El juez De Prada cuestionó hasta 10 veces a los forenses que certificaron la demencia de Jordi Pujol

El juez José Ricardo de Prada, de la Audiencia Nacional, cuestionó de forma reiterada —hasta diez veces— el diagnóstico de los médicos forenses, que certifican que el president Jordi Pujol sufre un trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto, compatible con Alzheimer y deterioro vascular. La defensa había alegado que el president muestra marcadores biológicos asociados al Alzheimer y un deterioro cognitivo moderado que limita su memoria y su capacidad de atención. El contenido de los interrogatorios fue adelantado por 3CatInfo.

De Prada decidió mantener a Jordi Pujol como acusado en el juicio por la presunta fortuna oculta de su familia, después de someter al expresidente de la Generalitat a un interrogatorio exhaustivo para saber si su estado cognitivo le permite ser juzgado. La vista, a petición de la Sala, incluyó preguntas directas del magistrado a los forenses y al propio Pujol, en un examen exhaustivo que buscaba aclarar si su deterioro mental es real o lo finge.

El interrogatorio de juez fue como sigue:

De Prada: "¿Sabe por qué le hemos citado?"

Pujol: "¿Por qué estoy aquí? Bueno, para responder a sus preguntas, supongo. ¿O no?"

De Prada: "¿Quiere manifestar algo al tribunal? ¿Entiende que tenemos que juzgarle y sobre qué hechos?"

Pujol: "Sé que tengo un juicio pendiente, sí."

De Prada: "¿Sabe que el juicio estaba previsto que comenzara hoy?"

Pujol: "Sí, eso lo sé, sí."

De Prada: "¿Está en condiciones de seguir el juicio, sabiendo que podrá hacerlo por videoconferencia?"

Pujol: "Mire, yo no sé de qué me considero capaz. Pero en todo caso, ahora lo veremos. Estoy a su disposición."

De Prada: "El Tribunal tiene que decidir si está capacitado para ser juzgado. ¿Usted se considera capacitado?"

Pujol: "No estoy en mi mejor momento, evidentemente. Capaz o no, no sé contestar. Solo a disposición para responder tan bien como pueda. Muy en forma no estoy…"

La demencia no es fingida

Los peritos insistieron ante el tribunal en que la demencia no es fingida y que no existen indicios de simulación. Afirmaron que Pujol “se esfuerza por responder”, pero que su cerebro “ya no conserva muchos de los recuerdos” necesarios para mantener una conversación estructurada o seguir con solvencia un interrogatorio judicial. Recalcaron además que se trata de un deterioro irreversible y progresivo.

Pese a ello, el magistrado expresó dudas y pidió conocer si el acusado sería capaz de responder preguntas sencillas o reconocer documentos. Los forenses respondieron que no podía garantizarse y que nuevas pruebas no aportarían mayor certidumbre, dado el estado clínico del paciente.

Jordi Pujol intervino por videoconferencia desde su domicilio. Admitió conocer que estaba citado a juicio y reconoció que “no está en su mejor momento”, aunque aseguró que intentará responder “lo mejor posible” a lo que se le pregunte. A varias cuestiones planteadas por el fiscal, como la capacidad de identificar su propia firma o recordar hechos concretos, respondió con dudas.

Una familia en el banquillo

Tras valorar el interrogatorio y el informe médico, la Audiencia Nacional ha decidido que Pujol continúe en el banquillo junto a sus siete hijos y varios empresarios investigados por delitos de corrupción, blanqueo de capitales, asociación ilícita y ocultación de patrimonio en Andorra.

La Sala ha autorizado que el president siga el juicio mediante videoconferencia desde Barcelona, al considerar acreditado que su estado físico no le permite desplazarse a Madrid. Sin embargo, el tribunal ha dejado abierta la posibilidad de revisar la situación si su deterioro avanza o si necesita intervenir de manera activa durante el proceso.

El “caso Pujol” se ha convertido en uno de los procesos más relevantes de los últimos años. La Fiscalía sostiene que la familia habría acumulado una fortuna de origen ilícito durante décadas, aprovechando la posición institucional de Pujol al frente de la Generalitat entre 1980 y 2003. Las penas solicitadas para los acusados oscilan entre los ocho y los veintinueve años de prisión. El juicio está previsto que se prolongue varios meses y contará con la declaración de más de doscientos testigos.