viernes en San Sebastián.

    Precedido de una movilización en contra de su proyección por parte de algunos intelectuales vinculados al movimiento Basta Ya, víctimas del terrorismo y sindicatos policiales, el documental, «No me llame Ternera», se ha visto en un pase de prensa previo al oficial del sábado, que inaugurará la sección Made in Spain del festival de cine donostiarra y el 15 de diciembre aterrizará en Netflix.

    En una entrevista publicada por el diario Berria esta misma mañana, el exlíder etarra ha expresado su disconformidad con el montaje final por la ausencia de un «hilo político». «No es lo que esperaba», ha dicho, «le falta contextualizar».

    El histórico miembro de ETA, que pide expresamente no ser llamado «Ternera», admite en el documental su participación en los preparativos del atentado contra el presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco en 1973 y en el asesinato en 1976 del alcalde de Galdakao Víctor Legorburu, un crimen por el que nunca fue procesado y que fue sobreseído al aprobarse la Ley de Amnistía de 1977.

    Pero niega cualquier implicación en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza de 1987 en el que murieron once personas, seis de ellas niños, un crimen por el que está imputado y pendiente de juicio en la Audiencia Nacional, a la espera de su extradición desde Francia, donde fue detenido en mayo de 2019 y permanece en libertad condicional con una causa aún pendiente.

    «No estoy en la cabeza de las personas que hicieron esa acción», dice Urrutikoetxea, de 72 años, que considera «penosa» y «lamentable» la muerte de niños, pero responsabiliza de ello a las fuerzas de seguridad del Estado por no haber desalojado las casas cuartel cuando ETA comunicó que eran su objetivo.

    En cuanto a los guardias civiles dice que «no son víctimas, son voluntarios» y que «ya sabían cual era su función, ‘todo por la patria’». Y sobre la extorsión de la que fueron víctimas gran número de empresarios subraya que «era necesaria para el funcionamiento de la lucha independentista».

    50 años de terrorismo

    La entrevista ofrece un repaso a 50 años de terrorismo de ETA, con referencias al atentado de Hipercor de 1987, al secuestro de Ortega Lara y al asesinato de Miguel Blanco de 1996, del que dice que no entendió bien cual era el objetivo y que transmitió sus críticas internamente, aunque no se planteó dejar la organización entonces.

    Sí que lo hizo y la abandonó, asegura, tras el atentado en la T-4 de Barajas en diciembre de 2006, que acabó con la tregua que ETA había declarado nueve meses antes, como resultado de las negociaciones mantenidas con representantes del Gobierno en las que él participó.

    Un abandono paradójico si se tiene en cuenta que fue Urrutikoetxea el que leyó el comunicado de 2018 en el que la banda terrorista anunciaba su disolución. Él mismo asume en la entrevista que es «extraño» que lo hiciera no estando ya en ETA.

    En enero del año pasado la Audiencia Nacional admitió a trámite una denuncia en su contra por la colocación del coche bomba en el aeropuerto madrileño, que mató a dos personas aquel año.

    También habla de su salto a la política en 1998, cuando fue elegido diputado del Parlamento Vasco por Euskal Herritarrok y señala que fue tanto una decisión «ética» como «estratégica».

    En 1990, Ternera fue condenado a diez años de cárcel en Francia por pertenencia a banda armada, uso de documentación falsa y tenencia ilícita de armas, de los que cumplió seis antes de ser entregado a España, donde permaneció en prisión preventiva hasta 2000. En 2002, cuando fue imputado por el atentado de Zaragoza, huyó a Francia.

    Como en un juego del gato y el ratón, Évole tiende trampas al entrevistado y éste se zafa unas veces y otras deja al descubierto las incongruencias de su discurso, muy medido para no apartarse del que ha sido el lenguaje y argumentario tradicional de ETA, y se intuye que para no perjudicarse en los tribunales. «Yo acato y punto»

    Además de la perspectiva judicial y la histórica, «No me llame Ternera» ofrece una aproximación psicológica a las contradicciones de un hombre que asume haber antepuesto su militancia en ETA a cualquier otro tipo de consideraciones.

    Por ejemplo, cuando aborda el asesinato de la que fue miembro y dirigente de ETA María Dolores González, Yoyes, en 1986, acusada de traición tras apartarse de la banda.

    Urrutikoetxea, que fue a visitarla durante su exilio mexicano, afirma que fue duro para él, pero poco después sostiene que la decisión de matarla obedeció a «un análisis político» de la dirección de ETA, que consideró que «pactó con el enemigo» y que «era necesario cortar el cáncer que podía venir de ahí». Y remata: «yo acato, y punto».

    En otro momento señala que «la empatía hoy es inútil» porque «el dolor es irreparable», y aunque asegura no haber matado personalmente a nadie, también dice que «matar no es un placer» y que él asume lo que ha hecho «como militante».

    Cuando Évole le pregunta si cree que ha tenido sentido su vida, con más de 11 años en la cárcel y 20 en la clandestinidad, dice que ha habido aciertos y errores. «Tras 50 años de lucha, sería monstruoso decir que mi vida no ha tenido sentido», declara.

    Antes y después de la entrevista se incluye el testimonio de Francisco Ruiz, el policía municipal que escoltaba al alcalde de Galdakao en el momento del atentado y que sobrevivió a los balazos. Tras ver la entrevista, Ruiz sostiene que no le ve arrepentido.

    Tras anunciarse la proyección de «No me llame Ternera» en el Festival de San Sebastián, más de 514 personas suscribieron una carta abierta que solicitaba su retirada al considerar que podía servir para «blanquear a ETA», algo que tanto sus autores como la dirección del festival han rechazado.

    Víctimas del terrorismo, policías nacionales y guardias civiles se sumaron a las críticas y defendieron que donde debería comparecer un etarra es ante la Justicia y no en un plató lanzando «monsergas».

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